Cifra de los presos políticos ofrecidas por Gobernación es irreal, según defensores de derechos humanos

Sorprendido, así está el exfiscal y abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Julio Montenegro, por las aseveraciones del viceministro de Gobernación, Luis Cañas, sobre las supuestas consideraciones con los presos políticos en las cárceles del Sistema Penitenciario Nacional SPN).

Igual que Montenegro el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión disiente con Cañas, con quien ni siquiera en la cifra oficial de 204 privados de libertad a partir del 18 de abril a la fecha coinciden.

Tanto el Cenidh como la CPDH estiman que las cárceles del país albergan entre 300 a 400 presos políticos.

“Nosotros hemos solicitado de manera insistente que a nuestros representados sean llevados al Instituto de Medicina Legal, que se les permita la visita de los familiares”, dijo Montenegro que nada de esto ha ocurrido.

Montenegro que lleva la defensa de por los menos 160 de los procesados por estar vinculados a la causa de los autoconvocados, puso de ejemplo el caso de los líderes del Movimiento Campesino, Medardo Mairena y Pedro Mena o del líder del Movimiento 19 de Abril en Masaya, Christian Fajardo y su esposa María Adilia Peralta, para desmentir todo lo que afirma Cañas en relación a las condiciones de los presos político.

En el caso de Mairena y Mena ha realizado cuatro solicitudes, una de manera verbal y otras tres por escrito, para que les permitan a los familiares visitarles. Hay aproximadamente 50 días sin que ellos tengan contacto.

Y en su caso como su representante, asegura Montenegro, únicamente pudo hablar con su cliente durante la audiencia inicial.

“Estaba bastante demacrado, me había dicho él que había padecido de maltrato en la Dirección de Auxilio Judicial y esas circunstancias nos motivaron para que solicitáramos desde un inicio que ellos fueran remitidos al Instituto de Medicina Legal”, dijo Montenegro.

El abogado de la CPDH señaló que a la fecha en el sistema de los Juzgados aparece únicamente que el juez que lleva la causa giró oficio, “para que se concretara la posible entrevista de los familiares de Mairena y Mena, situación que no ha habido respuesta concreta.”.

A Montenegro le llama la atención las aseveraciones de Cañas de que las presas políticas en la Cárcel de Mujeres, permanecen en condiciones privilegiadas y con fotografías pretenden hacer creer que estas aparecen haciendo compras en un comisariato.

Montenegro señala que esa no es prueba suficiente pues la fotografía lo que hace es presentar un plano general donde se observa varias privadas de libertad, pero este señala que bien puede tratarse de presas comunes.

Por su parte, Carrión dijo que informaciones de privados de libertad que han hecho llegar informaciones a través de sus familiares, “que hay más (presos) que la idea que tenemos nosotros”. Además que cuestionó que Cañas niegue que en el país haya presos políticos.

El Gobierno debe apostar a que los organismos de derechos humanos no tienen como verificar, lo que en realidad ocurre en las cárceles del país, porque Carrión recordó que llevan años que se les niega el acceso a las cárceles a los defensores de derechos humanos.

No obstante, el abogado del Cenidh, indicó que en la “primera arremetida” de la represión gubernamental en abril pasado, se llegó a afirmar que la cantidad podría ser mayor a la que los organismos estiman. Y sobre todo porque recordó que en lo más cruento de la represión, hubo denuncias no confirmadas en las que se señalaba la existencia de centros clandestinos.

Contradicen versión oficial

El viceministro de Gobernación Luis Cañas, aseguró el martes en una entrevista con el oficialista Canal 4 de televisión, propiedad de la familia Ortega Murillo, que en todo centro penitenciario el privado de libertad es recibido “por un comité de recepción que evalúa a presos o presas por individual”.

Y desde la entrada “se hace un chequeo médico, está nuestro Cuerpo Médico revisándolos, y está revisando también su expediente como tal, para conocer el nivel de peligrosidad que ese preso tiene, y así ubicarlo”.

Igualmente Cañas habla de cumplimiento de calendario de visita, de promoción de actividades deportivas a los internos y atención médica de rutina a los enfermos crónicos.

Sin embargo, el abogado Julio Montenegro manifestó que esto ni siquiera se cumple cuando son arrestados de forma arbitraria, donde los afectados ni siquiera les permiten comunicarse con sus familiares.

La Prensa/Elízabeth Romero