Clamor general por observación electoral en Nicaragua

“La observación nacional e internacional garantiza un proceso electoral creíble y confiable”. Así se expresó ayer monseñor Jorge Solórzano Pérez, portavoz de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), cuando LA PRENSA le preguntó su opinión sobre las elecciones generales de noviembre.

“La Conferencia Episcopal de Nicaragua, en reiteradas ocasiones hemos insistido en la importancia de la observación electoral nacional y extranjera, para asegurar credibilidad al resultado de las elecciones e infundir confianza en el pueblo Nicaragüense”, reiteró el jerarca católico.

Monseñor Jorge Solórzano, también obispo de la Diócesis de Granada, en abril pasado publicó una carta pastoral en la que analizó desde su gobierno diocesano, las distintas realidades del país en la cual incluyó el tema del proceso electoral que vive la nación en 2016. “En la crisis institucional que se vive es de radical preocupación la situación de vulnerabilidad del sistema electoral. De este modo la legitimidad de los procesos electorales y el respeto a la voluntad del pueblo van quedando totalmente en entredicho”, lamentó Solórzano en su carta pastoral.

En reiteradas ocasiones los obispos de la CEN han solicitado cambios profundos al sistema electoral, pero sus demandas han sido ignoradas por el presidente inconstitucional, Daniel Ortega, quién dirige el país desde el 2007.

TAMBIÉN EL COSEP

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri, reiteró la necesidad de que haya observación electoral en los comicios del próximo 6 de noviembre.

“Este es un tema que ha vuelto a ser planteado en el seno de nuestro consejo directivo, queremos ver ese esfuerzo de buscar esa observación, esa mayor transparencia de invitar a la población a votar, a participar y a votar”, sostuvo Aguerri.

El dirigente empresarial recordó que la petición de garantizar la observación “es un compromiso que lo hemos hecho en los procesos electorales anteriores y que lo vamos a seguir manteniendo en este proceso electoral nuevamente”.

”Vamos a participar en el proceso de manera cívica haciendo estos llamados a la transparencia, a la observación, a la participación, a la votación entre los ciudadanos en el proceso”, insistió Aguerri.

Además, reiteró su deseo, ahora que el proceso ya inició, de que se desarrolle en un ambiente cívico, con tolerancia y en paz, para mantener la estabilidad de la que hoy goza el país, “para que esa paz social que tanto nos ha costado siga siendo uno de los elementos que podamos presentar ante el mundo”.

SUGERENCIAS IGNORADAS

Tres días después que el Consejo Supremo Electoral (CSE) convocara a elecciones nacionales y en la que ignoró la observación nacional e internacional, el Partido Liberal Independiente (PLI), el Partido Conservador (PC), el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y la facción liberal que lidera Pedro Reyes, protestaron por no haber incluido la observación electoral.

La repuesta fue ignorada, ya que el Poder Electoral mandó a publicar el Calendario Electoral en el Diario Oficial La Gaceta, en la que desconoce la presencia de los observadores nacionales e internacionales.

EE.UU. TAMBIÉN LO PIDIÓ

Esta semana la Embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, también se unió al clamor de que es necesaria la observación electoral nacional e internacional. “Los nicaragüenses merecen una observación internacional reconocida, no un acompañamiento”, sugirió la diplomática en su red Twitter.

También el Grupo de los 27, integrado por personalidades nacionales, advirtieron al gobierno el peligro de seguir manipulando los procesos electorales. “Hoy, igual que ayer, Ortega, lo mismo que Somoza, será el responsable del fracaso de estas elecciones y las graves consecuencias que de él se deriven”, advirtieron.

La Prensa/Emiliano Chamorro Mendieta

 

 

MANIFIESTO DE LOS 27

NO PERMITAMOS QUE UNA MINORÍA SECUESTRE A LA NACIÓN

Los suscritos, ciudadanas y ciudadanos nicaragüenses, en vista de las próximas elecciones generales que tendrán lugar este año, preocupados por el curso y destino de la nación, consideramos importante dirigirnos a todas y todos los nicaragüenses a fin de plantear las siguientes consideraciones.

Las elecciones periódicas, libres y transparentes, son el medio civilizado de elegir las autoridades y definir el rumbo de una nación. Las elecciones generales previstas para el primer domingo de noviembre del presente año, deben realizarse con toda libertad, sin coacciones ni abusos de ninguna clase, garantizando igualdad de condiciones para los contendientes y un conteo de votos honesto y transparente. Sólo de esta manera los resultados obtenidos reflejarán fielmente la voluntad soberana del pueblo, otorgando a quien resulte vencedor la legitimidad necesaria para garantizar el desarrollo económico y social de toda la nación en paz y libertad.

El actual sistema electoral se encuentra seriamente cuestionado, tanto a nivel nacional como internacional, y no goza de la credibilidad y capacidad necesarias para garantizar las condiciones antes mencionadas. El control absoluto ejercido por el grupo gobernante, el colaboracionismo corrupto de algunas facciones partidarias, el ocultamiento de datos y el sinnúmero de anomalías registradas en las últimas elecciones, lo han convertido en una institución fallida y en una maquinaria especialmente diseñada para el fraude. La reciente elección de dos nuevas magistradas del CSE representó una oportunidad para integrar en ese poder del Estado personas independientes, profesionales y honestas; sin embargo, bajo el pretexto del principio de la equidad de género, se impuso una vez más la voluntad del grupo gobernante de ejercer un control absoluto sobre el máximo órgano electoral.

Entramos al año electoral sin que ninguna de las recomendaciones formuladas en reiteradas ocasiones por los organismos de observación se hayan puesto en práctica. De hecho, a estas alturas, ningún organismo serio de observación electoral internacional, como la Unión Europea, la OEA o el Centro Carter, así como ningún organismo nacional, ha sido invitado. Todo esto arroja serias dudas acerca de la credibilidad del actual proceso y sus posibles resultados. De no cambiar estas circunstancias se estarían cerrando los cauces democráticos y las vías pacíficas y alentando el regreso de la confrontación violenta, como ha sucedido tantas veces en nuestra trágica historia.

Advertencia de 1974, válida en 2016

En junio del 1974, cuando el general Anastasio Somoza Debayle impuso condiciones para su reelección, un grupo de 27 ciudadanos nicaragüenses emitieron un visionario manifiesto que entre otros párrafos decía: ¨Nadie sin embargo debe llamarse a engaño. En la coyuntura histórica que vivimos quienes creen que pueden mantener el sistema actual para seguir medrando a la sombra del poder y abusando de este en beneficio de sus personales intereses, están equivocados pues solo hacen más penosa la solución a la que habrá de llegarse inevitablemente.¨ Y agregaba: ¨El gobierno se empecina en apartarnos a los nicaragüenses del camino electoral, al reservarse inescrupulosamente el manejo de todos los mecanismos que desde la inscripción hasta el escrutinio, conforme normas preparadas ad-hoc, le permitirán hacerlo desembocar adonde él quiera, o a cerrarlos a importantes y mayores sectores de ciudadanos que conforman la opinión del país. Este empecinamiento constituye una abierta provocación al pueblo que se verá obligado a buscar legítimamente otros procedimientos para encontrar sus propias soluciones, de lo cual, el mismo gobierno será directamente responsable¨.

Hoy, igual que ayer, Ortega, lo mismo que Somoza, será el responsable del fracaso de estas elecciones y las graves consecuencias que de él se deriven.

Derecho a participar o a denunciar elecciones

Estamos convencidos que la única forma de incidir en la transformación de este sistema corrupto es participando en el proceso; sin embargo, dicha participación debe estar sujeta a una evaluación periódica, pública y sistemática, en las distintas fases, bajo la bandera del derecho a elegir y ser electo, como un ejercicio democrático que incluye, también, el derecho a denunciar y a no legitimar un proceso viciado y espurio. Las distintas fuerzas políticas y la ciudadanía en general deben estar preparadas para participar, pero también para no hacerlo y retirarse cuando las circunstancias así lo exijan. No podemos prestarnos a avalar resultados que falsifiquen la voluntad soberana y, en tales circunstancias, la ciudadanía debe estar presta a denunciar enérgicamente ante la nación y el mundo la falta de garantías previas o el fraude, si este fuese consumado.

Un modelo excluyente, corrupto y violento

Hemos asistido en los últimos diez años al deterioro acelerado de las instituciones democráticas y a una desenfrenada acumulación de poder,  al ejercicio arbitrario de la autoridad y la violación sistemática de los derechos humanos, a la persecución y el boicot a los medios de prensa independientes, a la entrega de la soberanía nacional a través de una concesión otorgada por medio de la Ley 840 para la construcción de un Canal interoceánico lesivo a la soberanía, que amenaza los derechos de todas y todos los nicaragüenses y, a lo inmediato, con el despojo de sus tierras a miles de campesinos.

Asimismo se ha impuesto un modelo económico que favorece solamente a unos pocos y el recurso a la violencia para aplacar las tensiones sociales que ese modelo genera, es cada vez más frecuente.

A pesar de las condiciones altamente favorables en que recibió el poder el grupo gobernante, de los altos precios de las exportaciones y la cuantiosa cooperación venezolana, después de diez años los problemas estructurales del país siguen pendientes de solución.

La deuda externa total que en el 2006 era de US$ 4.700, al cierre del año 2015 superó los US$ 10.200 millones, constituyendo una pesada losa sobre el futuro económico del país.

Entre el 2007 y el 2015, los trabajadores de la economía informal pasaron del 65% al 80%, el subempleo creció del 33% al 50%, mientras los salarios reales sufrieron una desmejora significativa. En materia empresarial, una reciente encuesta elaborada por el COSEP muestra que el 70% de las empresas medianas y pequeñas reportan que sus ingresos se estancaron o disminuyeron en los últimos dos años, todo lo contrario de las empresas grandes: el 70% reportó que sus ingresos crecieron en ese mismo período, evidenciando la desigual distribución de los beneficios del crecimiento económico.

Pérdida de una oportunidad histórica

En materia de pobreza, el gobierno exhibió como un logro un estudio avalado por el Banco Mundial, donde se muestra una reducción porcentual de la misma, pero se ocultó a la población que esa reducción obedeció, de acuerdo al mismo estudio, a la disminución del número de personas por hogar –atribuible entre otras razones a las migraciones al exterior- y al aumento de las remesas familiares (más de US$ 8.500 millones en los últimos diez años de acuerdo a registros oficiales). Es decir, son los pobres, y no las políticas gubernamentales, los que están mitigando con su trabajo en el exterior los rigores del modelo económico impuesto por el grupo gobernante.

Todo lo anterior a pesar de que se han recibido más de once mil millones de dólares en materia de cooperación internacional y más de ocho mil millones de dólares en concepto de remesas familiares.

En este marco cabe situar el flagelo de la corrupción. En los últimos informes anuales publicados por Transparencia Internacional, Nicaragua aparece encabezando los índices de percepción de corrupción en Centroamérica. Asimismo, estudios locales realizados por el centro de investigación FUNIDES indican que el 86% de los empresarios consideran que el principal obstáculo en el ambiente de negocios es la corrupción en el Estado.

Otro déficit estructural es en educación. La niñez y la juventud nicaragüenses solo pueden tener una oportunidad de salir de la pobreza y del atraso si se concede prioridad especial a la educación, ampliando su cobertura, dotándola de mayores recursos y mejorando su calidad, en todos los niveles.

Los fraudes electorales, el autoritarismo, la total falta de transparencia, la corrupción y el irrespeto a las leyes han echado a perder una oportunidad histórica para acabar con la pobreza, reconstruir el país y colocarlo sólidamente en la senda del desarrollo sostenible. El clientelismo inmediatista ha prevalecido sobre las políticas sostenibles y de largo plazo.

Necesidad de cambio profundo y verdadero

En las presentes circunstancias, de un contexto político internacional complejo y una economía mundial en crisis, y de un país con múltiples y graves vulnerabilidades, diferentes sectores han elevado su voz exigiendo la reflexión y el diálogo, para corregir el rumbo y evitar un nuevo ciclo de violencia. En mayo de 2014, la Conferencia Episcopal presentó al grupo gobernante el documento ¨En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor¨, en el que propuso un ¨Gran Diálogo Nacional¨ así como dar inicio a ¨una profunda reforma política de todo el sistema electoral¨, propuestas que siguen esperando respuesta.

La actual situación económica y social, sumada a la amenaza del cierre de la vía cívica y democrática, obliga a un cambio verdadero y profundo, que pasa necesariamente por la restauración de las instituciones republicanas y el estado de derecho, la transparencia en la gestión de los recursos públicos, la adopción de políticas y programas que propicien condiciones de prosperidad a las micros, pequeñas y medianas empresas, la generación de empleo y mejores inversiones para educación y salud.

Para que este objetivo sea alcanzable es necesario poner fin a la dispersión y el personalismo que debilita a las fuerzas políticas opuestas al régimen. Por eso es fundamental exigir a los partidos y liderazgos políticos un compromiso alrededor de principios, objetivos y propósitos y sobre un programa que represente una sólida alternativa democrática al actual sistema clientelar, excluyente, corrupto y autoritario. Y exigirles, asimismo, la escogencia adecuada, bajo firmes criterios éticos y democráticos,  de las personas encargadas de hacer realidad esa alternativa.

La responsabilidad de cada quién

Para enfrentar el desafío de asegurar una convivencia pacífica y democrática duradera:

En primer lugar, el grupo gobernante debe asumir la responsabilidad de garantizar elecciones libres, transparentes y con observación nacional e internacional.

En segundo lugar, la comunidad internacional debe honrar su compromiso con la democracia y la paz en Nicaragua asumiendo un papel más activo. La ONU, la OEA, la Unión Europea, la CELAC y el Centro Carter deben emprender las gestiones necesarias para contribuir al ejercicio del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente sus autoridades.

Estamos conscientes de que nos corresponde a los nicaragüenses asumir la principal cuota de responsabilidad sobre nuestro presente y nuestro porvenir. El cambio que deseamos y necesitamos exige superar la indiferencia y la apatía, y asumir la defensa activa de nuestros derechos. No permitamos que una minoría secuestre a la nación, conduciéndonos por el despeñadero. Partidos y líderes políticos, organizaciones gremiales y de la sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos: Asumamos nuestra responsabilidad y demos nuestro aporte para que Nicaragua recobre su dignidad y pueda ofrecer a todos sus hijos un lugar donde vivir con justicia, trabajo y libertad. 

 

Grupo de los 27

2016

 

Ernesto Cardenal

Gioconda Belli

María José Zamora

Violeta Granera Padilla

Sofía Montenegro

Azahalea Solís

Sergio Boffelli

Julio Icaza Gallard

Monique Ninette Blanco Sarria

Roger Arteaga

Julio Luis Velásquez Pereira

Ana Margarita Abaunza Sedda

Moisés Juilan Castillo Soza

Jose Antonio Peraza Collado

Adolfo Bonilla

Fabio Gadea Mantilla

Enrique Zelaya (Dr Henry)

Carlos Tunnermann Bernheim

Edmundo Jarquin

Gabriel Álvarez

Cirilo Antonio Otero

José Luis Velásquez Pereira

Edipcia Dubon

Frank Lanzas

Carlos Langrand Hernández

Vidaluz Meneses

Octavio Ortega

 

 

 

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Mined define lineamientos para atención a organismos que trabajan por la Educación

El Ministerio de Educación (Mined) prohibió que los delegados departamentales o municipales firmen convenios o acuerdos de colaboración con los organismos que trabajen por la Educación en sus territorios.

Cualquier proyecto escolar deberá coordinarse directamente con el Mined desde la Dirección de Cooperación Externa, según el documento que el Mined envió ya a algunos organismos que trabajan en la Educación del país.

Las nuevas disposiciones, detalladas en el documento titulado Lineamientos para la atención a organismos nacionales e internacionales, establecen -entre otras cosas- que los “organismos deberán de presentar por escrito el apoyo que pretenden realizar, detallando área geográfica, población meta, esto acompañado de los documentos legales en caso de tenerlos”.

Asimismo, detalla el Mined en el documento de tres páginas, “es importante recordar que ningún delegado departamental o municipal tiene autorización para firmar convenio, acuerdo de colaboración, acuerdo de donación, o documento legal que comprometa al Ministerio a trabajar con cualquier organismo. Toda gestión con los diferentes organismos debe tener la autorización de la dirección superior. Por lo cual deberá de informarse de manera inmediata cualquier ofrecimiento técnico o financiero de los organismos”.

Esta comunicación, para el director ejecutivo del Foro Educación y Desarrollo Humano (FEDH), Jorge Mendoza, oficializa la centralización de las gestiones con el Mined y arriesga el funcionamiento de los organismos en los territorios. Lea también: Nicaragua pierde US$60 millones en ayuda. “El documento lo que viene a evidenciar es que hay una centralización de la coordinación con el Ministerio de Educación… formaliza la negativa de parte del Ministerio de Educación de atender y relacionarse con las organizaciones locales y con las organizaciones de cooperación”, apunta Mendoza.

Dentro de los lineamientos, el Mined informa también que los organismos una vez “atendidos en el territorio, la Delegación deberá de enviar vía correo electrónico u oficio a la DISUP (Dirección Superior) con copia a la Dirección de Cooperación Externa un informe de la valoración técnica y política del trabajo que quiere realizar el organismo en dicho territorio, acompañada de la solicitud por escrito realizada por el organismo más sus documentos legales”.

SOLO LA MINISTRA PODRÁ FIRMAR LOS CONVENIOS

Según el documento recibido ya por algunos organismo y en poder de LA PRENSA, “desde Cooperación Externa una vez autorizado el trabajo en conjunto con el organismo, se programará reunión con estos, coordinada con la delegación departamental para trabajar el proyecto y convenio que será firmado por la máxima autoridad de nuestro Ministerio, la compañera ministra (Miriam Ráudez)”.

El presidente del Foro Eduquemos, Ernesto Medina, señala por su parte que “pretender llegar a ese nivel de planificación para que hasta los proyectos más pequeños que se hacen a nivel local requieran de una autorización y más de un dictamen técnico y político… me parece que es llegar a un extremo que no va a favorecer en nada la tarea urgente que es mejorar la educación y seguir apoyando la cobertura. Esto viene a poner barreras innecesarias sobre todo cuando no se tiene un plan o una visión nacional (en materia educativa)”.

 

La Prensa/Jeniffer Castillo Bermúdez

 

Gobierno de Nicaragua ignora audiencia en la CIDH

El Gobierno de Daniel Ortega volvió a ser el gran ausente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta vez en la audiencia con motivo del 157 período de sesiones de ese organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que las organizaciones nacionales recurrieron a exponer diversos temas relacionados con los derechos humanos en Nicaragua.

En la primera audiencia la CPDH y ANPDH, expusieron sobre situación de derechos humanos en el país sobre todo relacionado con seguridad ciudadana.

Este miércoles 6 de abril, el Gobierno no envió a su representación en audiencias privadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde comparecerían por separado con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Cejudhcan, para abordar el tema de medidas cautelares.

“Tome nota de este asunto” , solicitó la comisionada relatora para Nicaragua, Esmeralda Arosemena, al presidente de la sesión.

Uno de los temas expuestos que interesó a los comisionados conocer más detalles fue el relacionado con la Ley de Seguridad Soberana, sobre la cual Denis Darce, denunció el riesgo que representa a las acciones de ciudadanos y defensores de derechos humanos, toda vez que el Gobierno las considere amenazas a la seguridad Soberana.

Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, denunció el uso desproporcionado de las fuerzas policiales en las protestas sociales.

Casos como el de Darwin Jirón al concluir la marcha campesina del 27 de octubre contra el proyecto del Canal y el ataque contra Carlos Bonilla, el 26 de febrero, que aún siguen impunes también fueron expuestos por los peticionarios de Nicaragua.

Álvaro Leiva, por ANPDH denunció por su parte que en Nicaragua no hay derecho a la propiedad y mencionó como ejemplo el despojo al empresario Milton Arcia el 3 de abril del año pasado.

En este momento se desarrolla la audiencia en la que participan representantes de 14 organizaciones que expondrán situación general de Derechos Humanos en el país.

La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, ha iniciado su exposición en segunda audiencia en la que denuncia impunidad en casos como mochila bomba, en El Portal, masacre de Las Jagüitas, violencia en Mina El Limón y diversos casos donde la Policía ha sido utilizada para reprimir protestas sociales.

 

Tomado de La Prensa/Elizabeth Romero.

 

 

Haciendo la Democracia: Editorial sin base en los hechos

En su editorial del 7 marzo de 2016, el diario La Prensa cuestiona los resultados de las primarias inter-partidarias organizadas por Hagamos Democracia. El editorial de La Prensa no cuestiona las buenas intenciones de Hagamos Democracia ni de los partidos y organizaciones participantes. Tampoco cuestiona la honestidad de los directivos de Hagamos Democracia ni del Tribunal Electoral Cívico que supervisó las primarias. En vista de que todas las organizaciones participantes aceptaron los resultados y declararon satisfactorio el proceso ¿en qué se basa el editorial tan fuerte en contra de las primarias y de Hagamos Democracia

Aparentemente, se basa en acusaciones de irregularidades de parte de un grupo que se retiró del proceso a última hora. Para entender los eventos, es necesario relatar el trasfondo. Unos días antes de iniciar la votación, tanto el Tribunal Electoral Cívico (TEC) como las organizaciones participantes, lucharon por facilitarle el voto a personas que viven en lugares remotos. Se pensó en varias soluciones y se resolvió ofrecerles acceso por medio del voto electrónico. Para esto era necesario transferir votantes inscritos para votar en persona del padrón físico al padrón electrónico. Con la venia de todos los participantes, se aprobó el traslado sin fijar límite en el número de votantes a trasladar. Se efectuó el traslado de aproximadamente 4,800 personas, incluidos miembros del partido de Moisés Hassan, con la correspondiente disminución del padrón físico. Nótese que el padrón total, que era de 24,866 personas, se mantuvo sin alteración. Exactamente el mismo número de personas inscritas quedó antes y después del traslado. Sin embargo, al percatarse del traslado de 4,800 personas, el grupo de Moisés Hassan protestó, aduciendo que era excesivo, que él esperaba unas decenas, o centenas, pero no miles. Su objeción no era al traslado en sí, sino al número de trasladados.

La votación en Internet se inició el viernes 26 de febrero a las 6:00 am. A las 9:53 pm de ese mismo viernes el TEC y las organizaciones participantes recibieron un correo de Hassan solicitando:  1. Que se revirtieran las 4,800 personas que se habían trasladado del padrón físico al padrón electrónico; 2. Que se anularan los votos que se hubieran depositado en línea; 3. Que se pospusieran las elecciones al segundo domingo de marzo; y 4. Que las organizaciones participantes respondieran antes de las 10:00 am del sábado 27. Antes de que se venciera el plazo, el TECcomunicó a Hassan la decisión de las organizaciones participantes: revertir el traslado, pero no anular los votos que se habían depositado en línea ni postergar las elecciones.

Sin esperar nuestra respuesta, Hassan hizo pública su decisión de retirarse del proceso. Esto hace pensar no había intenciones de permanecer en el proceso y que nuestra respuesta era irrelevante para su decisión. Algunos de sus candidatos a diputados se comunicaron con el TEC informándonos que la renuncia de Hassan no se extendía a ellos y que preferían seguir en el proceso. Lamentablemente, tuvimos que anular sus votos.

No es raro que en un proceso de elecciones primarias un candidato se retire al ver que no puede ganar. De hecho, es lo más común, ya que el proceso de primarias es precisamente para eliminar candidatos que el pueblo no apoya. Lo extraño del caso fue el retiro de Hassan una vez iniciada las votaciones, y más extraña la razón ostensible: traslado de votantes del padrón físico al padrón electrónico, decisión que él había apoyado y de la cual había hecho uso. Lo normal hubiera sido esperar los resultados de la votación y cuestionar los resultados, pero no retirarse en medio de la votación, exigir que se anularan los votos y que se postergaran las elecciones.

El papel del TEC en todo este proceso, como facilitador, fue proveer la infraestructura e implementar las decisiones de las organizaciones participantes. Como siempre, Hagamos Democracia rendirá cuentas a sus donantes y a las instituciones gubernamentales pertinentes. El 100% de los fondos se usó para la organización de las Elecciones Primarias, ni un centavo a los partidos y organizaciones participantes.

Es lamentable que algunos medios de comunicación hayan fijado sus radares en acusaciones infundadas y no en los inmensos logros de las primarias, a saber: 1. Voto en el exterior; 2. Urnas transparentes; 3. Voto en línea; 3. Restablecimiento de la suscripción popular; 4. Participación del pueblo en la selección de candidatos; 5. Eliminación del dedazo; 6. Unión de organizaciones alrededor de una propuesta de nación y no de individuos; 7. Pasos iniciales para el rescate de la democracia representativa; 8. Invitación irrestricta a observadores nacionales e internacionales. En vez de denigrar las primarias, estos medios deberían exigirle al Gobierno elecciones que emulen a las primarias e incluyan por lo menos urnas transparentes, observadores nacionales e internacionales y voto en el exterior.

 

Pedro Belli, Presidente del Tribunal Electoral Cívico

Miguel Ángel Barbosa, Miembro del Tribunal Electoral Cívico

Enrique Obando, Miembro del Tribunal Electoral Cívico

 

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