Sectores exponen violaciones a derechos humanos en Nicaragua, ante relator de la ONU

El relator especial de la ONU, Michel Forst, quien estuvo dos días en Nicaragua en una visita académica, organizada por la Universidad Centroamericana (UCA) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), escuchó a distintos sectores del país sobre las violaciones a los derechos humanos de que son víctimas por parte del gobierno del presidente designado por el CSE, Daniel Ortega y sus instituciones.

Entre los sectores que conversaron con el funcionario de la ONU estuvieron dirigentes del Movimiento Campesino que se opone a la construcción del Canal Interoceánico; periodistas de medios independientes, políticos y defensores de derechos humanos.

“Le hemos pedido al relator que insista en demandar al Gobierno de Nicaragua, en una visita oficial, para que responda a todas las violaciones de derechos humanos que nos han hecho”, manifestó Francisca Ramírez, líder del Movimiento Campesino que lucha en contra de la obra canalera y por la derogación de la Ley 840.

Ramírez aseguró que el relator de Derechos Humanos les animó a continuar ejerciendo su labor de defensores de derechos humanos, dado que una de las características de los gobiernos es destruir el trabajo que las organizaciones llevan a cabo.

Bien informado

Por su parte, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos (Cenidh), dijo que esa institución puso al tanto al defensor extranjero de derechos humanos, todo lo que viven las organizaciones que están inmersas por la defensa de la vida en el país.

“Nosotros como defensores de derechos humanos, hemos compartido con el relator todas las violaciones que vivimos por parte de este gobierno, que se caracteriza por violentar nuestros derechos y la labor que como defensores realizamos día a día”, aseguró Núñez.

Forst, quien visitó Managua en el marco del XX aniversario de la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos, también se reunió con periodistas de medios independientes, quienes le expusieron los obstáculos del gobierno a los periodistas, lo cual constituye una violación a la libertad de expresión y de prensa.

“He sido objeto de espionaje, me han incriminado, como que ando en algún tipo de ilícito en algunos medios vinculados al oficialismo. Incluso hay un espacio que dice que a mí me ha reclutado el narcotráfico”, relató la periodista del Diario LA PRENSA, Elizabeth Romero.

Otros periodistas revelaron ante el relator la censura oficial a los medios independientes, las agresiones a periodistas en su labor por fuerzas de choque del Gobierno y la falta de publicidad oficial que ha llevado a muchos medios a suspender sus espacios ante el ahogo económico.

Gobierno sin interés

El relator especial de la ONU, Michel Forst, dijo que por ser su visita de carácter privado no podía comentar la situación de los derechos humanos del país.

“Hoy no esperen de mí que comente la situación de derechos humanos de Nicaragua”, expresó el funcionario de la ONU. Forst explicó que cuando realiza una visita privada a un país se lo hacen saber por medio de una carta especial a la misión permanente de ese país, con sede en Ginebra, para darle “la posibilidad de reunirse con nosotros”, sin embargo, el Gobierno de Nicaragua no respondió a la invitación, reveló el relator.

 

La Prensa/Emiliano Chamorro Mendieta.

Discurso del Presidente de HD, Ingeniero Luciano García en Lanzamiento Protransparencia y Anticorrupción

Primeramente, quiero agradecer al Movimiento por Nicaragua, La Comisión Permanente de Derechos Humanos, La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, La Asociación de Periodistas de Nicaragua, El Instituto de Liderazgo de las Segovias y al Movimiento Puente, por haber apoyado de forma incondicional este esfuerzo que el día de hoy estamos materializando en aras de contribuir al ejercicio de la función pública de manera eficiente y transparente para el progreso y bienestar de todos los nicaragüenses.

Agradezco, también al Dr. Alberto Novoa y al Dr. Carlos Sequeira quienes desde el primer momento en que se comenzó a organizar este foro estuvieron dispuesto a apoyar esta iniciativa.

Igualmente les doy las gracias a todos ustedes por venir.

Para nadie es un secreto, que la corrupción es una plaga que se esparce sin control en la administración pública tanto actual como en el pasado, por lo que es necesario que las instituciones del Estado encargadas deben de velar por el uso correcto de los fondos públicos para contrarrestar este problema, ya que se percibe actualmente una política de complacencia y tolerancia gubernamental hacia este flagelo que nos mantiene sumidos en la pobreza y el subdesarrollo.

Nicaragua requiere instituciones serias y responsables, no se puede ser indiferente y callar, por ejemplo, cuando recientemente el Presidente del Poder Electoral nicaragüense ha sido incluido en una lista de funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos por el Gobierno de Estados Unidos, el estado debe de investigar los hechos con los procesos jurídicos y dentro del marco de la ley.

Hagamos Democracia, como organización de sociedad civil tiene la obligación de acuerdo al artículo 4, inciso a) de sus estatutos, de “dar a conocer los mecanismos existentes para obtener de los poderes e instituciones del Estado un funcionamiento correcto y transparente, de acuerdo a los principios democráticos”, no puede permanecer inerte ante este tipo de denuncias, porque nuestro silencio seria también un acto de complicidad con el despilfarro de los recursos del tesoro nacional.

Además, como organizaciones de la Sociedad Civil, debemos procurar que la ciudadanía tome conciencia que la corrupción genera pobreza y si se quiere abandonar esta condición social se debe participar en la lucha por reducirla al nivel más bajo posible, denunciando en los medios de comunicación, las redes sociales y en las calles cuando sea necesario, las actuaciones al margen de la ley de los servidores públicos.

El control de la corrupción no se consigue solamente con la existencia de un marco jurídico anticorrupción, requiere también de participación y fiscalización ciudadana.

Es esa la razón por la cual Hagamos Democracia, El Movimiento por Nicaragua, La Comisión Permanente de Derechos Humanos, La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, La Asociación de Periodistas de Nicaragua, El Instituto de Liderazgo de las Segovias y el Movimiento Puente, estamos constituyendo este Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, porque consideramos ineludible alzar la voz ante tanta corrupción pública existente en el país y porque vemos la necesidad de llenar un vacío en materia de control social hacia el manejo adecuado de las arcas del Estado.

Hoy se inaugura para la ciudadanía, un espacio de recopilación, investigación, documentación y denuncia de la corrupción que no pretende suplantar la función de las instituciones gubernamentales que por ley deben garantizar la transparencia en la administración pública, sino incidir desde la sociedad civil para que hagan su trabajo como corresponde de forma objetiva y al margen de intereses particulares.

Por eso, estamos seguros que el lanzamiento y constitución de este Observatorio marcará un antes y un después en la lucha ciudadana contra la corrupción en el ámbito público.

A partir de hoy comienza una tarea difícil, pero no imposible, un caminar que no estará libre de obstáculos y amenazas, estamos conscientes de ello, pero también estamos conscientes que es momento de actuar, que no se puede callar ante las injusticias y desmanes del poder.

Hoy más que nunca Nicaragua demanda el esfuerzo y participación conjunta de su gente para construir la nación democrática y próspera que queremos y nos merecemos, gobernada por funcionarios probos que administren los recursos del Estado con transparencia, que sirvan al pueblo y no se sirvan del dinero que con el sudor de nuestra frente aportamos todos y todas las nicaragüenses.

Muchas gracias. 

 

Jóvenes pasivos por la falta de civismo

Un país con ciudadanos “altamente manipulables” es la consecuencia de la falta de educación cívica en la juventud nicaragüense, aseguró el exministro de Educación, Carlos Tünnermann.

Tünnermann dijo que la educación no solo se trata que el estudiante aprenda sobre las materias básicas, sino que además “se prepare para ser un ciudadano que conoce cuáles son sus derechos y deberes para con su país.

El académico lamentó que no se están formando estudiantes conscientes de la realidad nacional pues la educación cívica que se imparte “no está a la altura de lo que realmente está sucediendo en el país”.

Darwin Carranza, miembro del Movimiento por Nicaragua en Masaya, afirmó que como joven se siente motivado a contribuir a un cambio en el país, por lo que decidió ser parte de esta organización civil.

“Asistimos a protestas y conversatorios, además utilizamos el deporte y la cultura como una forma de crear conciencia en los jóvenes”, explicó Carranza.

Asimismo lamentó que en el país muchos de los que llegan al poder “se acostumbran a mandar y comienzan a poner en los cargos a familiares y allegados” y a los jóvenes les quitan la oportunidad de aportar al país.

Tünnermann por su parte destacó la importancia de que los jóvenes conozcan la historia del país, la cual a su criterio ha sido muy accidentada y bastante trágica.

“Hemos tenido una asociación de guerras civiles, caudillos políticos que una vez que llegan al poder se aferran y se quieren quedar ahí indefinidamente”, finalizó.

 

La Prensa/María José Espinoza.

 
 

Alcaldes opositores electos denuncian saqueos en comunas orteguistas

Varias propiedades que pertenecen a la Alcaldía del municipio de San Sebastián de Yalí, en Jinotega, aún administrada por el alcalde sandinista Noel Rugama Dávila, han sido traspasadas a instituciones del Gobierno, según denunció a LA PRENSA, Noel Efraín Moreno Talavera, alcalde opositor que tomará posesión este viernes.

Sandinistas traspasan varias propiedades

“Son siete propiedades de la Alcaldía que han sido traspasadas a instituciones del Gobierno, entre estos, un centro turístico, varios terrenos, bancos de materiales de construcción, un CDI, el parque de ferias… o sea casi todos los bienes”, dijo Moreno, del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Moreno dijo que conversó con el alcalde sandinista saliente, Noel Rugama, en relación con las propiedades de la comuna que han sido traspasadas a instituciones del Estado y que la repuesta de este es que el traspaso de dichos bienes se hizo bajo procedimientos legales.

Según Moreno, las instituciones estatales beneficiadas con el traspaso de las propiedades son el Intur, MiFamilia, Inatec y la Procuraduría General de la República (PGR).

“El (alcalde sandinista) dice que tienen una base legal para hacer eso y que ellos tienen una orientación nacional para hacerlo”, explicó Moreno.

“Quieren acorralarnos”

Norma Meza, la nueva vicealcaldesa de Yalí, lamentó el saqueo de todos los bienes de esa Alcaldía, sumado a una deuda que deja la administración sandinista. Dijo que también encuentran los vehículos desmantelados.

“Nos quieren acorralar económicamente para hacernos quedar mal con el pueblo; eso es todo, no nos están dejando nada, (es) para crear crisis”, dijo Meza.

Otra de las medidas que aplicó el presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, fue reducir las transferencias presupuestarias a las alcaldías opositoras en más del 50 por ciento; sin embargo, incrementó las transferencias a las alcaldías con las cuales se quedó el Frente Sandinista en las pasadas votaciones de noviembre de 2017.

El Estado está obligado “a destinar un porcentaje suficiente del Presupuesto General de la República a los municipios del país, el que se distribuirá priorizando a los municipios con menos capacidad de ingreso”, según la Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua.

“El hecho de que nos reduzcan presupuesto de las Transferencias Municipales es un golpe duro para el sostenimiento de las alcaldías; por eso digo, la intención es acorralarnos”, insistió Meza.

Otras alcaldías saqueadas

Otras alcaldías opositoras que denuncian saqueo son las de los municipios de El Cuá, en Jinotega, así como la de La Trinidad, en Estelí.

“Aquí también ha habido saqueo de propiedades, nos han reducido las Transferencias Municipales; la verdad es que nos están dejando hasta con una deuda de más de 9 millones de córdobas”, denunció Isidro

Irías, alcalde de CxL, que también asume mañana viernes el Gobierno municipal de El Cuá, Jinotega.

Irías dijo a LA PRENSA que una vez que asuma la Alcaldía realizará una auditoría privada para denunciar públicamente la mala gestión del alcalde sandinista Raúl Acevedo Lara.

Irías también explicó que ante la medida del gobierno de Ortega de reducirle las Transferencias Municipales a la Alcaldía, posiblemente tenga que despedir personal.

“En la Alcaldía hay 65 trabajadores y si funciona con 30, pues el resto podría ir despedido, porque no me están dejando otra opción, porque imagínese que nos dejan unas deudas de más de 9 millones de córdobas”, lamentó Irías.

El cierre de radio Bosawas

Otra de las medidas que el gobierno de Ortega tomó contra la Alcaldía del municipio de El Cuá fue cerrar la radioemisora Bosawas, propiedad de la Alcaldía, días después que Irías fue declarado alcalde ganador del municipio el 5 de noviembre.

“El cierre de la radio es decisión del dictador, es un hecho, de eso no tenemos ninguna duda, porque Ortega es enemigo de la libertad de expresión”, fue la reacción de Irías ante el cierre de ese medio de comunicación radial.

Irías sostiene que el cierre de la radio fue una decisión vinculada directamente del partido de gobierno por haber perdido la Alcaldía del municipio de El Cuá.

“Esto es más que evidente la represión del régimen, porque esta es una radio de la comunidad, no era de ningún partido político ni persona en particular, era un medio de comunicación de todo el municipio de El Cuá, pero ahora la cierran porque ellos pierden la Alcaldía y esto demuestra una vez más que estamos en manos de un sistema represor que coarta las libertades en este país”, señaló Irías, luego del cierre de la emisora.

También en Wiwilí y Camoapa

Las alcaldesas electas por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Camoapa, Boaco, y Wiwilí, Jinotega, denunciaron que ambas alcaldías —aún en poder del gobernante Frente Sandinista— han sido saqueadas cuando faltan pocos días para asumir esos gobiernos municipales.

“Aquí prácticamente han estado saqueando desde lo más pequeño hasta lo más grande”, denunció Gretchen Martínez Suárez, alcalde electa de Camoapa.

Martínez explicó que hasta un centro tecnológico ubicado en el parque fue traspasado al Ministerio de Educación (Mined), entre otros bienes.

Sustraen llantas y repuestos de vehículos

Reina Hernández, también alcaldesa electa del municipio de Wiwilí, denunció el saqueo de esa Alcaldía por la administración sandinista.

“Estamos informados que están saqueando las llantas y repuestos de los vehículos”, también denunció la alcaldesa de ese municipio, deudas que asumirán por más de cuatro millones de córdobas.

Se llevan más de 20 computadoras

Bismarck Rayo, el alcalde del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que ganó la Alcaldía del municipio de La Trinidad, Estelí, también denunció que la administración sandinista supuestamente sustrajo más de 20 computadoras propiedad de la comuna.“Las computadoras y muebles de oficina pertenecían a la Alcaldía y estaban en la biblioteca municipal y otras computadoras ubicadas en el auditorio de la municipalidad”, aseguró Rayo.

Rayo también denunció que la actual alcaldesa sandinista, Rosa Haydée Raudales, también deja ese Gobierno municipal con deudas millonarias “que vamos a investigar el monto total” en su momento con auditorías, señaló Rayo, quien asume esa alcaldía el 22 de enero.

5 alcaldes opositores que ganaron los gobiernos municipales el pasado 5 de noviembre denuncian supuesta sustracción de bienes y traspaso de propiedades a instituciones del Gobierno.

La Prensa/Emiliano Chamorro Mendieta.

Denuncian más persecuciones después votaciones municipales 2017

Indígenas de origen miskito denunciaron este lunes ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) la persecución política y la falta de acceso a la justicia que viven en sus localidades, después de las votaciones municipales del pasado 5 de noviembre.

Las madres de dos de los siete muertos que dejó la violencia política que se produjo en estas votaciones, denunciaron la falta de investigación policial en los asesinatos que se cometieron con armas de fuego.

Carmen Gadea Marcelino era la madre de Kevin Shando Gadea, quien fue asesinado en la comunidad Sandy Bay (Caribe Sur) la madrugada del 6 de noviembre. Gadea acusa al candidato a concejal del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Lenin Spellman Gutiérrez, de haber matado a su hijo con una escopeta. Shando Gadea tenía 23 años y era activista del partido regional indígena Yatama, rival del FSLN.

La madre aseguró que interpuso la denuncia ante la Policía, pero no están investigando ni han intentado detener al acusado.

Ana Elizabeth Kittler era la madre de Garry Stiven Miguel Kittler, quien recibió un balazo en la cabeza la madrugada del 6 de noviembre en Bilwi, en medio del enfrentamiento entre sandinista y militantes del FSLN.

Su hijo murió el 8 de noviembre camino a Managua, porque los viajes aéreos priorizaron la salida de los militares después de las votaciones. La madre dice que sus otros hijos reciben constantemente amenazas de los sandinistas y que ya no pueden vivir en esa ciudad. Kittler se piensa quedar en Managua.

Perseguidos políticos

Doce personas, entre funcionarios, militantes y activistas del partido indígena Yatama en Corn Island (Caribe Sur), denunciaron que fueron acusadas de robo sin pruebas por la secretaria política del FSLN, Shorly Rachelle Lampson Downs.

La Prensa/Leonor Alvarez.

 

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