Denuncian más persecuciones después votaciones municipales 2017

Indígenas de origen miskito denunciaron este lunes ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) la persecución política y la falta de acceso a la justicia que viven en sus localidades, después de las votaciones municipales del pasado 5 de noviembre.

Las madres de dos de los siete muertos que dejó la violencia política que se produjo en estas votaciones, denunciaron la falta de investigación policial en los asesinatos que se cometieron con armas de fuego.

Carmen Gadea Marcelino era la madre de Kevin Shando Gadea, quien fue asesinado en la comunidad Sandy Bay (Caribe Sur) la madrugada del 6 de noviembre. Gadea acusa al candidato a concejal del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Lenin Spellman Gutiérrez, de haber matado a su hijo con una escopeta. Shando Gadea tenía 23 años y era activista del partido regional indígena Yatama, rival del FSLN.

La madre aseguró que interpuso la denuncia ante la Policía, pero no están investigando ni han intentado detener al acusado.

Ana Elizabeth Kittler era la madre de Garry Stiven Miguel Kittler, quien recibió un balazo en la cabeza la madrugada del 6 de noviembre en Bilwi, en medio del enfrentamiento entre sandinista y militantes del FSLN.

Su hijo murió el 8 de noviembre camino a Managua, porque los viajes aéreos priorizaron la salida de los militares después de las votaciones. La madre dice que sus otros hijos reciben constantemente amenazas de los sandinistas y que ya no pueden vivir en esa ciudad. Kittler se piensa quedar en Managua.

Perseguidos políticos

Doce personas, entre funcionarios, militantes y activistas del partido indígena Yatama en Corn Island (Caribe Sur), denunciaron que fueron acusadas de robo sin pruebas por la secretaria política del FSLN, Shorly Rachelle Lampson Downs.

La Prensa/Leonor Alvarez.

 

Presentan iniciativa para creación de Tribunal Nacional de Tránsito

El vicepresidente de la Comisión de La Paz Defensa Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, Walter Espinoza y el Centro Jurídico Social Ayuda al Consumidor, presentaron este miércoles en la primera secretaría del Parlamento, una iniciativa para que sea reformada una vez más la Ley Para el Régimen de Circulación Vehicular .

La iniciativa propone la creación de un Tribunal Nacional de Tránsito que se encargue de conocer y dictar las sentencias relacionadas con conflictos de tránsito y la aplicación de la legislación de transporte terrestre. Entre los casos que plantean sean conocidos por el Tribunal Nacional de Tránsito están: multas de tránsito que los conductores estimen han sido mal aplicadas por reguladores de tránsito, denuncias de abuso policial en la aplicación de multas y del comportamiento del agente de tránsito.

Así como comportamiento inadecuado del conductor ante un agente de tránsito, involucramiento de perjudicados en caso de no portación de seguro obligatorio, demandas y denuncias de particulares ante los conductores de transporte público terrestre colectivo y selectivo en cuanto a la infracción de la Ley 856 (Ley de tránsito reformada). Para ello proponen que los casos sean resueltos en única audiencia luego de que el afectado haya presentado un recurso de apelación.

“Esa ha sido una necesidad desde hace mucho tiempo, siempre se ha dicho que la Policía no puede ser juez y parte en el sentido de que es parte cuando levanta la evidencia de los accidentes de tránsito y arma los expedientes de cada uno de los casos”, consideró la especialista en temas de seguridad, Elvira Cuadra.

La especialista dijo que el tema de tribunal resuelve una parte del problema, pues también debería implementarse “un sistema de monitoreo y de supervisión a los agentes que están regulando el trafico de parte de sus superiores para garantizar que cumplan con lo que dice la ley, en términos de aplicación de multas y de como hacen la regulación de tránsito para evitar los sobornos o las llamadas mordidas”.

Una de las principales críticas a la Policía ha estado relacionada con la implementación de las multas por infracciones de tránsito con fines recaudatorios. De acuerdo a la iniciativa el tribunal de tránsito será la instancia ultima apelable, una vez agotada la parte administrativa ante la delegación de Tránsito de la Policía Nacional, “garantizando el derecho a la defensa al conductor multado y de la autoridad u oficial que aplicó la multa a través de los medios probatorios trazados en el Código de Procedimiento Civil en vigencia”.

Cifras de accidentes

Una nota en el sitio web de la Policía Nacional, refiere que la semana pasada los accidentes de tránsito dejaron como saldo 17 personas fallecidas. En relación a los percances ocurridos durante el mismo período el año pasado la Policía contabiliza cuatro muertes menos. No obstante, en esa publicación la jefa de Tránsito, comisionada general Vilma Reyes, refiere que pese a esas cifras “ estamos haciendo grandes esfuerzos y grandes planes en función de reducir la peligrosidad de los accidentes de tránsito”.

No retener licencias

También incorporan un artículo que reforme el artículo 20 de la Ley 431 en el cual se establezca que “en los casos de infracciones a las personas que sean multadas, no retenerles la licencia de conducir en ningún caso”. Únicamente cuando el conductor haya incurrido en multa por una tercera infracción.

El anteproyecto de ley propone que la Policía Nacional sea reforzada con un sistema digitalizado de registro de multas para su verificación. Y plantea que sea reformado el artículo 24 relacionado al depósito vehicular en el que se establezca que la Policía Nacional podrá retener cualquier vehículo que circule en el país solo cuando circula sin placas, sin licencia de circulación o de conducir, sin la documentación correspondiente.

La Prensa/Elízabeth Romero

Pronunciamiento Grupo Acción Concertada en respaldo a Monseñor Silvio Báez

Pronunciamiento Grupo Acción Concertada en respaldo a Monseñor Silvio Báez

 

Desde su posición como guía espiritual de los cristianos católicos de Nicaragua Monseñor Silvio Báez ha venido denunciando, a la luz del  evangelio y la  doctrina social de la iglesia, las injusticias y las violaciones a los derechos civiles y políticos cometidos por el actual gobierno en contra de los nicaragüenses.

Sus convicciones firmes e inquebrantables frente al viciado sistema electoral, lo han convertido en un referente para muchos ciudadanos que consideran las elecciones una farsa y por tanto, no están dispuestos a prestarse al juego de participar en procesos electorales que desde su libertad de pensamiento consideran no ofrecen las más mínimas garantías de respeto a la voluntad del pueblo.

Esta actitud valiente y decidida de Monseñor Silvio Báez en pro de la verdad y no callar ante la manipulación de la conciencia popular para favorecer el ejercicio de poder de forma autoritaria lo han hecho  blanco   de   groseros  y  malintencionados  ataques  a  su persona de parte del Presidente de Nicaragua quien sin mencionar su nombre le llamó bravucón y radical, en una completa falta de respeto y consideración.

Ante tal situación, el grupo de Acción Concertada por la defensa de los Derechos Humanos, la Democracia y la Libertad de Expresión, integrado por la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la   Asociación   Nicaragüense   Pro   Derechos   Humanos,   la  Asociación   Hagamos Democracia,   el   Movimiento   Por   Nicaragua   y   la   Asociación   de   Periodistas   de   Nicaragua, expresan su más incondicional apoyo a Monseñor Silvio Báez, como líder espiritual, como ciudadano y como persona.

El grupo de Acción Concertada comparte y respalda los planteamientos de Monseñor Báez y si él es un bravucón, por expresar su desconfianza hacia un sistema electoral corrupto, también “somos bravucones” el 70% de nicaragüenses que se abstuvieron de votar en las pasadas elecciones municipales donde quedó claro que no hay confianza en el aparato electoral.

 

Dado en la ciudad de Managua a los 20 días del mes de noviembre del 2017.

 

              Marcos Carmona                                                       Gustavo Bermúdez

                  CPDH                                                                              APN    

 

                                                Álvaro Leiva Sánchez

                                                          ANPDH

 

                Luciano García                                                    José Antonio Peraza

          Hagamos Democracia                                        Movimiento Por Nicaragua

 

 

Pronunciamiento

files/Pronunciamiento_Grupo_Accin_Concertada_en_respaldo_a_Monseor_Silvio_Bez.pdf

 

Estas son las reformas electorales que necesita Nicaragua

Estas son las reformas electorales que necesita Nicaragua

El informe preliminar de la misión de la OEA fue considerado insuficiente por varias organizaciones políticas y de la sociedad civil

 

Aunque el presidente designado Daniel Ortega defendió los resultados de las votaciones municipales en las que el Consejo Supremo Electoral (CSE) le asignó 135 alcaldías al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), las anomalías cometidas pesaron más por lo que el mismo Ortega aceptó que haya reformas electorales en Nicaragua.

Rosa Marina Zelaya, expresidenta del CSE, y el politólogo José Antonio Peraza, aseguraron (por separado) que se debe tomar la palabra a Ortega exigiéndole, desde la sociedad civil y los grupos opositores, que las reformas deberán ser profundas para restablecer la credibilidad de las elecciones.

Zelaya y Peraza refirieron que a pesar de que los cambios los han urgido organismos de las sociedad civil, grupos opositores y partidos políticos desde hace años, Ortega aceptó que se den tras plantearlo la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe preliminar de las votaciones.

Ambos analistas valoran el informe preliminar de la OEA muy diplomático, pero que recoge los elementos críticos suficientes sobre las irregularidades del proceso de votación sin arriesgar el acuerdo de tres años que el organismo tiene con el Gobierno de Nicaragua para impulsar cambios en materia electoral.

“Un informe más duro hubiera matado el proceso de negociación de entrada. Realmente los elementos esenciales están en sus conclusiones en que dice que ‘el sistema electoral nicaragüense se beneficiaría de una reforma electoral’”, donde lo fundamental es que “se necesita un marco jurídico administrativo y permanente que brinde mayor confianza a las fuerzas políticas y a la ciudadanía”.

Lo que se requiere

Según Peraza y Zelaya, una reforma o crear una nueva Ley Electoral profunda debe incluir un nuevo mecanismo de elección de los magistrados del CSE quitando la bipartidarización para escogerlos. Así mismo dar personería jurídica a todos los partidos políticos, crear una Ley de Partidos Políticos para democratizar esas organizaciones; avanzar en la modernización del CSE, eliminar toda influencia partidaria evidente en los Consejos Electorales así como tener suscripción popular para los candidatos.

La OEA propuso que exista un solo listado del padrón electoral para poder dimensionar la abstención y la participación, y no estar reformando la Ley para permitir votar a quienes no lo hicieron en una anterior elección. “Es esencial la observación nacional sin restricción”, dijo Zelaya.

Según los analistas, al Gobierno se le deben ponerse sobre la mesa todos los elementos que permitan la reforma que exige la ciudadanía para devolverle poder escoger de forma transparente a las autoridades.

Peraza y Zelaya dijeron que de lograrse los cambios un reto adicional será implementar la nueva Ley Electoral, en lo que también se probará la voluntad política de Ortega.

Es importante que esto no se haga solo desde la Asamblea o el partido de Gobierno con la OEA, debe ser más incluyente (…) y deben ser públicas”. Rosa Marina Zelaya, expresidenta del CSE.

Pendiente informe final

La misión de la OEA, liderada por Wilfredo Penco, presentará su informe final sobre la observación de las votaciones municipales nicaragüenses a la Secretaría General del organismo y posteriormente al Consejo Permanente. No se anunció fecha de esa presentación.

La expresidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, valoró que el hecho de que el informe final de la OEA sea expuesto a nivel internacional es “un gran paso” porque permitirá conocer y reaccionar al resto de gobiernos latinoamericanos sobre la situación en Nicaragua.

Aunque el informe preliminar de la misión de la OEA fue considerado insuficiente por varias organizaciones políticas y de la sociedad civil, a pesar de las debilidades señaladas al proceso, la organización concluyó que las mismas no alteraron el resultado del voto.

 

 

Lucía Navas/La Prensa.

Un funcionario del CSE ganará el salario de seis maestros en Nicaragua

Un mes de salario promedio que devengará un funcionario del área de la dirección del Consejo Supremo Electoral (CSE), con el incremento que recibirá el próximo año, equivaldrá al salario de seis maestros de primaria del Ministerio de Educación (Mined), conforme la propuesta de presupuestos de esas entidades.

Según el presupuesto propuesto por el Gobierno para el próximo año, los fondos para salarios en la dirección del CSE permitirán aumentarles en 120 por ciento el pago a los 46 funcionarios de esa área. Con ese porcentaje un funcionario pasaría a ganar al mes, en promedio, 54,295 córdobas.

Actualmente ese mismo cargo devengaría, en promedio, unos 24,662 córdobas al mes, conforme el presupuesto de 2017.

El ajuste a los maestros

En cambio un docente de primaria del Ministerio de Educación (Mined) pasará de ganar 7,625 córdobas mensual a recibir 8,235 córdobas, y un profesor de secundaria pasaría de 8,540 a ganar 9,223.2 córdobas con el ocho por ciento del ajuste salarial anunciado por el Gobierno para el sector Educación en 2018.

Por el ajuste, un docente de primaria verá en su cheque fiscal 610 córdobas y el de secundaria 683.20 córdobas más.

Ofensa a magisterio

Carlos Langrand, exdiputado opositor, valoró como “una bofetada más para nuestro magisterio” y para el resto de trabajadores estatales, “que se priorice dar dinero para tan escandaloso incremento a unos burócratas” del CSE.

“Ortega tiene una filosofía y es que da de comer a quienes le sirven para perpetuarse en el poder”, dijo Langrand.

Son casi treinta millones de córdobas asignados para el rubro salarial solo en la dirección del CSE el próximo año, significando un incremento del 120 por ciento con respecto a los 13.3 millones de córdobas recibidos en 2017.

El Mined recibirá 4,798.18 millones de córdobas para pagarle a los 60,452 profesores de preescolar, primaria, secundaria y de educación especial, que es la planilla prevista de ese ministerio con la contratación de mil docentes adicionales.

Gobierno debe explicar

Rosa Marina Zelaya, expresidenta del CSE, Roberto Courtney, director de Ética y Transparencia (EyT) y los opositores Eliseo Núñez y Carlos Langrand, consideran que el Gobierno debe explicar el fuerte aumento salarial del CSE el próximo año, ya que quienes se beneficiarían principalmente son los altos cargos.

Núñez y Langrand coincidieron en que el presidente designado Daniel Ortega está premiando la lealtad política. “Este dinero (para más salario) luego de una elección de 153 municipios es porque se necesita comprar fidelidad, lealtad y el silencio por todas las irregularidades que sabemos volverá a repetirse”, dijo Langrand.

Para Núñez “la única manera de asegurar la convicción patriótica en el Consejo tiene una cifra que está reflejada en el salario mensual y en las prebendas que reciben”.

¿Qué lo justifica?

Rosa Marina Zelaya, expresidenta del CSE, dijo que debe transparentarse la estructura salarial del poder electoral para que la población conozca las razones de por qué habrá un aumento salarial del 120 por ciento a los altos funcionarios, pues recordó que se pagan “del Presupuesto General de la República, que se nutre de los impuestos que pagamos los nicaragüenses”.

Para Roberto Courtney, director de Ética y Transparencia, ese aumento no se puede justificar. “En el segundo país más pobre del hemisferio, que pasés de un año electoral a uno no electoral a duplicar el salario de los altos cargos del organismo electoral eso es sencillamente un acto de corrupción amparado y avalado por el Estado”, expresó Courtney.

La Prensa/Lucía Navas

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