PROCLAMA

En el XXV Aniversario del triunfo de la Democracia, el 25 de Febrero de 1990, PROCLAMAMOS:

1. Que por Ley de la República, el 25 de Febrero sea declarado como el DÍA DE LA DEMOCRACIA.

2. Ese día, la lucha de las fuerzas democráticas, combinada con la situación internacional, lograron crear condiciones para que se realizaran elecciones libres y justas. La mayoría del pueblo nicaragüense, ejemplarmente unido, eligió a un nuevo gobierno y el  saliente tuvo que acatar la voluntad popular.

3. El gobierno de Nicaragua, presidido en ese entonces por Daniel Ortega, firmó, al igual que todos los presidentes  centroamericanos, los Acuerdos de Esquipulas II y los Tratados del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en los que se comprometieron a realizar elecciones libres y justas. Dicho compromiso fue ampliado a nivel hemisférico, al firmar la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA).

4. El reiterado incumplimiento de dichos compromisos internacionales  sería causa de un mayor deterioro de la paz interna, con el consecuente costo humano y económico.

5. A veinte meses de las próximas elecciones, presidenciales, legislativas y del Parlamento Centroamericano, en Noviembre del 2016, planteamos al país y a la comunidad internacional, la necesidad INELUDIBLE de tener una elección libre y justa con observación nacional e internacional, al igual que el 25 de Febrero de 1990, para preservar la paz interna y alcanzar el crecimiento económico que Nicaragua requiere. Es INDISPENSABLE que ese día, de nuevo, los resultados de las elecciones reflejen la voluntad popular y sean acatados por todos.

6. Hacemos un llamado a todas las fuerzas del país a sumarse a esta CAMPAÑA por elecciones libres y justas, observadas nacional e internacionalmente, para preservar la paz en nuestra patria  y poder satisfacer las demandas y necesidades de nuestro pueblo, y asegurar el futuro y las aspiraciones de nuestra juventud.

Sólo con la unidad de los nicaragüenses lograremos la realización de elecciones libres en noviembre del 2016 y podremos restaurar el Estado de Derecho y la Democracia.

Dado en la ciudad de Managua a los 25 días del mes de Febrero del 2015.

 

Emitir sticker partidario viola Ley Electoral

Utilizar simbología partidaria en el distintivo de un impuesto de rodamiento no solo viola la autonomía del gobierno municipal, sino la propia Ley Electoral, afirma el especialista en municipalidad Manuel Ortega Hegg.

“(No solo) hay una violación a la autonomía en la Ley de Municipios (Ley 40), sino de la propia Ley Electoral (Ley 331), que establece que se gobierna para todo mundo no solamente para un sector”, argumentó Ortega Hegg, refiriéndose al hecho de que la Alcaldía de Nandaime, gobernada por los sandinistas, imprimió la bandera del FSLN en el sticker de rodamiento municipal.

El artículo 107 de la Ley Electoral indica que “se prohíbe el uso de bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política. En las oficinas públicas no podrá hacerse proselitismo político”. Para el municipalista, la problemática es una expresión fundamentalmente de la confusión Estado-partido.

“Es decir, que se pretenda que lo que vale es la expresión y la propaganda del partido por encima de la instancia de gobierno, esto lo que hace es irnos, básicamente, orientando a aquellos que son simpatizantes del partido de gobierno y provocar una exclusión de los que no lo son”, explicó el especialista.

Se partidiza la gestión 
Para Ortega Hegg, que se utilice un símbolo partidario dentro de un distintivo propio del gobierno municipal limita la gestión de esa administración únicamente a los afines a la ideología del partido que gobierna.
“Establecer símbolos partidarios en impuestos municipales lo que indica, fundamentalmente, es que ahí se está partidizando la gestión del gobierno municipal”, dijo Ortega Hegg.
El especialista explicó que es tarea de los ciudadanos de la municipalidad el demandar respuesta a sus autoridades.
“Tienen un procedimiento que consiste primero en solicitar a la autoridad, que emitió en este caso el sticker, una revisión del distintivo. De tal manera que sea un documento que no sea partidario”, aseguró el municipalista.
“Si no hay respuesta o si no se revisa, se pasa (la denuncia) al sistema judicial, a establecer una querella o un juicio en contra de una acción de gobierno partidizada”, finalizó Ortega Hegg.

Con simbología del gobierno

En Managua, los sticker del impuesto de rodamiento también tienen alusiones al Gobierno. Para el año 2014, en el centro de estos stickers estaba grabada la imagen de los “árboles de la vida”, promovidos por la primera dama Rosario Murillo.

Este año, los stickers capitalinos tienen una imagen del Paseo Xolotlán y mencionan en una leyenda que con los impuestos ciudadanos se realizan esas obras.

Instituciones utilizadas

Según Manuel Ortega Hegg, municipalista, el hecho que un sticker de rodamiento municipal tenga la bandera del partido de gobierno es novedad, pero no que se utilicen las instituciones estatales para hacer campaña, “es algo que tiene años”. “El utilizar instituciones del Estado para hacer propaganda de un partido, el mantener la bandera de partido de gobierno en las instituciones estatales, eso ya sabemos que tiene años de estar ocurriendo”, dijo el especialista en municipalidad.

La Prensa/IIlich Buitrago Aguilar. 

"No hay condiciones para elecciones libres"

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones políticas demandaron este miércoles cambios en “el desacreditado sistema político nicaragüense”, dos años antes que se realicen elecciones presidenciales y legislativas.

El presidente de Hagamos Democracia, Róger Arteaga, lamentó la instauración de la reelección presidencial y el sometimiento del Consejo Supremo Electoral (CSE) al partido de gobierno, y consideró a nombre de la agrupación de la iniciativa que actualmente “no existen condiciones para comicios transparentes y libres”.

Arteaga participó junto a Marvin Gómez, presidente del Movimiento Por Nicaragua, y Wendy Puerto, de la Unión Demócrata Cristiana, en el programa Esta Noche, dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, donde reiteraron en varios momentos las faltas de condiciones políticas para un verdadero sufragio.

En enero de 2013, el partido de gobierno aprobó en segunda legislatura en el Legislativo una nueva Constitución que adelantó la voluntad del presidente Daniel Ortega de continuidad en el poder, al instaurar la reelección indefinida.

La agrupación liderada por Arteaga presentó una propuesta sobre “elecciones libres, justas, transparentes y competitivas en Nicaragua”, un documento que nació huérfano de los criterios del opositor Partido Liberal Independiente (PLI).

Marvin Gómez, presidente del Movimiento por Nicaragua, dijo que tanto al PLI, como al PLC, los invitaron a participar de esta iniciativa, pero no han ofrecido una respuesta hasta ahora. En la iniciativa participaron el Movimiento Renovador Sandinista, el Partido Conservador, el Grupo de Reflexión y Participación Ciudadana, el Partido de Acción Ciudadana, entre otros, según el documento al que accedió Confidencial.

Los principales puntos de la propuesta abarcan iniciativas como el cambio de los magistrados del CSE por personas honestas, así como reformas a la ley electoral que garanticen el respeto a la voluntad popular después de las denuncias de fraudes electorales en los procesos de 2008, 2011 y 2012.

“La idea es crear conciencia que se puede hacer algo por Nicaragua, aunque haya iniciativas que estén estancadas o hayan fallado, nosotros tenemos confianza en incidir en un cambio en Nicaragua”, dijo Arteaga.

La otra demanda es que haya cedulación  más eficiente, luego de las denuncias de partidarización  a favor del FSLN del proceso. Los panelistas coincidieron en que se necesita salir a las calles a presionar a las autoridades.

Wendy Puerto, de la Unidad Demócrata Cristiana, exaltó la “lección de dignidad” que han dado los campesinos que protestaron por el tema del canal interoceánico para alentar a la población a sumarse a la demanda que proponen como agrupación.

“Nosotros creemos que se va hacer en las calles, el mismo pueblo y se pueden  hacer otras iniciativas a nivel internacional”, dijo Puerto sin ofrecer mayores detalles.

“Lo del canal que nos enseñó que unos bota de hule, que vinieron en camiones como ganado, nos enseñó que hicieron que Managua despertara. Managua estaba dormida y cuando vieron ese acto valeroso salieron”, dijo sobre la marcha de diciembre pasado.

Gómez pidió a todas las organizaciones que se sumen a esta propuesta para hacer que el país vuelva al Estado de Derecho.


Confidencial, del jueves, 15 de enero de 2015/Octavio Henríquez

Restituir el derecho a elegir

Cinco organizaciones políticas y cuatro de la sociedad civil, dieron a conocer esta semana un documento en el cual demandan que el Consejo Supremo Electoral (CSE) sea integrado con nuevos magistrados, y que se promulguen otras reformas electorales para que las elecciones del próximo año puedan ser “libres, justas, transparentes y competitivas”.

Es oportuna esta demanda, en vista de que en noviembre del 2016 se van a realizar elecciones nacionales y hasta ahora no existe ninguna garantía de que esos comicios serán limpios y que el voto de los ciudadanos será respetado. Por el contrario, lo que hay es la certeza de que sin un cambio sustancial en el poder electoral y en la voluntad política de Daniel Ortega, lo que habrá el próximo año será otra farsa electoral.

También el movimiento liberal Unidad con Dignidad dio a conocer, la semana pasada, una declaración pública relacionada con la demanda de garantías para que haya elecciones libres y transparentes. Este movimiento anunció la recolección de cien mil firmas en respaldo de una denuncia internacional del irrespeto al derecho electoral en Nicaragua, y para demandar que los organismos internacionales y países que fueron garantes de los Acuerdos de Esquipulas II, de 1987, le exijan a Daniel Ortega que cumpla el compromiso de elecciones libres y limpias que son condición indispensable para la existencia de la democracia y el imperio de la paz en Centroamérica.

La verdad es que todos los partidos y movimientos políticos del país (salvo los aliados del FSLN), lo mismo que los organismos empresariales y los obispos católicos de Nicaragua (estos por medio del documento todavía sin respuesta que le presentaron a Daniel Ortega el 21 de mayo del año pasado), se han pronunciado igualmente en demanda de reformas electorales para que pueda haber elecciones justas y transparentes que garanticen la bienandanza nacional, política y social de Nicaragua.

Todos los partidos políticos —grandes, medianos o pequeños— tienen derecho de aspirar al poder o a participar en su ejercicio en los órganos representativos, de acuerdo con la voluntad de los ciudadanos expresada mediante su voto en las urnas electorales. Ese derecho está garantizado por las declaraciones y convenciones universales de derechos humanos y por compromisos de los Estados mediante documentos jurídicos, como es el caso, en el hemisferio occidental, de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Es un derecho que incluso está en la Constitución Política de Nicaragua aun después de la contrarreforma constitucional impuesta el año pasado por Daniel Ortega y su aplanadora legislativa.

De manera que lo que demandan los partidos políticos democráticos, las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios privados y la Iglesia católica de Nicaragua, no es una dádiva del poder sino la devolución de un derecho fundamental de los ciudadanos que se les ha arrebatado; un derecho que es la piedra fundamental de la convivencia pacífica en una sociedad civilizada y democrática.

Daniel Ortega, que tanto habla de restitución de derechos de los nicaragüenses, debería restituirles el derecho a participar en elecciones libres y limpias, el derecho a que el voto sea para elegir y no para simular que se elige. Pero Ortega no devuelve nada por su propia voluntad. Hay que obligarlo a devolver lo que le ha arrebatado a los ciudadanos, en este caso el derecho a elegir.

Editorial Diario La Prensa, del jueves, 15 de enero de 2015.

Ciudadanía activa en la demanda del cumplimiento de la LAIF

A través del programa de donaciones que administra el organismo Ética y Transparencia, Hagamos Democracia ejecuta el Proyecto “Ciudadanía activa en la demanda del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública”, cuyo objetivo fue reunir a líderes comunitarios, dirigentes gremiales y representantes de organismos de la sociedad civil de Matagalpa, empoderarlos de las herramientas que facilita la Ley, para que sean actores claves en la persecución de su propio desarrollo, así como organizarse en torno a las soluciones que juntos pueden dar a las situaciones que impiden el desarrollo y el bienestar de la población.

El Proyecto se presentó a 20 líderes de Matagalpa, quienes participaron activamente en su ejecución, realizaron el análisis de la problemática en torno al acceso a la información pública. La meta es capacitar a 100 ciudadanos en temas de participación ciudadana, municipalismo y otros de interés social.

Los participantes harán 5 ejercicios de acceso a la información pública. Por primera vez, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) serán utilizadas como herramientas de participación, seguimiento y evaluación de estos procesos. 

Actualmente está conformado el equipo de 20 pobladores de la ciudad de Matagalpa, quienes de una forma continua están participando en todas las actividades del proyecto. Con ellos hemos validado la Línea de Base, en la cual hemos identificado algunas debilidades de la aplicación de la Ley de Acceso a la Información pública en el municipio, como: la falta de oficinas para atender solicitudes, el personal destinado para esta labor, el desconocimiento de la ley tanto por los funcionarios como por los ciudadanos, poca información en los espacios de comunicación de las instituciones públicas y falta de interés por parte del funcionario público de brindar información de la institución a la población.

Propusimos algunas estrategias de intervención que fueron validadas por el grupo de 20 pobladores, después de analizar y adaptar algunas propuestas se identificaron 5 estrategias que están bien innovadoras, y responden a la realidad de la población, de la misma forma permiten la participación activa de la ciudadanía de una forma diferente utilizando los medios con mayor acceso y más cercanos al sector joven.

Asimismo con este equipo de 20 personas hemos identificado 5 grandes temas y la problemática que afecta estos temas sensibles para la población matagalpina, definimos trabajar en los siguientes temas: Cedulación, Seguridad Ciudadana, Producción, Medio Ambiente y Energía.

Ya iniciamos el proceso de formación, se han impartido dos talleres con la participación amplia de la población con una asistencia de más de 80 representantes de diferentes sectores de Matagalpa, en el primer taller analizamos y compartimos los valores expuestos en la Ley de Acceso a la Información Publica y la Ley de participación ciudadana, marco legal de la actuación de los pobladores en la organización de base en búsqueda de soluciones a la problemática desde la comunidad.

El 11 de diciembre se llevó a cabo el último taller de formación, para continuar en el mes de enero con el análisis de la información y empezar a darle forma a la solicitud de información en las cinco áreas definidas.

Agradecemos la participación de la población de Matagalpa, ha dado lo mejor de sí y ha puesto todo su empeño en aprender, para empoderarse y ser actores cambio demandando sus derechos y cumpliendo con sus obligaciones como ciudadanos amantes de la paz y el desarrollo de sus comunidades.

 

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