"No hay condiciones para elecciones libres"

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones políticas demandaron este miércoles cambios en “el desacreditado sistema político nicaragüense”, dos años antes que se realicen elecciones presidenciales y legislativas.

El presidente de Hagamos Democracia, Róger Arteaga, lamentó la instauración de la reelección presidencial y el sometimiento del Consejo Supremo Electoral (CSE) al partido de gobierno, y consideró a nombre de la agrupación de la iniciativa que actualmente “no existen condiciones para comicios transparentes y libres”.

Arteaga participó junto a Marvin Gómez, presidente del Movimiento Por Nicaragua, y Wendy Puerto, de la Unión Demócrata Cristiana, en el programa Esta Noche, dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, donde reiteraron en varios momentos las faltas de condiciones políticas para un verdadero sufragio.

En enero de 2013, el partido de gobierno aprobó en segunda legislatura en el Legislativo una nueva Constitución que adelantó la voluntad del presidente Daniel Ortega de continuidad en el poder, al instaurar la reelección indefinida.

La agrupación liderada por Arteaga presentó una propuesta sobre “elecciones libres, justas, transparentes y competitivas en Nicaragua”, un documento que nació huérfano de los criterios del opositor Partido Liberal Independiente (PLI).

Marvin Gómez, presidente del Movimiento por Nicaragua, dijo que tanto al PLI, como al PLC, los invitaron a participar de esta iniciativa, pero no han ofrecido una respuesta hasta ahora. En la iniciativa participaron el Movimiento Renovador Sandinista, el Partido Conservador, el Grupo de Reflexión y Participación Ciudadana, el Partido de Acción Ciudadana, entre otros, según el documento al que accedió Confidencial.

Los principales puntos de la propuesta abarcan iniciativas como el cambio de los magistrados del CSE por personas honestas, así como reformas a la ley electoral que garanticen el respeto a la voluntad popular después de las denuncias de fraudes electorales en los procesos de 2008, 2011 y 2012.

“La idea es crear conciencia que se puede hacer algo por Nicaragua, aunque haya iniciativas que estén estancadas o hayan fallado, nosotros tenemos confianza en incidir en un cambio en Nicaragua”, dijo Arteaga.

La otra demanda es que haya cedulación  más eficiente, luego de las denuncias de partidarización  a favor del FSLN del proceso. Los panelistas coincidieron en que se necesita salir a las calles a presionar a las autoridades.

Wendy Puerto, de la Unidad Demócrata Cristiana, exaltó la “lección de dignidad” que han dado los campesinos que protestaron por el tema del canal interoceánico para alentar a la población a sumarse a la demanda que proponen como agrupación.

“Nosotros creemos que se va hacer en las calles, el mismo pueblo y se pueden  hacer otras iniciativas a nivel internacional”, dijo Puerto sin ofrecer mayores detalles.

“Lo del canal que nos enseñó que unos bota de hule, que vinieron en camiones como ganado, nos enseñó que hicieron que Managua despertara. Managua estaba dormida y cuando vieron ese acto valeroso salieron”, dijo sobre la marcha de diciembre pasado.

Gómez pidió a todas las organizaciones que se sumen a esta propuesta para hacer que el país vuelva al Estado de Derecho.


Confidencial, del jueves, 15 de enero de 2015/Octavio Henríquez

Restituir el derecho a elegir

Cinco organizaciones políticas y cuatro de la sociedad civil, dieron a conocer esta semana un documento en el cual demandan que el Consejo Supremo Electoral (CSE) sea integrado con nuevos magistrados, y que se promulguen otras reformas electorales para que las elecciones del próximo año puedan ser “libres, justas, transparentes y competitivas”.

Es oportuna esta demanda, en vista de que en noviembre del 2016 se van a realizar elecciones nacionales y hasta ahora no existe ninguna garantía de que esos comicios serán limpios y que el voto de los ciudadanos será respetado. Por el contrario, lo que hay es la certeza de que sin un cambio sustancial en el poder electoral y en la voluntad política de Daniel Ortega, lo que habrá el próximo año será otra farsa electoral.

También el movimiento liberal Unidad con Dignidad dio a conocer, la semana pasada, una declaración pública relacionada con la demanda de garantías para que haya elecciones libres y transparentes. Este movimiento anunció la recolección de cien mil firmas en respaldo de una denuncia internacional del irrespeto al derecho electoral en Nicaragua, y para demandar que los organismos internacionales y países que fueron garantes de los Acuerdos de Esquipulas II, de 1987, le exijan a Daniel Ortega que cumpla el compromiso de elecciones libres y limpias que son condición indispensable para la existencia de la democracia y el imperio de la paz en Centroamérica.

La verdad es que todos los partidos y movimientos políticos del país (salvo los aliados del FSLN), lo mismo que los organismos empresariales y los obispos católicos de Nicaragua (estos por medio del documento todavía sin respuesta que le presentaron a Daniel Ortega el 21 de mayo del año pasado), se han pronunciado igualmente en demanda de reformas electorales para que pueda haber elecciones justas y transparentes que garanticen la bienandanza nacional, política y social de Nicaragua.

Todos los partidos políticos —grandes, medianos o pequeños— tienen derecho de aspirar al poder o a participar en su ejercicio en los órganos representativos, de acuerdo con la voluntad de los ciudadanos expresada mediante su voto en las urnas electorales. Ese derecho está garantizado por las declaraciones y convenciones universales de derechos humanos y por compromisos de los Estados mediante documentos jurídicos, como es el caso, en el hemisferio occidental, de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Es un derecho que incluso está en la Constitución Política de Nicaragua aun después de la contrarreforma constitucional impuesta el año pasado por Daniel Ortega y su aplanadora legislativa.

De manera que lo que demandan los partidos políticos democráticos, las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios privados y la Iglesia católica de Nicaragua, no es una dádiva del poder sino la devolución de un derecho fundamental de los ciudadanos que se les ha arrebatado; un derecho que es la piedra fundamental de la convivencia pacífica en una sociedad civilizada y democrática.

Daniel Ortega, que tanto habla de restitución de derechos de los nicaragüenses, debería restituirles el derecho a participar en elecciones libres y limpias, el derecho a que el voto sea para elegir y no para simular que se elige. Pero Ortega no devuelve nada por su propia voluntad. Hay que obligarlo a devolver lo que le ha arrebatado a los ciudadanos, en este caso el derecho a elegir.

Editorial Diario La Prensa, del jueves, 15 de enero de 2015.

Ciudadanía activa en la demanda del cumplimiento de la LAIF

A través del programa de donaciones que administra el organismo Ética y Transparencia, Hagamos Democracia ejecuta el Proyecto “Ciudadanía activa en la demanda del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública”, cuyo objetivo fue reunir a líderes comunitarios, dirigentes gremiales y representantes de organismos de la sociedad civil de Matagalpa, empoderarlos de las herramientas que facilita la Ley, para que sean actores claves en la persecución de su propio desarrollo, así como organizarse en torno a las soluciones que juntos pueden dar a las situaciones que impiden el desarrollo y el bienestar de la población.

El Proyecto se presentó a 20 líderes de Matagalpa, quienes participaron activamente en su ejecución, realizaron el análisis de la problemática en torno al acceso a la información pública. La meta es capacitar a 100 ciudadanos en temas de participación ciudadana, municipalismo y otros de interés social.

Los participantes harán 5 ejercicios de acceso a la información pública. Por primera vez, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) serán utilizadas como herramientas de participación, seguimiento y evaluación de estos procesos. 

Actualmente está conformado el equipo de 20 pobladores de la ciudad de Matagalpa, quienes de una forma continua están participando en todas las actividades del proyecto. Con ellos hemos validado la Línea de Base, en la cual hemos identificado algunas debilidades de la aplicación de la Ley de Acceso a la Información pública en el municipio, como: la falta de oficinas para atender solicitudes, el personal destinado para esta labor, el desconocimiento de la ley tanto por los funcionarios como por los ciudadanos, poca información en los espacios de comunicación de las instituciones públicas y falta de interés por parte del funcionario público de brindar información de la institución a la población.

Propusimos algunas estrategias de intervención que fueron validadas por el grupo de 20 pobladores, después de analizar y adaptar algunas propuestas se identificaron 5 estrategias que están bien innovadoras, y responden a la realidad de la población, de la misma forma permiten la participación activa de la ciudadanía de una forma diferente utilizando los medios con mayor acceso y más cercanos al sector joven.

Asimismo con este equipo de 20 personas hemos identificado 5 grandes temas y la problemática que afecta estos temas sensibles para la población matagalpina, definimos trabajar en los siguientes temas: Cedulación, Seguridad Ciudadana, Producción, Medio Ambiente y Energía.

Ya iniciamos el proceso de formación, se han impartido dos talleres con la participación amplia de la población con una asistencia de más de 80 representantes de diferentes sectores de Matagalpa, en el primer taller analizamos y compartimos los valores expuestos en la Ley de Acceso a la Información Publica y la Ley de participación ciudadana, marco legal de la actuación de los pobladores en la organización de base en búsqueda de soluciones a la problemática desde la comunidad.

El 11 de diciembre se llevó a cabo el último taller de formación, para continuar en el mes de enero con el análisis de la información y empezar a darle forma a la solicitud de información en las cinco áreas definidas.

Agradecemos la participación de la población de Matagalpa, ha dado lo mejor de sí y ha puesto todo su empeño en aprender, para empoderarse y ser actores cambio demandando sus derechos y cumpliendo con sus obligaciones como ciudadanos amantes de la paz y el desarrollo de sus comunidades.

 

Reforma a LCT nos arrincona

La amenaza a la subsistencia de más de doscientas mil familias de productores asociados en cooperativas, su falta de continuidad como proveedores a las grandes industrias y obligarles a buscar otras formas de trabajo son los riesgos que para el gremio trae la reforma a Ley de Concertación Tributaria (LCT).

“Con esta ley el que gana menos paga más (impuestos), es una realidad macabra”, dijo Sinforiano Cáceres, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas (Fenacoop), al expresar su desacuerdo con la propuesta de reforma del Gobierno y al dictamen de la ley elaborado por los diputados sandinistas en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional.

Lejos de considerar que los cambios en la LCT, negociados entre el Gobierno y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), mejoran el tratamiento fiscal a las cooperativas, Cáceres afirmó que “nos arrincona porque afecta la producción en la medida que el sujeto que la produce esté inestable y con incertidumbre”.

El dictamen de la reforma tributaria exonera a las cooperativas del pago del Impuesto sobre la Renta (IR) las rentas brutas anuales hasta cuarenta millones de córdobas. Pero les hará pagar el IR sobre los excedentes de esa cifra monetaria, aunque deduciendo los gastos de operación.

A través del artículo 63 de la LCT las cooperativas quedarán obligadas a liquidar y pagar el anticipo mensual del uno por ciento del Pago Mínimo sobre el margen de comercialización, sobre el excedente de los cuarenta millones de córdobas.

“Tendríamos una reducción de empleos, tendríamos una reducción de procesos agroindustriales en manos de cooperativas y tendríamos una cadena de valor más ineficiente, más costosa y creo que volvería al país menos competitivo”, aseguró Cáceres sobre los efectos de las medidas fiscales.

Ariel Bucardo, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), dijo ayer en la Comisión Económica de la Asamblea que hay cooperativas que tributan doble, primero como productores y segundo como cooperativas.

“En este sector, que somos 5,100 cooperativas que tienen 285,000 familias incorporadas, la mayoría son pequeños empresarios que requieren de un régimen especial. Se habla que están exentos hasta cuarenta millones de córdobas las cooperativas y que después de eso se paga, pero que debe retenérsele el uno por ciento. Hemos planteado también que el retenerle el uno por ciento anticipado a las cooperativas es llevar a que paguen todas, incluyendo las que tienen menos de cuarenta millones”, afirmó Bucardo.

Hueco sobre cooperación

El economista Adolfo Acevedo sostuvo que no basta mejorar la redacción de los artículos 33 y 111 en la propuesta de reforma a la Ley Tributaria para asegurar la exoneración del Impuesto sobre la Renta (IR) de actividades económicas y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las organizaciones sin fines de lucro y a las Iglesias. Acevedo mantuvo que debe modificarse también el artículo 77 de la Ley que grava el IR sobre la Renta de capital y ganancias y pérdidas de capital, conforme con las disposiciones del Capítulo IV, donde se definen las donaciones como ganancia de capital. De no hacerlo, afirmó que se facilitará a la DGI actuar discrecionalmente para cobrar IR a las donaciones.

La Prensa/Lucía Navas/Ilich Buitrago.

 

 

 

Revista Nuestros Pasos No. 1

El Grupo Cívico Ética y Transparencia a través del Programa de Donaciones a la Sociedad Civil, ha otorgado financiamiento a nueve proyectos que desarrollan once organizaciones nicaragüenses.

Les dejamos el primer número de la Revista Nuestros Pasos, como parte del proyecto que desarrolla Fundemos denominado Comunicación para el Cambio Social, que contiene las diferentes temáticas que están abordando en sus proyectos dichas organizaciones.

Hagamos Democracia desarrolla Ciudadanía activa en la demanda del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en Matagalpa,  con el que se pretende que pobladores de esta ciudad hagan uso de las herramientas que contiene dicha ley.

Enlace Primera edición, Revista Nuestros Pasos:    

http://revistanuestrospasos.blogspot.com

http://www.youblisher.com/p/1015962-Revista-Nuestros-Pasos-Edicion-No-01/ 

 

 

 

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