La Constitución y su importancia

Es tiempo de dar a la Constitución la magnanimidad que se merece, promoviendo su estudio y comprensión, pero sobre todo enseñando a respetarla, cumpliendo sus mandatos sin vacilaciones ni acomodos coyunturales.

 

De acuerdo a la Ley 201, “Ley de Promoción de los Derechos Humanos y de la Enseñanza de la Constitución Política”, el primer lunes de septiembre de cada año, se debe celebrar en Nicaragua el Día de la Constitución. Sin embargo, este importante acontecimiento no se cumple a cabalidad, pues son raros y contados los centros escolares, instituciones del Estado y organizaciones de sociedad civil que para tan significativa fecha organizan actividades cívicas para conmemorar esta efeméride como se debe.

Por ello, es propia la ocasión para destacar la importancia del conocimiento y respeto de nuestra Carta Magna como Ley Fundamental de la nación de la cual se derivan todos los demás instrumentos legales que conforman el ordenamiento jurídico nicaragüense, condición que se ha querido exaltar en su artículo 182 al señalar que ninguna ley, decreto, tratado, órdenes o disposiciones pueden estar por encima de ella.

A partir de este principio de supremacía, la Constitución Política es la base sobre la cual se cimenta el ejercicio del poder en todos sus niveles, político, jurídico, económico y militar al igual que las actuaciones de los individuos frente al Estado y sus semejantes, por esa razón todo nicaragüense esta llamado a conocer y respetar su contenido.

El sometimiento a la Constitución, emanada de un acuerdo social voluntario en el que se encuentran plasmados los intereses y anhelos de los habitantes de un país es fuente de legitimidad para los actos de todos los funcionarios del Estado y constituye la piedra angular sobre la cual está construido el Estado de derecho, herramienta primordial para el respeto a los derechos humanos y el mantenimiento de la paz y armonía social en todas las naciones del mundo moderno.

La Constitución ha de ser para el ciudadano y principalmente para los servidores públicos, lo mismo que la Biblia es para el creyente cristiano, en tanto ambos textos establecen las pautas de comportamiento para el correcto actuar individual y colectivo, por consiguiente es un deber conocerla y de la misma forma que se hace con el libro sagrado, se tiene que leer, interpretar y respetar sus mandamientos.

Para los ciudadanos, ignorar la Constitución es negarse a sí mismo la oportunidad de ser libres en la medida que por desconocimiento permiten el manoseo indiscriminado de sus derechos civiles y políticos facilitando, por faltar a una responsabilidad cívica, la formación y consolidación de gobiernos autoritarios que conducen el poder al margen del texto constitucional.

Solo el conocimiento pleno de la Constitución permite a los ciudadanos ejercitar sus derechos e impedir que unos pocos, en virtud de sus intereses, decidan el destino de la patria, ya que una ciudadanía conocedora de sus derechos no se deja engañar fácilmente porque son personas informadas y como tal se convierten en sujetos activos capaces de participar en la gestión pública e incidir en el rumbo que tome el país, con miras a transformar la realidad en que viven y generar cambios positivos en su entorno político, económico y social.

Desafortunadamente en Nicaragua no existe un compromiso real y sostenido con la enseñanza de la Constitución Política, mucho menos una cultura de respeto y estricto apego a sus directrices. De hecho, la Constitución no se ha visto como el documento solemne que refleja los principios y valores compartidos por una sociedad, sino más bien como un traje a la medida de quienes a lo largo de la historia han ostentado el poder.

Es tiempo de dar a la Constitución la magnanimidad que se merece, promoviendo su estudio y comprensión, pero sobre todo enseñando a respetarla, cumpliendo sus mandatos sin vacilaciones ni acomodos coyunturales.

 

El autor es Director Ejecutivo de Hagamos Democracia.

 

Diario La Prensa.

Incer Barquero: derogar decreto que anula estudios ambientales

La aprobación del decreto presidencial 15-2017 que eliminó los requisitos de los estudios de impacto ambiental para la ejecución de proyectos que intervienen en los recursos naturales, atenta contra el desarrollo sostenible de Nicaragua, pues al restringir los aspectos ambientales de los impactos que pueden ocasionar ciertas obras, se deja al país abierto al saqueo y a la destrucción ambiental progresiva, dijeron expertos consultados en el programa Esta Noche. Jaime Íncer Barquero, científico y exministro del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), afirmó que lo hecho por el Gobierno del presidente Daniel Ortega va en contra de los esfuerzos que a nivel internacional están realizando otros países por cuidar el medioambiente.

El artículo siete del decreto presidencial 15-2017 anuló el Sistema de Evaluación Ambiental, que si bien no era el más efectivo, según los especialistas, era importante mejorarlo, aplicarlo y sobretodo mantenerlo. Con la nueva ordenanza no se creó un nuevo sistema, en cambio quedaron sujetas a estudios de impacto ambiental algunas actividades como la conservación de las áreas protegidas y las reservas silvestres. Algo absurdo a juicio de los ambientalistas.

Hasta ahora, ni el Gobierno ni el Marena han brindado un pronunciamiento respecto a la aprobación de este “decretazo”. La única versión oficiosa la brindó el presidente  del Cosep, José Adán Aguerri, el miércoles pasado. El titular del COSEP actuó como vocero de la empresa privada y de su contraparte gubernamental, y explicó que en la discusión de esta actualización han estado presentes todos los representantes de las cámaras empresariales y las instituciones gubernamentales como Marena, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Instituto Nacional Forestal (Inafor).

Según Aguerri, “lo que se está haciendo es un nuevo proceso que busca unificar y facilitar los procesos administrativos”. Y alegó, ante la ausencia de una versión oficial, que no van a dejar de hacerse estudios de impacto ambiental, sino que se está haciendo una nueva normativa que busca unificar y facilitar los procesos administrativos a las empresas.

Rosario Sáenz, especialista en derecho ambiental y directora ejecutiva de la  Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (Fundenic), consideró que lo dicho por Aguerri no concuerda con el sistema jurídico de este tipo de procesos y que el sistema ambiental, ya establecía normativas y procedimientos administrativos para la permisología ambiental.

“El Cosep ha dicho que es para darle más eficiencia y eficacia al sistema, pero la eficiencia y eficacia de un decreto se la da la institucionalidad. ¿Qué capacidad tiene la institución de poder implementar una norma? En eso reside su eficacia o su eficiencia. No reside en otra cosa. Aquí tenemos instituciones como el Marena, o las mismas alcaldías, que han sido despojadas de sus funciones, y manda más una autoridad política que una autoridad técnica. Ese es el verdadero problema de la eficacia”, explicó Sáenz.

En teoría, el trabajo del Marena es velar por el bienestar de los recursos naturales y por su protección. Sin embargo, durante la presidencia del comandante Daniel Ortega, la institución fundamenta su acción en no ver, ni hablar ni escuchar. Tampoco toma decisiones para resguardar el medioambiente y fomentar un manejo sostenible del mismo.

La falta de independencia de una institución del Estado tan vital para los recursos naturales, y las fallas que tiene a lo interno, permiten que todo el sustento legal necesario para el buen manejo del medioambiente, se caiga y se traduzca en deforestación, invasión de reservas naturales y explotación indebida en ciertas zonas del país.

El exministro del Marena, sin embargo, aseguró que la culpa no es del Marena, pues es el que menos recursos económicos dispone. El científico opinó que la responsabilidad es del Gobierno, que no tiene el mínimo interés de resolver los problemas ambientales y ni siquiera tiene una política de Estado respecto a este tema.

“Los problemas ambientales van a definir el rumbo del país en un futuro cercano. El derroche de agua, la explotación indiscriminada los bosques. No es un asunto de sacar más leyes, es hacer funcionar las que están para poder salvar este país”, recomendó Íncer Barquero.

El nuevo decreto habla sobre la excepción de estudios de impacto ambiental para proyectos de interés nacional o para obras que puedan mitigar un desastre. A juicio de Sáenz, el que no se explique en la ordenanza específicamente qué se tomará en cuenta para eximir de estos estudios a una empresa, es un “logro importante” para el sector privado.

“Una explotación minera podrían ser considerada un proyecto de interés nacional. Las empresas que hablan de responsabilidad social empresarial, que son las que tienen mayor capital económico, hablan mucho de sostenibilidad de sus empresas, pero no se ha entendido verdaderamente a qué se refieren estos conceptos”, continuó Sáenz.

La experta en derecho ambiental consideró que los empresarios deben entender que la lucha de los grupos ambientales no se basa en “cuidar a los pajaritos”, sino en proteger la propia inversión que ellos realizan y que podría ser afectada por tener procedimientos y mecanismos feudales de trabajo.

Una imagen deteriorada

La aprobación de este nuevo decreto va en consonancia con la negativa de firmar el Acuerdo de París. La imagen que está dejando Nicaragua a nivel internacional podría deteriorarse más de lo que ya está, pues esta decisión solo deja al país expuesto a los fenómenos del cambio climático, en lugar de prepararlo para enfrentar este tipo de cambios en un futuro.

La situación que enfrenta el país cada vez es más vulnerable, y este tipo de ordenanzas, van en contra de los avances que se han impulsado a nivel internacional. Con el decreto lo que se entiende es que hay un retroceso que viene a afectar aún más la institucionalidad y todo el marco regulatorio que teníamos en Nicaragua, dijeron los expertos.

“El sistema de evaluación de impacto ambiental que teníamos antes de ser derogado, había sido medianamente cumplido. Los procedimientos no se cumplen, los técnicos no tienen capacidad de analizar los proyectos. Y quedó demostrado con el macroproyecto del Canal Interoceánico. Los mismos miembros de la comisión del Canal decían que en Nicaragua no había capacidad de evaluar de ninguna manera proyectos de esa magnitud. El análisis no está en manos de nadie”, aseguró Sáenz.

Si el Gobierno continúa aprobando leyes que perjudican el medioambiente, lo que tendremos los nicaragüenses a futuro serán problemas mayores, ocasionados por la presión que agroproyectos como el cultivo de palma o de caña, están ejerciendo sobre los recursos naturales, dijo la especialista.

“Esta realidad que está siendo valientemente afrontada en otros países, en Nicaragua el Gobierno está tratando de minimizarla. La empresa privada debe entender que se nos están acabando los años de las vacas gordas y que se nos vienen las vacas flacas”, aseguró Íncer Barquero.

La expectativa de desarrollo para el crecimiento económico, a juicio de los especialistas, no va a seguir proyectándose porque no existirá el elemento natural que garantice el nivel productivo que las industrias han presentado en los últimos años.

Las medidas urgentes que deben aplicarse para resguardar a Nicaragua del cambio climático, dijo Incer, deben pasar por dejar sin efecto el decreto 15-2017 y darle continuidad al sistema anterior, siempre y cuando, se mejore en la implementación.

“Debemos limitar un poco la codicia de ciertos sectores que están buscando un enriquecimiento rápido. Deben entender que están pasando sobre la seguridad nacional, la sobrevivencia de ellos (grandes empresarios) y de sus hijos, porque vamos a heredar un país en peores situaciones”, finalizó Íncer Barquero.

Confidencial/Maynor Salazar

Campesinos denuncian inseguridad y espionaje en ruta canalera

En las comunidades de Nueva Guinea, en el Caribe Sur y San Miguelito, en Río San Juan, hay extensiones de tierra boscosas, nebliselva, parajes solitarios y ríos caudalosos que junto con los pésimos caminos la zona se convierten en un riesgo para los pobladores ubicados sobre la ruta canalera. Los lugareños dicen que “no hay vigilancia de la Policía”, sino “espionaje” contra los campesinos que se oponen al despojo de sus propiedades por la construcción del Gran Canal.

Los campesinos aseguran que solo observan a los agentes de la Policía Nacional cuando pasan a investigar algún hecho delictivo. La imagen que tienen es la de los agentes de las fuerzas especiales, vestidos con uniformes azul oscuro, que llegan para reprimir a los asistentes de las marchas anticanal. Esto se traduce en rechazo.

La impresión que tiene sobre la Policía Nacional el coordinador del Consejo en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, Medardo Mairena, tampoco es buena, pues refiere que saben de la presencia policial por “el espionaje”, que han sufrido constantemente por donde se movilizan.

Martín Oporta reside en El Chacalín, está organizado en los comités comarcales en rechazo al Canal y es de los que responden: “No tenemos seguridad. No hay vigilancia de la Policía. Aquí nos están vigilando a cada momento cuando ya nos miran así reunidos, están (marcando) los teléfonos y nos están dando seguimiento en todo”.

En algunos casos en las comunidades de Nueva Guinea sus habitantes realizan largas caminatas de hasta cuatro horas para salir a un lugar de acceso debido a los caminos dañados, como sucede con los habitantes de San Sebastián de Aguas Zarcas cuando salen por La Esperanza Número Uno. Los pobladores se enfrentan al peligro en esos caminos solitarios.

Reymundo Urbina Marín tiene 50 años y habita en la entrada a la comunidad de Chacalincito, en La Unión, Nueva Guinea. Señala que en esas zonas el delito que con mayor frecuencia ocurre es el abigeato.

“Ladrones es lo que abunda en estas comunidades, lo que pasa es que el que roba una vaca paga y sale otra vez, hay mediación, dicen, pagan y quedan igual”, refiere Urbina.

Oporta comenta que hace un par de noches conoció que en las cercanías balearon a un muchacho. Y hace unos 15 a 22 días, más adelante de donde él habita sobre el mismo camino de El Chacalín, machetearon a otro; en ambos casos desconocen si fueron investigados.

Policía solo llega para reprimir marchas

Otro que señala que a la Policía solo la observan cuando se han manifestado contra el proyecto del Canal es Luis Uriarte, habitante de El Dorado 3, El Tule, San Miguelito.

Uriarte menciona que ha visto a la Policía en las marchas en las que ha sido reprimido al igual que muchas personas, como ocurrió en El Tule, el 24 de diciembre de 2014.

También recuerda que ya hace varios años llegó la Policía junto con miembros del Ejército para resguardar a un grupo de extranjeros a medir sus tierras y trazar las líneas en la ruta del Canal Interoceánico, porque les indicaron que por todo ese poblado pasaría el megaproyecto entregado por el régimen de Daniel Ortega al chino Wang Jing.

La Prensa/Elízabeth Romero

 

Las OSC y su rol en la democracia

Es obvio que ante el debilitamiento del sistema de partidos y la deficiente gestión estatal se abran las puertas al protagonismo de la sociedad civil.

Para muchos, la crisis de representación de los partidos políticos así como la falta de legitimidad y respuesta del Estado a las demandas ciudadanas es un síntoma de que este tipo de corresponsabilidad se está agotando y por tanto compete a la sociedad civil llenar el vacío que ambos están dejando.
Es obvio que ante el debilitamiento del sistema de partidos y la deficiente gestión estatal se abran las puertas al protagonismo de la sociedad civil, pero, ¿debe la sociedad civil suplantar la función de los partidos y del Estado? ¿Cuál es o debe ser el rol de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de la democracia en Nicaragua?
En principio hay que decir que por una conceptualización impropia se asocia a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de democracia, gobernabilidad y participación ciudadana con la sociedad civil en su conjunto cuando en realidad estas son solo parte de una estructura mayor.
La sociedad civil como tal, no es un tipo de organización en particular, son todos los ciudadanos que en pleno ejercicio de sus derechos buscan incidir voluntariamente en la gestión pública agrupándose en función de sus propios intereses dentro de un marco legal establecido.
Por su parte las organizaciones de sociedad civil (OSC) son el mecanismo por el cual se canaliza el sentir de la sociedad, es decir, las instancias que promueven temas de intereses diversos y defienden derechos ignorados o que están siendo violentados flagrantemente por la clase gobernante.
Desde esta perspectiva, las organizaciones de la sociedad civil y específicamente las que abordan temas del ámbito público, deben actuar como agentes facilitadores de espacios de diálogo y concertación, fomentando la participación e incidencia ciudadana en la gestión de gobierno a nivel nacional, regional o municipal para solucionar los problemas que afectan el entorno social y comunitario de la población.
Las OSC están llamadas por encima de todo a luchar por los derechos de la ciudadanía y en virtud de ello, fiscalizar la gestión pública, manteniendo una crítica constructiva al desempeño gubernamental que se aleja del bien común. Desde luego, esto implica el compromiso de ser instituciones imparciales y objetivas en sus posiciones, por lo que bajo ninguna circunstancia debe ligar su trabajo institucional o el de sus miembros a una causa partidaria o ajena a su misión que pueda poner en juego su credibilidad.
El rol de las OSC en la construcción de la democracia ha de ser entonces, el de contribuir en aras del bienestar social, al desarrollo de la nación, toda vez que la existencia de una sociedad civil robusta y activa no solo es fundamental para la consolidación de la democracia y el progreso de la sociedad, sino que además aporta a la legitimidad de los gobiernos validando sus políticas públicas.
A partir de esta premisa, cabe indicar que no corresponde a las OSC relevar al Estado o a los partidos políticos de sus funciones sino más bien coadyuvar a que cada uno asuma con entereza y responsabilidad la tarea que le toca y de esta manera lograr que la función administrativa sea cada vez más eficiente en la satisfacción de las necesidades de los gobernados. Entender el rol de las OSC desde otra dimensión, sería desvirtuar la naturaleza de su existencia.
Por consiguiente, mientras las OSC actúen con ecuanimidad y apegadas a la ley ni el Estado ni los partidos políticos deben verlas como rivales o adversarios, sino más bien como entes cuyo trabajo viene a complementar sus respectivas labores dinamizando la relación entre el ciudadano y sus gobernantes.

El autor es Director Ejecutivo de Hagamos Democracia.

 

Artículo La Prensa, del miércoles 02 de agosto de 2017

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