Corrupción aumenta durante el gobierno de Ortega, señala observatorio de transparencia

Un informe sobre la corrupción en Nicaragua, elaborado por seis instituciones, lamentó este jueves que, aunque este flagelo ha sido denunciado a lo largo de la historia republicana del país, durante los años de gobierno de Daniel Ortega (2007-hasta ahora) se ha notado un incremento “en casos de gran corrupción, corrupción administrativa y pequeña corrupción”.

Así lo hace ver el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, liderado por el organismo de la sociedad civil Hagamos Democracia.

Según el documento, que repasa los últimos casos denunciados en los medios de comunicación independientes, el fenómeno tiene alcances impredecibles, dado que “se esparce sin ningún control en el país de manera institucionalizada”.

Pero además, según el documento, en el país no se investigan las acusaciones de corrupción y tampoco existe un castigo a los implicados, lo que hace que prevalezca la impunidad.

“Se promueven y consienten actos de corrupción de personas y grupos allegados al poder, fortaleciendo la cultura de impunidad”, insiste el documento que fue leído por un grupo de representantes del Observatorio, entre ellos Haydée Castillo, del Instituto de Liderazgo de las Segovias, otro de los miembros.

Efectos del totalitarismo

La presentación del informe local ocurre el mismo día que se conocieron los puntos de vista de un asesor de Transparencia Internacional sobre el caso de Nicaragua y Venezuela.

Según declaraciones ofrecidas a LA PRENSA por el coordinador y asesor de Transparencia Internacional (TI) en las Américas, Alejandro Urizar, en los países en que se practican sistemas de gobierno totalitario, “la corrupción es inevitable”.

Urizar reconoció que la región ha avanzado en el reconocimiento de la corrupción, pero hizo la diferencia con Nicaragua y Venezuela, que tienen altos índices de corrupción.

Historias emblemáticas

Entre los casos recogidos por el Observatorio está la historia del magistrado impune: el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, quien el pasado 21 de diciembre fue sancionado por Estados Unidos a través de la Ley Magnitsky, que castiga a funcionarios extranjeros corruptos y violadores de derechos humanos.

Rivas ha sido vinculado —en investigaciones periodísticas— a la compra de lujosas propiedades, tanto en Nicaragua como Costa Rica, y a la adquisición de aviones, sin embargo el Ejecutivo de Ortega lo protegió al promover en el Legislativo una reforma que le quitó funciones en el poder electoral, pero lo mantuvo en el cargo con inmunidad.

El caso de Alba de Nicaragua, S.A, investigado durante años por los medios independientes, es otra de las referencias citadas en el primer reporte de investigación. Albanisa es una sociedad binacional, a través de la cual se ha canalizado la ayuda de Venezuela al país desde 2007. Es manejada discrecionalmente por la familia presidencial, aunque los socios en la estructura formal son la estatal Petróleo de Venezuela (Pdvsa) y  Petróleos de Nicaragua (Petronic).

El saqueo de los sandinistas en las alcaldías municipales que ganaron candidatos de la oposición en las pasadas votaciones municipales es otro tema destacado. Señalan que se denunció “la sustracción de llantas y repuestos de los equipos para la reparación de caminos, mobiliario de oficina e incluso computadoras que contienen información financiera de los municipios”.

Cumbre de las Américas

El tema de la corrupción será abordado en la próxima Cumbre de las América, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de abril en Lima, Perú.

El coordinador de TI en las Américas, Alejandro Urizar dijo que desde hace cinco años el tema de la corrupción se volvió especialmente relevante en la región latinoamericana, por la serie de expresidentes acusados o investigados por corrupción.

En Brasil, este miércoles el poder judicial abrió la puerta para que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, aliado de Daniel Ortega y del venezolano Nicolás Maduro, pueda ser encerrado por corrupción.

También otros exmandatarios de Latinoamérica están en la cárcel o están siendo investigados por corrupción.

La Prensa/Leonor Alvarez.