Jueces de los departamentos remiten los casos de presos políticos a Managua

Los jueces de los diferentes departamentos del país se están declarando incompetentes para conocer los casos donde pobladores autoconvocados están siendo procesados por participar en protestas sociales contra el régimen de Daniel Ortega, y trasladan los expedientes a Juzgados de Managua.

El caso más reciente es el de la juez María de los Angeles Cubas, titular del Juzgado Distrito Penal de Juicio de Granada, quien oficiosamente se declaró “incompetente” para conocer el caso contra siete autoconvocados procesados por supuestamente entorpecer los servicios públicos, tenencia de armas restringidas, crimen organizado y otros delitos.

Los afectados son Rogerio Adrian Ortega Franco, Cesar Agusto Fernández Castillo, Johana Auxiliadora Espinoza Delgado, Cindy María Castillo González, Franklin José López Ruiz, Brenda María Muñoz Martínez y José Miguel Castro Espinoza, quienes ya fueron trasladados al sistema penitenciario Nacional en Tipitapa, Managua, según sus familiares.

“Porqué no vio esa incompetencia desde el inicio del proceso. Están detenidos desde julio. Ahora vienen a perjudicar a mis representados. No existe fuerza mayor para tener detenidos a mis representados de forma ilegal. Están violando sus derechos procesales y constitucionales”, dijo Curtis.

En el Juzgado de Juicio de Granada también se encuentra el expediente del Psicólogo Róger Alfredo Martínez, de 34 años, a quien la Fiscalía lo acusa de terrorismo por tener una manguera con miguelitos (clavos) y una tiradora en una mochila. Este fue detenido el 15 de julio.

Juzgados de excepción en Nicaragua

La Ley 952 de reformas y adiciones al Código Penal y Procesal Penal de Nicaragua, aprobada el 20 de junio de 2017, fue criticada en su momento por abogados penalistas, quienes afirman que fue utilizada por el orteguismo para crear “juzgados de excepción para conocer casos antojadizos de connotación política y reprimir a sus opositores. Además, reiteraron que estos juzgados de excepción están prohibidos en la Constitución Política de Nicaragua, artículo 34, numeral 2.

 

La Prensa/Martha Vásquez Larios

La judicial en su resolución argumentó la Ley 952 que adiciona el artículo 22 al Código Procesal Penal referente a la  competencia territorial y transcribe el incido “d” “Cuando se trate de delitos de relevancia social y trascendencia nacional, así como aquellos en el que exista una pluralidad de afectados, imputados o conductas, será competente la autoridad judicial de la capital de la República”.

“Considera la suscrita, que la presente causa está dentro de las causales que establece la disposición legal que he hecho referencia, por lo que se separa de conocer la presente causa, en virtud de ser incompetente para conocer de la misma”, se lee en la resolución.

“No existe fuerza mayor”

Para el abogado Maynor Curtis, defensa de los procesados perjudicados, esta decisión es ilegal porque la juez Cubas, ya había radicado el expediente en dicho juzgado y había programado juicio oral y público para el 13 de septiembre.

La juez no solo se declaró incompetente, sino también ordenó interrrumpir el cómputo del proceso alegando causa mayor desde el 7 de septiembre, hasta que emita una nueva convocatoria a juicio oral y público, lo que perjudica también a los reos.