La aprobación del decreto presidencial 15-2017 que eliminó los requisitos de los estudios de impacto ambiental para la ejecución de proyectos que intervienen en los recursos naturales, atenta contra el desarrollo sostenible de Nicaragua, pues al restringir los aspectos ambientales de los impactos que pueden ocasionar ciertas obras, se deja al país abierto al saqueo y a la destrucción ambiental progresiva, dijeron expertos consultados en el programa Esta Noche. Jaime Íncer Barquero, científico y exministro del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), afirmó que lo hecho por el Gobierno del presidente Daniel Ortega va en contra de los esfuerzos que a nivel internacional están realizando otros países por cuidar el medioambiente.

El artículo siete del decreto presidencial 15-2017 anuló el Sistema de Evaluación Ambiental, que si bien no era el más efectivo, según los especialistas, era importante mejorarlo, aplicarlo y sobretodo mantenerlo. Con la nueva ordenanza no se creó un nuevo sistema, en cambio quedaron sujetas a estudios de impacto ambiental algunas actividades como la conservación de las áreas protegidas y las reservas silvestres. Algo absurdo a juicio de los ambientalistas.

Hasta ahora, ni el Gobierno ni el Marena han brindado un pronunciamiento respecto a la aprobación de este “decretazo”. La única versión oficiosa la brindó el presidente  del Cosep, José Adán Aguerri, el miércoles pasado. El titular del COSEP actuó como vocero de la empresa privada y de su contraparte gubernamental, y explicó que en la discusión de esta actualización han estado presentes todos los representantes de las cámaras empresariales y las instituciones gubernamentales como Marena, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Instituto Nacional Forestal (Inafor).

Según Aguerri, “lo que se está haciendo es un nuevo proceso que busca unificar y facilitar los procesos administrativos”. Y alegó, ante la ausencia de una versión oficial, que no van a dejar de hacerse estudios de impacto ambiental, sino que se está haciendo una nueva normativa que busca unificar y facilitar los procesos administrativos a las empresas.

Rosario Sáenz, especialista en derecho ambiental y directora ejecutiva de la  Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (Fundenic), consideró que lo dicho por Aguerri no concuerda con el sistema jurídico de este tipo de procesos y que el sistema ambiental, ya establecía normativas y procedimientos administrativos para la permisología ambiental.

“El Cosep ha dicho que es para darle más eficiencia y eficacia al sistema, pero la eficiencia y eficacia de un decreto se la da la institucionalidad. ¿Qué capacidad tiene la institución de poder implementar una norma? En eso reside su eficacia o su eficiencia. No reside en otra cosa. Aquí tenemos instituciones como el Marena, o las mismas alcaldías, que han sido despojadas de sus funciones, y manda más una autoridad política que una autoridad técnica. Ese es el verdadero problema de la eficacia”, explicó Sáenz.

En teoría, el trabajo del Marena es velar por el bienestar de los recursos naturales y por su protección. Sin embargo, durante la presidencia del comandante Daniel Ortega, la institución fundamenta su acción en no ver, ni hablar ni escuchar. Tampoco toma decisiones para resguardar el medioambiente y fomentar un manejo sostenible del mismo.

La falta de independencia de una institución del Estado tan vital para los recursos naturales, y las fallas que tiene a lo interno, permiten que todo el sustento legal necesario para el buen manejo del medioambiente, se caiga y se traduzca en deforestación, invasión de reservas naturales y explotación indebida en ciertas zonas del país.

El exministro del Marena, sin embargo, aseguró que la culpa no es del Marena, pues es el que menos recursos económicos dispone. El científico opinó que la responsabilidad es del Gobierno, que no tiene el mínimo interés de resolver los problemas ambientales y ni siquiera tiene una política de Estado respecto a este tema.

“Los problemas ambientales van a definir el rumbo del país en un futuro cercano. El derroche de agua, la explotación indiscriminada los bosques. No es un asunto de sacar más leyes, es hacer funcionar las que están para poder salvar este país”, recomendó Íncer Barquero.

El nuevo decreto habla sobre la excepción de estudios de impacto ambiental para proyectos de interés nacional o para obras que puedan mitigar un desastre. A juicio de Sáenz, el que no se explique en la ordenanza específicamente qué se tomará en cuenta para eximir de estos estudios a una empresa, es un “logro importante” para el sector privado.

“Una explotación minera podrían ser considerada un proyecto de interés nacional. Las empresas que hablan de responsabilidad social empresarial, que son las que tienen mayor capital económico, hablan mucho de sostenibilidad de sus empresas, pero no se ha entendido verdaderamente a qué se refieren estos conceptos”, continuó Sáenz.

La experta en derecho ambiental consideró que los empresarios deben entender que la lucha de los grupos ambientales no se basa en “cuidar a los pajaritos”, sino en proteger la propia inversión que ellos realizan y que podría ser afectada por tener procedimientos y mecanismos feudales de trabajo.

Una imagen deteriorada

La aprobación de este nuevo decreto va en consonancia con la negativa de firmar el Acuerdo de París. La imagen que está dejando Nicaragua a nivel internacional podría deteriorarse más de lo que ya está, pues esta decisión solo deja al país expuesto a los fenómenos del cambio climático, en lugar de prepararlo para enfrentar este tipo de cambios en un futuro.

La situación que enfrenta el país cada vez es más vulnerable, y este tipo de ordenanzas, van en contra de los avances que se han impulsado a nivel internacional. Con el decreto lo que se entiende es que hay un retroceso que viene a afectar aún más la institucionalidad y todo el marco regulatorio que teníamos en Nicaragua, dijeron los expertos.

“El sistema de evaluación de impacto ambiental que teníamos antes de ser derogado, había sido medianamente cumplido. Los procedimientos no se cumplen, los técnicos no tienen capacidad de analizar los proyectos. Y quedó demostrado con el macroproyecto del Canal Interoceánico. Los mismos miembros de la comisión del Canal decían que en Nicaragua no había capacidad de evaluar de ninguna manera proyectos de esa magnitud. El análisis no está en manos de nadie”, aseguró Sáenz.

Si el Gobierno continúa aprobando leyes que perjudican el medioambiente, lo que tendremos los nicaragüenses a futuro serán problemas mayores, ocasionados por la presión que agroproyectos como el cultivo de palma o de caña, están ejerciendo sobre los recursos naturales, dijo la especialista.

“Esta realidad que está siendo valientemente afrontada en otros países, en Nicaragua el Gobierno está tratando de minimizarla. La empresa privada debe entender que se nos están acabando los años de las vacas gordas y que se nos vienen las vacas flacas”, aseguró Íncer Barquero.

La expectativa de desarrollo para el crecimiento económico, a juicio de los especialistas, no va a seguir proyectándose porque no existirá el elemento natural que garantice el nivel productivo que las industrias han presentado en los últimos años.

Las medidas urgentes que deben aplicarse para resguardar a Nicaragua del cambio climático, dijo Incer, deben pasar por dejar sin efecto el decreto 15-2017 y darle continuidad al sistema anterior, siempre y cuando, se mejore en la implementación.

“Debemos limitar un poco la codicia de ciertos sectores que están buscando un enriquecimiento rápido. Deben entender que están pasando sobre la seguridad nacional, la sobrevivencia de ellos (grandes empresarios) y de sus hijos, porque vamos a heredar un país en peores situaciones”, finalizó Íncer Barquero.

Confidencial/Maynor Salazar