Preparan Plan de Nación

La organización cívica Hagamos Democracia presentará a mediados del mes de septiembre un Plan de Nación, el cual estará siendo entregado a las fuerzas democráticas del país, dijo su presidente Róger Arteaga, esto de cara a los comicios generales de 2016.

En la elaboración del documento participan juristas, académicos, economistas y políticos, donde cada uno dará sus aportes, expresó el presidente de Hagamos Democracia.

“Este es un esfuerzo conjunto de los partidos políticos y de la sociedad civil, ya que en este Plan de Nación trabajan expertos en banca, en seguridad social y en educación, es un grupo selecto”, dijo Arteaga.

El Plan de Nación está integrado por tres comisiones: institucional, económica y social.

Fortalecer la democracia 

El jurista Julio Icaza Gallard es uno de los integrantes de las comisiones y expresó que los temas que abordará este Plan de Nación serán el de fortalecer la institucionalidad y la democracia en el país, así como el Estado de Derecho.

“El objetivo de realizar este Plan de Nación es tener un documento que sea compartido por todas las fuerzas democráticas del país y que pueda servir como un instrumento de unidad”, dijo Icaza Gallard.

Una vez que este proyecto esté concluido, comentó Icaza Gallard, será presentado a las fuerzas políticas y sociales para lograr consenso y llevarlo a los territorios para que la ciudadanía también pueda hacer sus aportes.

El último Plan de Nación que se presentó fue en la presidencia de Enrique Bolaños, pero fue desechado cuando asumió la presidencia Daniel Ortega en 2007.

 

La Prensa/Tania Sirias

 

“CSE tira su trabajo en una letrina”

El presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, va a otros países a “predicar” sobre la modernización del sistema de cedulación ciudadana, pero en Nicaragua esa modernización termina en las letrinas, opinó el presidente del organismo de observación electoral Hagamos Democracia, Róger Arteaga, quien tildó la actitud de Rivas como “candil de la calle, oscuridad de su casa”.

Arteaga brindó esas declaraciones en el contexto de que el jueves 21 de agosto se encontraron en el municipio de Pantasma (Jinotega) 27 cédulas de identidad enterradas en una letrina, como una pieza de rompecabezas que encaja con las denuncias de falta de entrega de este documento, en un municipio donde el voto electoral reinante es el liberal opositor.

Hagamos Democracia es una de las organizaciones que ha denunciado la falta de entrega de cédulas, las irregularidades en los procesos electorales y ha pedido el cambio de los magistrados de esa institución.

El presidente de Hagamos Democracia considera que las cédulas encontradas en la letrina en Pantasma son la prueba de la ineficiencia del CSE o su “mala intención” en los “esfuerzos” por reducir el voto opositor.

Arteaga explicó que cualquiera que sea la razón es el reflejo de la “mala” ejecución del CSE en los procesos de cedulación, que mientras estén los mismos magistrados no va a cambiar.

Al diputado opositor Carlos Langrand la noticia no le extrañó, porque está claro de que el poder electoral “es el instrumento de represión a la voluntad de los ciudadanos de elegir. El Consejo Supremo Electoral es un operador político del orteguismo, cada una de las delegaciones del Consejo Supremo Electoral, en cada uno de los 153 municipios, trabajan coordinadamente para negarle a los nicaragüenses la posibilidad de expresarse de una manera diferente a la de la dictadura orteguista”, expresó el diputado opositor vía telefónica.

En ese sentido, Langrand manifestó que botar las cédulas es parte de los esfuerzos para evitar el voto de los opositores.

Azahálea Solís, miembro de la Unidad por la República —organización civil que exige el cambio de los magistrados del CSE—, manifestó que los documentos de identificación encontrados son la prueba de la falta de entrega de cédulas que diferentes organismos han venido denunciando y que el CSE niega.

Rivas promueve otra realidad

El presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) ofreció una conferencia en República Dominicana, en un seminario sobre elecciones y tecnología, donde dijo que “Nicaragua es líder a nivel de Latinoamérica en introducir cambios modernizantes en el sistema de cedulación ciudadana y en el registro civil”.

Pero en Nicaragua se vive otra realidad de cuestionamientos al sistema de cedulación.

Las 27 cédulas de identidad que se encontraron en el fondo de una letrina en desuso el jueves 21 de agosto, pertenecen a jóvenes que por primera vez habían solicitado ese documento y que en su mayoría son de familias con simpatía por el opositor Partido Liberal Independiente (PLI).

 

La Prensa/Leonor Alvarez.

Rendir cuentas es un “deber moral”

Rendir cuentas a la ciudadanía es un “deber moral” y no debería ser una amenaza para un funcionario público, coincidieron diputados opositores, en alusión a la negativa de sus homólogos sandinistas, quienes no atendieron la solicitud de la asociación civil Hagamos Democracia de rendir un informe de los fondos asignados para obras sociales.

 

El diputado Carlos Langrand manifestó que no debe ser una amenaza para los funcionarios públicos brindar información a la sociedad civil, y más bien considera que se debe ver como un compromiso con la ciudadanía. “La opinión pública tiene el derecho de conocer la actuación de todos los diputados”, manifestó Langrand, de la Bancada de la alianza PLI (Bapli).

 

Langrand agregó que el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil “puede contribuir positivamente con la buena utilización de los fondos públicos”, debido a que actúan como fiscalizadores del destino eficiente de esos recursos.

 

“Si no se tiene nada que esconder, ¿por qué un legislador no va a presentar una información del fondo público que se le asigna? A menos que esté haciendo algo malo”, sugirió el diputado Víctor Hugo Tinoco.

 

“Rendir cuentas a la ciudadanía es una obligación moral”, agregó Tinoco.

 

El también diputado opositor Eliseo Núñez Morales expresó que el partido gobernante no cree en el modelo de democracia, así que eso se refleja en sus funcionarios, quienes por todos es conocido que se niegan a ofrecer información pública a la ciudadanía.

 

Veintidós de los 23 diputados que integran la opositora Bapli fueron los únicos dispuestos a rendir un informe de los más de 460,000 córdobas que anualmente se les asigna para becas y obras sociales. La bancada mayoritaria del partido gobernante Frente Sandinista (FSLN) se negó a rendir cuentas.

 

Cuentas se rinden a la ciudadanía


El especialista en temas de transparencia, Denis Darce, dijo que la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621), obliga a todos los funcionarios a rendir cuentas a la ciudadanía de los fondos públicos que se les asignan.

 

Sin embargo, el diputado sandinista Edwin Castro, dijo que su bancada sólo rinde cuentas a la Contraloría General de la República (CGR). 

 

 

La Prensa/Leonor Alvarez.

La rendición de cuentas de los diputados

Hagamos Democracia, organismo no gubernamental que promueve los valores y prácticas democráticas en el Estado, el Gobierno y la sociedad, informó que solo 22 diputados de la Asamblea Nacional, o sea menos del 25 por ciento del total de 91 legisladores, atendieron la solicitud de rendir cuentas al público sobre la partida de 460,358 córdobas con 39 centavos, que cada uno de ellos recibe anualmente a cuenta del presupuesto nacional. Como se sabe, esta cantidad de dinero público que reciben los diputados aparte de su sueldo mensual, es para que beneficien a sus electores y simpatizantes políticos con becas de estudio, gastos de salud y algunas otras obras sociales de menor cuantía.

 

A lo largo de los últimos seis años, Hagamos Democracia ha venido ejecutando un programa denominado “Rendición de Cuentas del Fondo Social que manejan los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional”, de acuerdo con el concepto de que “La rendición de cuentas es uno de los principios básicos de la democracia, toda vez que abre un puente de comunicación institucional con los ciudadanos”. Y más específicamente, porque según Hagamos Democracia “los procesos transparentes y una efectiva rendición de cuentas enaltecen al funcionario que de buena fe entrega el detalle del uso de la partida asignada para becas, ayudas sociales, escolares y económicas”.

 

Es necesario reconocer que en el mencionado informe de Hagamos Democracia sobre la rendición de cuentas de los diputados, los 22 que lo hicieron son de la oposición, o sea que pertenecen a la Bancada del PLI que tiene 23 miembros. Solo uno de ellos no lo hizo, por motivos que se desconocen pues no se mencionan en el reporte. Por su parte, los cuatro diputados que se declaran independientes no atendieron la solicitud de Hagamos Democracia, al parecer por suspicacia política y porque, según nos comentara uno de ellos, él presenta sus informes a la misma Asamblea Nacional que es ante la cual está obligado a rendir cuentas.

 

También es muy importante destacar que de los 63 diputados del partido Frente Sandinista que integran la bancada oficialista, ninguno se quiso someter al ejercicio de transparencia propuesto por Hagamos Democracia, seguramente porque esa práctica democrática es ajena a sus pautas de comportamiento político. En realidad, los diputados, ya sea que obedezcan al Gobierno, o que pertenezcan a la oposición o al grupo independiente, no tienen obligación de informar nada a los ciudadanos por medio de un organismo no gubernamental. Ellos solo están formalmente obligados a rendir cuentas a las instituciones correspondientes del Estado, lo cual, sin embargo, no significa que lo hagan.

 

Pero es en su propio beneficio político que los diputados deberían rendir cuentas al público, por medio de un organismo cívico como Hagamos Democracia. Eso les daría credibilidad, un valor superior del que tanto están necesitados los políticos pero que al parecer a la mayor parte de ellos no les interesa para nada.

 

Editorial/Diario La Prensa.

Consumidores desconocen Ley 842 que defiende sus derechos

Después de ocho meses de haber sido aprobada la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Ley 842), solamente el uno por ciento de la población conocería la Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras o Usuarias (Diprodec).

 Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Defensa del Consumidores (Indec), de los diez mil encuestados, solo el 72% dijo desconocer esta nueva Ley que fue aprobada en junio del 2013, y el 52% dijo desconocer dónde poner una denuncia cuando son violentados sus derechos como consumidores o usuarios, lo que reduce al mínimo los resultados de la aplicación de esta Ley, informó Marvin Pomares, director del Indec.

Pomares detalló que esta encuesta fue realizada en 20 municipios del país.

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