Estas son las reformas electorales que necesita Nicaragua

Estas son las reformas electorales que necesita Nicaragua

El informe preliminar de la misión de la OEA fue considerado insuficiente por varias organizaciones políticas y de la sociedad civil

 

Aunque el presidente designado Daniel Ortega defendió los resultados de las votaciones municipales en las que el Consejo Supremo Electoral (CSE) le asignó 135 alcaldías al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), las anomalías cometidas pesaron más por lo que el mismo Ortega aceptó que haya reformas electorales en Nicaragua.

Rosa Marina Zelaya, expresidenta del CSE, y el politólogo José Antonio Peraza, aseguraron (por separado) que se debe tomar la palabra a Ortega exigiéndole, desde la sociedad civil y los grupos opositores, que las reformas deberán ser profundas para restablecer la credibilidad de las elecciones.

Zelaya y Peraza refirieron que a pesar de que los cambios los han urgido organismos de las sociedad civil, grupos opositores y partidos políticos desde hace años, Ortega aceptó que se den tras plantearlo la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe preliminar de las votaciones.

Ambos analistas valoran el informe preliminar de la OEA muy diplomático, pero que recoge los elementos críticos suficientes sobre las irregularidades del proceso de votación sin arriesgar el acuerdo de tres años que el organismo tiene con el Gobierno de Nicaragua para impulsar cambios en materia electoral.

“Un informe más duro hubiera matado el proceso de negociación de entrada. Realmente los elementos esenciales están en sus conclusiones en que dice que ‘el sistema electoral nicaragüense se beneficiaría de una reforma electoral’”, donde lo fundamental es que “se necesita un marco jurídico administrativo y permanente que brinde mayor confianza a las fuerzas políticas y a la ciudadanía”.

Lo que se requiere

Según Peraza y Zelaya, una reforma o crear una nueva Ley Electoral profunda debe incluir un nuevo mecanismo de elección de los magistrados del CSE quitando la bipartidarización para escogerlos. Así mismo dar personería jurídica a todos los partidos políticos, crear una Ley de Partidos Políticos para democratizar esas organizaciones; avanzar en la modernización del CSE, eliminar toda influencia partidaria evidente en los Consejos Electorales así como tener suscripción popular para los candidatos.

La OEA propuso que exista un solo listado del padrón electoral para poder dimensionar la abstención y la participación, y no estar reformando la Ley para permitir votar a quienes no lo hicieron en una anterior elección. “Es esencial la observación nacional sin restricción”, dijo Zelaya.

Según los analistas, al Gobierno se le deben ponerse sobre la mesa todos los elementos que permitan la reforma que exige la ciudadanía para devolverle poder escoger de forma transparente a las autoridades.

Peraza y Zelaya dijeron que de lograrse los cambios un reto adicional será implementar la nueva Ley Electoral, en lo que también se probará la voluntad política de Ortega.

Es importante que esto no se haga solo desde la Asamblea o el partido de Gobierno con la OEA, debe ser más incluyente (…) y deben ser públicas”. Rosa Marina Zelaya, expresidenta del CSE.

Pendiente informe final

La misión de la OEA, liderada por Wilfredo Penco, presentará su informe final sobre la observación de las votaciones municipales nicaragüenses a la Secretaría General del organismo y posteriormente al Consejo Permanente. No se anunció fecha de esa presentación.

La expresidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, valoró que el hecho de que el informe final de la OEA sea expuesto a nivel internacional es “un gran paso” porque permitirá conocer y reaccionar al resto de gobiernos latinoamericanos sobre la situación en Nicaragua.

Aunque el informe preliminar de la misión de la OEA fue considerado insuficiente por varias organizaciones políticas y de la sociedad civil, a pesar de las debilidades señaladas al proceso, la organización concluyó que las mismas no alteraron el resultado del voto.

 

 

Lucía Navas/La Prensa.

Un funcionario del CSE ganará el salario de seis maestros en Nicaragua

Un mes de salario promedio que devengará un funcionario del área de la dirección del Consejo Supremo Electoral (CSE), con el incremento que recibirá el próximo año, equivaldrá al salario de seis maestros de primaria del Ministerio de Educación (Mined), conforme la propuesta de presupuestos de esas entidades.

Según el presupuesto propuesto por el Gobierno para el próximo año, los fondos para salarios en la dirección del CSE permitirán aumentarles en 120 por ciento el pago a los 46 funcionarios de esa área. Con ese porcentaje un funcionario pasaría a ganar al mes, en promedio, 54,295 córdobas.

Actualmente ese mismo cargo devengaría, en promedio, unos 24,662 córdobas al mes, conforme el presupuesto de 2017.

El ajuste a los maestros

En cambio un docente de primaria del Ministerio de Educación (Mined) pasará de ganar 7,625 córdobas mensual a recibir 8,235 córdobas, y un profesor de secundaria pasaría de 8,540 a ganar 9,223.2 córdobas con el ocho por ciento del ajuste salarial anunciado por el Gobierno para el sector Educación en 2018.

Por el ajuste, un docente de primaria verá en su cheque fiscal 610 córdobas y el de secundaria 683.20 córdobas más.

Ofensa a magisterio

Carlos Langrand, exdiputado opositor, valoró como “una bofetada más para nuestro magisterio” y para el resto de trabajadores estatales, “que se priorice dar dinero para tan escandaloso incremento a unos burócratas” del CSE.

“Ortega tiene una filosofía y es que da de comer a quienes le sirven para perpetuarse en el poder”, dijo Langrand.

Son casi treinta millones de córdobas asignados para el rubro salarial solo en la dirección del CSE el próximo año, significando un incremento del 120 por ciento con respecto a los 13.3 millones de córdobas recibidos en 2017.

El Mined recibirá 4,798.18 millones de córdobas para pagarle a los 60,452 profesores de preescolar, primaria, secundaria y de educación especial, que es la planilla prevista de ese ministerio con la contratación de mil docentes adicionales.

Gobierno debe explicar

Rosa Marina Zelaya, expresidenta del CSE, Roberto Courtney, director de Ética y Transparencia (EyT) y los opositores Eliseo Núñez y Carlos Langrand, consideran que el Gobierno debe explicar el fuerte aumento salarial del CSE el próximo año, ya que quienes se beneficiarían principalmente son los altos cargos.

Núñez y Langrand coincidieron en que el presidente designado Daniel Ortega está premiando la lealtad política. “Este dinero (para más salario) luego de una elección de 153 municipios es porque se necesita comprar fidelidad, lealtad y el silencio por todas las irregularidades que sabemos volverá a repetirse”, dijo Langrand.

Para Núñez “la única manera de asegurar la convicción patriótica en el Consejo tiene una cifra que está reflejada en el salario mensual y en las prebendas que reciben”.

¿Qué lo justifica?

Rosa Marina Zelaya, expresidenta del CSE, dijo que debe transparentarse la estructura salarial del poder electoral para que la población conozca las razones de por qué habrá un aumento salarial del 120 por ciento a los altos funcionarios, pues recordó que se pagan “del Presupuesto General de la República, que se nutre de los impuestos que pagamos los nicaragüenses”.

Para Roberto Courtney, director de Ética y Transparencia, ese aumento no se puede justificar. “En el segundo país más pobre del hemisferio, que pasés de un año electoral a uno no electoral a duplicar el salario de los altos cargos del organismo electoral eso es sencillamente un acto de corrupción amparado y avalado por el Estado”, expresó Courtney.

La Prensa/Lucía Navas

Corrupción es el principal problema identificado por jóvenes en Nicaragua

Seis de cada diez jóvenes en Nicaragua (63 por ciento) consideran la corrupción como el principal problema del país, según los resultados locales de una encuesta realizada por el Foro Económico Mundial 2017 con el apoyo de Global Shapers, los cuales fueron divulgados este viernes.

La medición se realizó en 186 países, en los cuales se consultaron a 30,000 personas que tenían edades entre 18 y 33 años. Nicaragua ocupó el tercer lugar en cuanto a participación con 307 personas; 200 fueron mujeres y 77 tenían nivel de posgrado o maestría.

La falta de educación, la falta de oportunidades en el mercado laboral, la pobreza, la desigualdad y el cambio climático son las otras preocupaciones que expresaron los jóvenes nicaragüenses.

Según el equipo que trabajó la encuesta para Nicaragua, encabezado por Berta Valle, las encuestas fueron llenadas en línea y los jóvenes tenían la opción de marcar más de una opción. Es la tercera edición, desde 2015, de este tipo de consulta para conocer el pensamiento de la juventud.

“Pensamos que (las preocupaciones) son completamente válidas y coherentes con la coyuntura que vivimos día a día. A nivel global el principal problema identificado por los jóvenes fue el cambio climático (tercer año consecutivo), seguido por los conflictos armados y la desigualdad, pero si analizamos las respuestas para Nicaragua se identifica que la corrupción ocupa la primera posición entre los temas que más preocupan a los jóvenes. A esto le siguen la pobreza, desigualdad, falta de educación y carencia de empleos y oportunidades. Esto nos dice que tenemos muchos desafíos y que no debemos verlos de manera unidimensional sino con un enfoque holístico para poder resolverlos de manera integral”, dijo Valle.

Apenas el 12 por ciento de los jóvenes entrevistados aseguraron que su opinión es tomada en cuenta por los tomadores de decisiones.

La Prensa/Octavio Enríquez

Cuestionan supuestas consultas en territorios indígenas para construcción del canal interoceánico

En el Libro Blanco sobre el proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, se asegura que hubo un proceso de consulta en los territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe Sur de Nicaragua, pero ambientalistas y defensores de derechos humanos cuestionan tal aseveración oficial.

Así lo aseguró Lottie Cunningham, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cedhjucan), quien expresó que “el Gobierno no hizo una consulta de acuerdo al convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que responde al consentimiento previo, libre, informado…”. Sin embargo, en el documento enviado por el Gobierno, se sostiene que se realizó con base a lo que establece dicho convenio.

No obstante, la presidenta de Cedhjucan, refirió que el proceso no fue de buena fe. Es decir, “en torno al proceso de consulta había regalías, había incluso sobornos a líderes comunitarios y representantes que nosotros nos dimos cuenta y (que) incluso los comunitarios que acompañaron, y estoy hablando específicamente el Sur porque en el norte no hubo ningún tipo de consulta”, dijo. Las regalías estaban referidas a viáticos.

Además, también se enteraron que a los líderes le estaban ofreciendo dinero para que estuvieran de acuerdo con el hecho que se estaba realizando una consulta.

Hay cinco fases

Mientras tanto, en el Libro Blanco se explica que para el proceso de consulta se concibió un documento, denominado Lineamientos para proceso de consulta, el cual, supuestamente, fue discutido en nueve territorios comunales, entre ellos, el Gobierno Territorial Rama y Creole (GTR-K).

Sin embargo, el fiscal del GTR-K, Aldric Beckford, expresó que están revisando la publicación del Libro y que, posteriormente, se pronunciarán sobre el mismo.

En el documento también se plantea que la consulta responde a un plan de trabajo dividido en cinco fases, el cual se encuentra en la cuarta. Las fases contemplan la preparación del proceso de consulta, el levantamiento de la información por medio de trabajo de campo, elaboración, presentación y firma de convenio.

A pesar de esto, la presidenta de Cedhjucan, considera que la consulta debe ser sin represión, debe contar con una información socializada y las comunidades deben de tener un acompañamiento técnico y legal para entender la información, incluso en sus propias lenguas para acceder correctamente a los datos, explicó. Esto es lo que se llama un consentimiento previo, libre, informado, explicó.

En el documento enviado se expone que de dos comunidades: Monkey Point y Punta de Águila, casualmente las mismas que están ubicadas en al ruta del proyecto canalero, recibieron expresiones positivas sobre la construcción. En total, se consultaron seis territorios Rama y tres Creole, según información plasmada en el Libro Blanco. El director del Centro Humboldt, Víctor Campos, también cuestionó el proceso de consulta en los territorios mencionados.

De llegarse a realizar el Canal Interoceánico, el total de personas afectadas, según el Libro Blanco, serían 29, 048, el 4.7 por ciento de la población total de Nicaragua.

Canal para la biodiversidad

Según la publicación del Libro Blanco que aborda, en gran parte, datos ambientales relacionados con el impacto que tendría la supuesta construcción del Canal Interoceánico de Nicaragua. Dentro del proceso de consulta en seis territorios Rama y tres Creole, la opinión recogida por la población es que “en general” están de acuerdo con el Canal, “ya que entienden que, aunque son dueños absolutos de su territorio no tienen la capacidad para conservar la biodiversidad, debido a que no tienen los recursos económicos… Además se plantea que el proyecto serviría de barrera de contención para la Reserva Biológica Indio Maíz”; hecho que ambientalistas han criticado, puesto que el daño en la reserva ya ha sido denunciado.

Otra realidad del Canal

Según datos de la investigación desarrollada por Red Local, denominada Los efectos socioeconómicos del Canal Interoceánico en Nicaragua, en cuatro de los municipios ubicados en la ruta del Canal, algunos de los resultados encontrados indica que la posibilidad del aumento de las diferentes formas de violencia es latente y se relaciona con el movimiento y aumento de la población extranjera que llegaría si se construye el Canal. En el campo médico también puede haber afectaciones por la posible aparición de enfermedades, asegura la investigación.

La Prensa/Cinthia Tórrez García

La Constitución y su importancia

Es tiempo de dar a la Constitución la magnanimidad que se merece, promoviendo su estudio y comprensión, pero sobre todo enseñando a respetarla, cumpliendo sus mandatos sin vacilaciones ni acomodos coyunturales.

 

De acuerdo a la Ley 201, “Ley de Promoción de los Derechos Humanos y de la Enseñanza de la Constitución Política”, el primer lunes de septiembre de cada año, se debe celebrar en Nicaragua el Día de la Constitución. Sin embargo, este importante acontecimiento no se cumple a cabalidad, pues son raros y contados los centros escolares, instituciones del Estado y organizaciones de sociedad civil que para tan significativa fecha organizan actividades cívicas para conmemorar esta efeméride como se debe.

Por ello, es propia la ocasión para destacar la importancia del conocimiento y respeto de nuestra Carta Magna como Ley Fundamental de la nación de la cual se derivan todos los demás instrumentos legales que conforman el ordenamiento jurídico nicaragüense, condición que se ha querido exaltar en su artículo 182 al señalar que ninguna ley, decreto, tratado, órdenes o disposiciones pueden estar por encima de ella.

A partir de este principio de supremacía, la Constitución Política es la base sobre la cual se cimenta el ejercicio del poder en todos sus niveles, político, jurídico, económico y militar al igual que las actuaciones de los individuos frente al Estado y sus semejantes, por esa razón todo nicaragüense esta llamado a conocer y respetar su contenido.

El sometimiento a la Constitución, emanada de un acuerdo social voluntario en el que se encuentran plasmados los intereses y anhelos de los habitantes de un país es fuente de legitimidad para los actos de todos los funcionarios del Estado y constituye la piedra angular sobre la cual está construido el Estado de derecho, herramienta primordial para el respeto a los derechos humanos y el mantenimiento de la paz y armonía social en todas las naciones del mundo moderno.

La Constitución ha de ser para el ciudadano y principalmente para los servidores públicos, lo mismo que la Biblia es para el creyente cristiano, en tanto ambos textos establecen las pautas de comportamiento para el correcto actuar individual y colectivo, por consiguiente es un deber conocerla y de la misma forma que se hace con el libro sagrado, se tiene que leer, interpretar y respetar sus mandamientos.

Para los ciudadanos, ignorar la Constitución es negarse a sí mismo la oportunidad de ser libres en la medida que por desconocimiento permiten el manoseo indiscriminado de sus derechos civiles y políticos facilitando, por faltar a una responsabilidad cívica, la formación y consolidación de gobiernos autoritarios que conducen el poder al margen del texto constitucional.

Solo el conocimiento pleno de la Constitución permite a los ciudadanos ejercitar sus derechos e impedir que unos pocos, en virtud de sus intereses, decidan el destino de la patria, ya que una ciudadanía conocedora de sus derechos no se deja engañar fácilmente porque son personas informadas y como tal se convierten en sujetos activos capaces de participar en la gestión pública e incidir en el rumbo que tome el país, con miras a transformar la realidad en que viven y generar cambios positivos en su entorno político, económico y social.

Desafortunadamente en Nicaragua no existe un compromiso real y sostenido con la enseñanza de la Constitución Política, mucho menos una cultura de respeto y estricto apego a sus directrices. De hecho, la Constitución no se ha visto como el documento solemne que refleja los principios y valores compartidos por una sociedad, sino más bien como un traje a la medida de quienes a lo largo de la historia han ostentado el poder.

Es tiempo de dar a la Constitución la magnanimidad que se merece, promoviendo su estudio y comprensión, pero sobre todo enseñando a respetarla, cumpliendo sus mandatos sin vacilaciones ni acomodos coyunturales.

 

El autor es Director Ejecutivo de Hagamos Democracia.

 

Diario La Prensa.

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