Informe de Sesiones Parlamentarias, del jueves, 15 de enero de 2015

 

Primera Sesión Ordinaria de la XXXI Legislatura de la Asamblea Nacional 

 

1. Código Procesal Civil. Presentado por Poder Judicial.

Objeto: Dotar a los usuarios de la justicia de un instrumento jurídico más simple, a fin de que los juicios en el ámbito civil se realicen a través de procedimientos más ágiles, públicos y transparentes, reduciendo las estructuras procesales y sus trámites. Que exista el contacto directo de la autoridad judicial con las partes y la prueba, destacándose el papel preponderante de un juez director del proceso.

El Código se divide en ocho libros; el primero hace referencia a las disposiciones generales; el libro segundo; la prueba; libro tercero medidas cautelares, libro cuarto; de los procesos declarativos; libro quinto; recursos; libro sexto; la ejecución forzosa; el libro séptimo; procesos voluntarios y el libro octavo; disposiciones finales, adicionales, reformatorias, derogatorias, transitorias y vigencia.

Entre los temas novedosos contenidos en el Código podemos señalar: el establecimiento de un nuevo modelo donde predomina la oralidad, un denominado proceso mixto por audiencia, con lo cual se contribuirá a reducir la retardación de justicia en nuestro país; la integración de una serie de principios de naturaleza constitucional y otros de naturaleza procesal, que no están contemplados en el Código vigente. Estos principios constitucionales son el debido proceso, el acceso a los Juzgados y Tribunales, la tutela judicial efectiva, el Juez predeterminado por la Ley, contradicción, defensa e imparcialidad, publicidad. Los principios procesales son el de aportación de prueba, buena fe y lealtad procesal, dirección del proceso, oralidad, inmediación, concentración procesal, celeridad y convalidación procesal, todo ello para resguardo de los derechos fundamentales y derechos humanos de los nicaragüenses en el proceso civil: en el caso de las pruebas contenidas en el nuevo Código estas se practicarán siempre a instancia de parte y tiene como fin convencer a las autoridades judiciales de la verdad o certeza de los hechos.

Uno de los aspectos más novedosos es que aquellos procesos donde se tutelen derechos de intereses públicos, además de existir el interés privado de las partes persiste un interés común para la sociedad, en estos casos es que la autoridad judicial podrá de forma excepcional participar en la producción de la prueba, en cuanto a las medidas cautelares la iniciativa contiene una profunda innovación respecto al sistema procesal vigente, convirtiendo las medidas cautelares en uno de los elementos claves del sistema para la obtención de una rápida y eficaz tutela judicial y por ello, en fundamento de la credibilidad del sistema de justicia. Del mismo modo se establecen con mayor claridad el número de medidas cautelares, contrario a las señaladas en el Código vigente, el nuevo proceso monitorio.

Seguimiento: Aprobado en lo General  con 89 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 0 presentes, el miércoles, 26 de noviembre de 2014.

Inicio de aprobación en lo Particular hasta el artículo 59, el 11 de diciembre de 2014.

Título III. Abstención, recusación y prejudicialidad. Capítulo II. Procedimiento para determinar la prejudicialidad. Del artículo 60 al 63 aprobado con 75 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 presentes.

Título IV. Las partes. Capítulo I. Capacidad para ser parte. Del artículo 64 al 65 aprobado con 79 votos a favor, 0 en contra 0 abstención, 2 presentes.

Título IV. Las partes. Capítulo II. Capacidad Procesal. Del articulo 66 al 69 aprobado con 77 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 presentes.

Título IV. Las partes. Capítulo III. Legitimación. Del artículo 70 al 73, aprobado con 82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 1 presente.

Título IV. Las partes. Capítulo IV. Pluralidad de partes, litisconsorcio e intervención de terceros. Del artículo 74 al 78 aprobado con 80 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 presentes.

Titulo IV. Las partes. Capítulo V. Sucesión procesal. Del artículo 79 al 84, aprobado con 81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 presentes.

Título IV. Las partes. Capítulo VI. Postulación Procesal y Asistencia Jurídica. Del artículo 85 al 95, aprobado con 79 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 06 presentes.

Título IV. Las partes. Capítulo VII: Poder de disposición de las partes. Del artículo 96 al 108, aprobado con 82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 04 presentes.

Título V. Acumulación de Pretensiones y de Procesos. Capítulo I. Acumulación de pretensiones. Del artículo 109 al 113, aprobado con 77 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 9 presentes.

Título V. Acumulación de Pretensiones y de Procesos. Capítulo II. Acumulación de procesos. Del artículo 114 al 118, aprobado con 83 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 03 presentes.

Título V. Acumulación de Pretensiones y de Procesos. Capítulo III. Acumulación de procesos ante distintos juzgados o tribunales, del artículo 119 al 125, aprobado con 83 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 presentes.

Título VI. Actuaciones procesales. Capítulo I. Concepto y Generalidades. Del artículo 126 al 128, aprobado con 78 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 9 presentes.

Título VI. Actuaciones procesales. Capítulo II. Requisitos. Del artículo 129 al 141, aprobado con 84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 presentes.

 

*Sesión Especial en Conmemoración del 148 aniversario del natalicio del Poeta Rubén Darío.

Informe de Sesiones Parlamentarias del miércoles, 14 de enero de 2015

 

Informe de Sesiones Parlamentarias del miércoles, 14 de enero de 2015

 

Primera Sesión Ordinaria de la XXXI Legislatura de la Asamblea Nacional

 

1. Ley que Declara el 19 de marzo, Día del Artesano en Nicaragua. Presentada por diputados Alejandro Delgado Márquez, Guillermo Arce Castaño, María Auxiliadora Martínez Corrales.

Objeto: Brindar un merecido reconocimiento a todas las personas que se dedican a la loable labor de la artesanía considerados los embajadores de la cultura e idiosincrasia nicaragüense.

Inicialmente se propuso la celebración del Día del Artesano nicaragüense, el 19 de marzo, pero en el dictamen de la ley, se realiza el cambio de fecha para el 18 de noviembre, debido a que desde 1981 se ha venido celebrando de hecho aunque no de derecho este día especial, igualmente se denomina a la iniciativa Ley que declara el Día Nacional de los Artesanos y de las Artesanas.

Estado: Aprobado en lo General con 79 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 3 presentes.

Aprobado en lo Particular en sus artículos del 1 al 5.

2. Ley del Buró de Convenciones de Nicaragua. Presentada por diputados Pedro Joaquín Chamorro, Edgard Vallejos Fernández, Johanna Luna Lira, Pablo Ortez Beltrán, Guillermo Arce Castaño, Boanerges Matus Lazo, Alejandro Delgado Márquez, Carlos Alemán Espinoza, Evelin Aburto Torres, Venancia Ibarra Silva, Jaime Morales Carazo, Alba González Tórrez, Jorge Castillo Quant, Násser Silwany Báez.

Objeto: Regular la organización, ejercicio y funcionamiento del Buró de Convenciones de Nicaragua, como una actividad turística, regulada por la Ley No. 495, Ley General de Turismo, a fin de captar, desarrollar y promover la organización de eventos nacionales e internacionales como parte del turismo de negocios, incrementando así la productividad y la competitividad de diversos sectores económicos del país.

Algunos objetivos del Buró de Convenciones serán: Difundir y promocionar la imagen de Nicaragua, en el mercado internacional como destino ideal, para la celebración de eventos de cualquier naturaleza; Promover y atraer eventos y visitantes, nacionales e internacionales a las ciudades del país, con el fin de desarrollar la actividad turística nacional e internacional; Consolidar la sinergia entre los órganos del sector público y de la iniciativa privada en la promoción y organización de eventos; Crear, mantener y promover una base de datos sobre los eventos nacionales e internacionales, así como de los servicios vinculados al sector que sirva como Banco de Datos a la Industria turística; Apoyar al mundo turístico, científico, académico, tecnológico, cultural, deportivo, comercial, religioso y médico, con el fin de intensificar el intercambio nacional e internacional de sus eventos.

Estado: Aprobada en lo General con 84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 presentes.

Aprobada en lo Particular:

Capítulo I. Disposiciones Generales. Del artículo 1 al 4 aprobado con 81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 7 presentes.

Capítulo II. Turismo de Convenciones y Eventos. Del artículo 5 al 7, aprobado con 83 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 6 presentes. Aquí se presentó una moción para eliminar del artículo 7 en la clasificación de turismo de evento, lo que compete  a rueda de prensa eliminar la expresión: “que a su vez son los que tienen mayor poder de convocatoria”, aprobada con 80 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 9 presentes.

Capítulo III. Estructura y Órganos de Dirección. Artículo 8 aprobado con 82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 7 presentes.

Capítulo IV. Del Patrimonio y Fiscalización. Del artículo 9 al 12 aprobado con 77 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 11 presentes.

Capítulo V. Del Registro. Artículo 13 aprobado  con 82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 6 presentes.

Capítulo VI. Del artículo 14 al 19 aprobado con 84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 4 presentes.

 

3Ley Especial e Integral contra la trata de personas. Presentada por René Núñez, Edwin Castro, José Figueroa, Filiberto Rodríguez, PatriciaSánchez, José Sarria, Benita Arbizú, Bayardo Chávez.

Objeto: Prevenir,  investigar, perseguir, y sancionar el delito de trata de personas así como la protección y atención integral a las personas víctimas y protección particular a los testigos, técnicos, peritos y demás sujetos que intervienen en la investigación, y el proceso penal que incluye a los nacionales trasladados a otros puntos del territorio nacional o internacional, así como los extranjeros sin distinto de su estatus migratorio que sean trasladados al territorio nacional.

Se crea la Coalición Nacional contra la Trata de Personas como una instancia de consulta y coordinación, para la formulación e implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas de prevención, investigación, atención y protección a las víctimas, así como la persecución y sanción del delito de Trata de Personas.

Créase el Comité Ejecutivo Nacional como máxima instancia Ejecutiva de la Coalición Nacional y la autoridad competente para la consecución de los fines del Plan Nacional estratégico para la prevención, atención, protección a víctimas, investigación, persecución y sanción del delito de trata de personas.

Créase el Fondo para la prevención, atención, protección a víctimas del delito de trata de personas, así como la investigación, persecución y sanción del mismo que será administrado por el presidente o presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, son fuentes de financiamiento del Fondo las siguientes: Partida presupuestaria establecida en el Presupuesto General de la República, exclusivamente para la prevención, atención, protección a víctimas del Delito de Trata de Personas, así como la investigación, persecución y sanción del mismo, que será administrado por el Ministerio de Gobernación; Los recursos que provengan de donaciones de organismos internacionales, proyectos y alianzas estratégica, agencias de cooperación internacional, Asociaciones y/o Fundaciones sin Fines de Lucro, de particulares, instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras; el dinero y bienes ocupados, incautados, decomisados, abandonados o aquellos recursos económicos y financieros obtenidos por la venta de bienes provenientes de la comisión del Delito de Trata de Personas.

Los fondos se constituyen en renta con destino específico para el funcionamiento del Comité Ejecutivo Nacional, la Coalición Nacional y cubrir los gasto en el orden de prelación definido por la ley y serán entregados por medio del Presupuesto General de la República. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería General de la República, autorizar la cuenta en un banco del sistema financiero nacional, para el manejo de este Fondo.
 

Seguimiento: Aprobada en lo General, el 10 de diciembre de 2014, con 64 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 2 presentes.

Aprobada en lo Particular:

Capítulo I. De las Disposiciones Generales. Del artículo 1 al 6, aprobado con 83 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 presentes. Se aprobó una moción al cambio del nombre de la ley, quedando Ley contra la trata de personas, aprobada con 83 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 5 presentes.

Capítulo II. De las instancias contra la trata de personas. Del artículo 7 al 20 aprobado con 81 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 7 presentes.

Informe de Sesiones Parlamentarias del 28 de enero de 2014

Informe de Sesiones Parlamentarias del miércoles, 28 de enero de 2014

 

Continuación de la Primera Sesión Ordinaria de la XXX Legislatura de la Asamblea Nacional

 

1. Decreto de Ratificación de Nombramiento del Presidente del Banco Central de Nicaragua.

Objeto: Ratificar como Presidente del Banco Central al Sr. Leonardo Ovidio Reyes Ramírez.

Estado: Enviado a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.

 

2. Previos.

 

3. Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua.

Aprobación en Segunda Legislatura. En lo General con: 64 votos a favor, 25 en contra, 0 abstención, 0 presentes.

Aprobada en lo Particular hasta el artículo 27.

Arto. 1. Reforma al artículo no. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación. El Poder Soberano lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación.

También lo puede ejercer de forma directa a través del referéndum y el plebiscito. Asimismo podrá ejercerlo a través de otros mecanismos directos, como los presupuestos participativos, las iniciativas ciudadanas, los consejos territoriales, las asambleas territoriales y comunales de los pueblos originarios y afrodescendientes, los Consejos sectoriales y otros procedimientos que se establezcan en la presente Constitución y las leyes.

Aprobado con 63 votos a favor, 4 en contra, 0 abstención, 0 presentes.

Jorge Castillo Quant, Wilfredo Navarro, Santiago Aburto, Mauricio Montealegre, votaron en contra.

Arto. 2. Reforma el artículo no. 4. El Estado nicaragüense reconoce a la persona, la familia y la comunidad como el origen y el fin de su actividad y está organizado para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, bajo la inspiración de valores cristianos, ideales socialistas, prácticas solidarias, democráticas y humanísticas, como valores universales y generales, así como los valores e ideales de la cultura e identidad nicaragüense.

Aprobado con: 63 votos a favor, 4 en contra, 0 abstención, 0 presentes.

Jorge Castillo Quant, Wilfredo Navarro, Santiago Aburto, Mauricio Montealegre, votaron en contra.

Arto. 3. Reforma al artículo. 5. Son principios de la nación nicaragüense: la libertad; la justicia; el respeto a la dignidad de la persona humana; el pluralismo político, social, el reconocimiento a los pueblos originarios y afrodescendientes de su propia identidad dentro de un Estado unitario e indivisible, el reconocimiento a las distintas formas de propiedad, la libre cooperación internacional, el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, los valores cristianos, los ideales socialistas, las prácticas solidarias, y los valores e ideales de la cultura e identidad nicaragüense,

El pluralismo político asegura  la libre organización y participación de todos los partidos políticos en los procesos electorales establecidos en la Constitución y las leyes. y su participación en los asuntos económicos y sociales del país.

Los valores cristianos aseguran el amor al prójimo, la reconciliación entre hermanos de la familia nicaragüense, el respeto a la diversidad individual sin discriminación alguna, el respeto e igualdad de derecho de las personas con discapacidad y la opción preferencial por los pobres.

Los ideales socialistas promueven el bien común por encima del egoísmo individual, buscando la construcción de una sociedad cada vez más inclusiva, justa y equitativa, impulsando la democracia económica que redistribuya la riqueza nacional y se erradique la explotación entre los seres humanos.

La solidaridad entre las y los nicaragüenses, debe ser un accionar común que conlleve a abolir practicas excluyentes, y que favorezcan a los más empobrecidos, desfavorecidos y marginados; como sentimiento de unidad basado en metas e intereses comunes de nación, siendo que la colaboración y ayuda mutua promueve y alienta relaciones de entendimiento, respeto y dignificación, como fundamento para la paz y la reconciliación entre las personas.

El Estado reconoce la existencia de los pueblos originarios y afro descendientes, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales; así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley. Para las comunidades de la Costa Atlántica se establece el régimen de autonomía en la presente Constitución.

Las diferentes formas de propiedad pública, privada, asociativa, cooperativa y comunitaria, comunal, familiar y mixta deberán ser garantizadas y estimuladas sin discriminación para producir riquezas, y todas ellas dentro de su libre funcionamiento deberán cumplir una función social.

Nicaragua fundamenta sus relaciones internacionales en la amistad, complementariedad y solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad entre los Estados. Por tanto, se inhibe y proscribe todo tipo de agresión política, militar, económica, cultural y religiosa, y la intervención en los asuntos internos de otros Estados. Reconoce el principio de solución pacífica de las controversias internacionales por los medios que ofrece el derecho internacional, y proscribe el uso de armas nucleares y otros medios de destrucción masiva en conflictos internos e internacionales; asegura el asilo para los perseguidos políticos, y rechaza toda subordinación de un Estado respecto a otro.

Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el Derecho Internacional Americano reconocido y ratificado soberanamente.

Nicaragua privilegia la integración regional y propugna por la reconstrucción de la Gran Patria Centroamericana.

Aprobado con: 63 votos a favor, 3 en contra, 0 abstención, 1 presente.

Jorge Castillo Quant, Santiago Aburto, Mauricio Montealegre, votaron en contra.

Arto. 4. Reforma al artículo 6. Nicaragua es un Estado independiente, libre, soberano, unitario e indivisible. Se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho, que promueve como valores superiores la dignificación del pueblo a través de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los Derechos Humanos, la ética, y el bien común. Las ciudadanas y ciudadanos y la familia son elementos protagónicos en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos del Estado.

Aprobado con: 64 votos a favor, 02 en contra, 0 abstención, 1 presente.

Jorge Castillo Quant, Santiago Aburto.

Arto. 5. Reforma al artículo 7. Nicaragua es una República democrática. La democracia se ejerce de forma directa, participativa y representativa. Las funciones delegadas del Poder Soberano se manifiestan a través del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Electoral. Tienen funciones especializadas y separadas, colaborando armónicamente entre sí para la realización de sus fines.

Existen otras instituciones y entes autónomos para el cumplimiento de funciones específicas del Estado.

Aprobado con: 64 votos a favor, 02 en contra, 0 abstención, 1 presente.

Jorge Castillo Quant, Santiago Aburto.

Artículo 6. Reforma al Artículo. 10. El territorio nacional es el comprendido entre el Mar Caribe y el Océano Pacifico y las Repúblicas de Honduras y Costa Rica. De conformidad con las sentencias de la Corte Internacional de Justicia del ocho de octubre del año dos mil siete y del diecinueve de noviembre del año dos mil doce. Nicaragua limita en el Mar Caribe con Honduras, Jamaica, Colombia, Panamá y Costa Rica.

La soberanía, jurisdicción y derechos de Nicaragua se extienden a las islas, cayos, bancos y rocas, situados en el Mar Caribe, Océano Pacifico y Golfo de Fonseca; así como a las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y el espacio aéreo correspondiente, de conformidad con la ley y las normas de Derecho Internacional y las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia.

La República de Nicaragua únicamente reconoce obligaciones internacionales sobre su territorio que hayan sido libremente consentidas y de conformidad con la Constitución Política de la República  y con las normas de Derecho Internacional. Asimismo, no acepta los tratados suscritos por otros países en los cuales Nicaragua no sea Parte Contratante.

Aprobado con: 65 votos a favor, 02 en contra, 0 abstención, 0 presentes.

Jorge Castillo Quant, Santiago Aburto.

Arto. 7. Reforma el artículo. 26. Toda persona tiene derecho:

1. A su vida privada y a la de su familia.

2. Al respeto de su honra  y reputación

3. A conocer toda información que sobre ella se haya registrado en las entidades de naturaleza privada y pública, así como el derecho de saber con qué y con qué finalidad se tiene esa información.

4.  A la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones de todo tipo.

El domicilio sólo puede ser allanado por orden escrita de juez competente, excepto:

a.     Si los que habitaren en una casa manifestaren que allí se está cometiendo un delito o de ella se pidiera auxilio;

b.   si por incendio, inundación, o (catástrofe) u otra causa semejante, se hallare amenazada la vida de los habitantes o de la propiedad; (moción incorporada)

c.      cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas en una morada, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito;

d.     En caso de persecución actual o inmediata de un delincuente;

e.      para rescatar a la persona que sufra secuestro.

En todos los casos se procederá de acuerdo a la ley.

La ley fija los casos y procedimientos para el examen de documentos privados, libros contables y sus anexos, cuando sea indispensable para esclarecer asuntos sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia o por motivos fiscales.

Las cartas, documentos y demás papeles privados sustraídos ilegalmente no producen efecto alguno en juicio o fuera de él.

Aprobado con: 63 votos a favor, 02 en contra, 0 abstención, 1 presente.

Jorge Castillo Quant, Santiago Aburto.

Arto. 8. Reforma al artículo 34. (Toda persona en un proceso) moción, tiene derecho, en igualdad de condiciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva y, como parte de ellas, a las siguientes garantías mínimas:

·  A que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley.

   A que sus asuntos sean juzgados (moción),  sin dilaciones por tribunal competente establecido por la ley. No hay fuero atractivo. Nadie puede ser sustraído de su juez competente ni llevado a jurisdicción de excepción.

· A ser sometido al juicio por jurados en los casos determinados por la ley. Se establece la acción de revisión.

· A que se garantice su intervención y debida defensa en el inicio del proceso o procedimiento (moción) y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa.

· A que se le nombre defensor de oficio cuando en la primera intervención no hubiera designado defensor; o cuando no fuere habido, previo llamamiento por edicto. El procesado tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defensor.

· A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado por el tribunal.

· A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge o compañero en unión de hecho estable, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni a confesarse culpable.

·  A que se le dicte sentencia motivada, razonada y fundada en Derecho dentro de los términos legales, en cada una de las instancias del recurso, proceso o seguimiento (moción) y que se ejecuten sin excepción conforme a Derecho.

·  A recurrir ante un tribunal superior, a fin de que su caso sea revisado cuando hubiese sido condenado por cualquier delito o falta.

   A no ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue condenado o absuelto mediante sentencia firme.

· A no ser procesado ni condenado por acto u omisión que, al tiempo de cometerse, no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Se prohíbe dictar leyes proscriptivas o aplicar al reo penas o tratos infamantes.

El proceso penal deberá ser público. El acceso de la prensa y el público en general podrá ser limitado, por consideraciones de moral y orden público.

El ofendido será tenido como parte en los juicios, desde el inicio de los mismos y en todas sus instancias.

El Estado protegerá a las víctimas de delito y procurará que se reparen los daños causados. Las víctimas tienen derecho a que se les proteja su seguridad, bienestar físico y psicológico, dignidad y vida privada, de conformidad a la ley.

Las garantías mínimas establecidas en el debido proceso y en la tutela judicial efectiva en este artículo son aplicables a los procesos administrativos y judiciales.

Aprobado con: 65 votos a favor, 02 en contra, 0 abstención, 0 presentes.

Jorge Castillo Quant, Santiago Aburto.

Arto. 9. Reforma al artículo 45. Las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén en peligro de serlo, pueden interponer el Recurso de Exhibición Personal, de Amparo o de Habeas Data, según el caso y de acuerdo con la Ley de Justicia Constitucional.

Aprobado con: 65 votos a favor, 02 en contra, 0 abstención, 0 presentes.

Jorge Castillo Quant, Santiago Aburto.

Arto. 10. Reforma al artículo 50. Los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal.

En la formulación, ejecución, evaluación, control y seguimiento de las políticas públicas y sociales, así como los servicios públicos, se garantizará la participación de la persona, la familia y la comunidad. La Ley se garantizará, su participación efectiva nacional y localmente.

Aprobado con: 65 votos a favor, 02 en contra, 0 abstención, 0 presentes.

Jorge Castillo Quant, Santiago Aburto.

Arto. 11. Reforma al artículo 60. Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable, así como la obligación de su preservación y conservación. El bien común, supremo y universal, condición para todos los demás bienes, es la madre Tierra, esta debe ser amada, cuidada, regenerada. El bien común de la Tierra y de la humanidad nos pide que entendamos la Tierra como viva y sujeta de dignidad. Pertenece comunitariamente a todos los que Ia habitan y al conjunto de los ecosistemas.

La Tierra forma con la humanidad una única identidad compleja; es viva y se comporta como un único sistema autorregulado formado por componentes físicos, químicos, biológicos y humanos, que la hacen propicia a la producción y reproducción de la vida y que, por eso, es nuestra madre tierra y nuestro hogar común.

Debemos proteger y restaurar la integridad de los ecosistemas, con especial preocupación por la diversidad biológica y por todos los procesos naturales que sustentan Ia vida.

La nación nicaragüense debe adoptar patrones de producción y consumo que garanticen la vitalidad y la integridad de la madre tierra, la equidad social en la humanidad, el consumo responsable y solidario y el bien vivir comunitario.

El Estado de Nicaragua asume y hace suyo en esta Constitución Política el texto íntegro de la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad.

Aprobado con: 63 votos a favor, 02 en contra, 0 abstención, 2 presentes.

Jorge Castillo Quant, Santiago Aburto.

 

Arto. 12. Reforma al artículo 70. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de ésta y del Estado. La persona, la familia y la comunidad son elementos protagónicos del plan de desarrollo humano de la nación.

Aprobado con: 64 votos a favor, 02 en contra, 0 abstención, 1 presente.

Jorge Castillo Quant, Santiago Aburto.

Arto. 13. Se reforma el nombre del Título V de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Título V.- Defensa y Seguridad Nacional, Seguridad Ciudadana.

 

Arto. 14. Reforma al Artículo. 92. El Ejército de Nicaragua es la institución armada para la defensa de la soberanía, de la independencia y la integridad territorial.

Sólo en casos excepcionales el Presidente de la República, en Consejo de Ministros podrá, en apoyo a la Policía Nacional, ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua cuando la estabilidad de la República estuviere amenazada por grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales.

Se prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio nacional. Podrá autorizarse el tránsito o estacionamiento de naves, aeronaves y maquinarias y personal militar extranjero para fines humanitarios, adiestramiento, instrucción e intercambio, siempre que sean solicitadas por el Presidente de la República y ratificados por la Asamblea Nacional.

Es responsabilidad del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, bajo la conducción del Presidente de la Republica como Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, participar en la formulación de los planes y políticas de la defensa y seguridad nacional, y en la coordinación de su ejecución.

Para los efectos de la seguridad nacional:

a)     En ningún caso es permisible el establecimiento de sistemas que alteren o afecten los sistemas de comunicación nacional;

b)     Los puntos de comunicación para fines de la defensa nacional en el territorio nacional deberán ser propiedad del Estado

c)     El espectro radioeléctrico y satelital es propiedad del Estado nicaragüense y debe ser regulado por el ente regulador, la ley regulará la materia.

Aprobado con: 63 votos a favor, 03 en contra, 0 abstención, 1 presente.

Jorge Castillo Quant, Wilfredo Navarro, Santiago Aburto.

Arto. 15. Reforma al artículo 93. El Ejército de Nicaragua es una institución nacional, de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante. Los miembros del Ejército deberán permanentemente recibir educación patriótica, cívica en materia de derechos humanos y en derecho internacional humanitario.

Los delitos y faltas estrictamente militares, cometidos por miembros del Ejército, serán conocidos por los Tribunales Militares establecidos por ley.

Los delitos y faltas comunes cometidos por los militares serán conocidos por los tribunales comunes.

En ningún caso los civiles podrán ser juzgados por tribunales militares.

Aprobado con: 64 votos a favor, 02 en contra, 0 abstención, 1 presente.

Jorge Castillo Quant, Santiago Aburto.

 

Arto. 16. Reforma al artículo 95. El Ejército de Nicaragua se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia. Estará sometido a la autoridad civil que será ejercida directamente por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua.

No pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional, que los establecidos en la Constitución, ni grados militares que los establecidos por la ley.

Los miembros del Ejército y de la Policía Nacional podrán ocupar cargos temporalmente en el ámbito del Poder Ejecutivo por razones de seguridad nacional cuando el interés supremo de la nación así lo demande. En este caso el militar o policía estarán en comisión de servicio externo para todos los efectos legales.

Aprobado con: 63 votos a favor, 03 en contra, 0 abstención, 1 presente.

Jorge Castillo Quant, Wilfredo Navarro, Santiago Aburto.

 

Arto. 17. Reforma al artículo 97. La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, tiene a su cargo la totalidad de la actividad policial y se organiza en un modelo preventivo, proactivo y comunitario, con Ia participación protagónica de los habitantes, la familia y la comunidad.

Tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de las personas y sus bienes, la prevención, persecución e investigación del delito y los demás que le señale la ley. La Policía Nacional es profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. La Policía Nacional se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia. Estará sometida a la autoridad civil que será ejercida por el Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo de la Policía Nacional.

Dentro de sus funciones, la Policía Nacional auxiliará a las autoridades judiciales y a otras que lo requieran conforme a Ia ley para el cumplimiento de sus funciones. La organización interna de la Policía Nacional se fundamenta en la jerarquía única y en la disciplina de sus mandos, y personal.

Aprobado con: 64 votos a favor, 02 en contra, 0 abstención, 1 presente.

Jorge Castillo Quant, Santiago Aburto.

 

Arto. 19. Reforma al artículo 99. El Estado es responsable de promover el desarrollo integral del país, y como gestor del bien común deberá garantizar los intereses y las necesidades particulares, sociales, sectoriales y regionales de la nación. Es responsabilidad del Estado proteger, fomentar y promover las formas de propiedad y de gestión económica y empresarial privada, estatal, cooperativa, asociativa, comunitaria, familiar, comunal y mixta, para garantizar la democracia económica y social.

El Estado promoverá y tutelará la cultura de la libre y sana competencia entre los agentes económicos con la finalidad de proteger derechos de las personas, consumidoras y usuarias todo de conformidad a las leyes de la materia. Moción.

El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares. Se reconoce el rol protagónico de la iniciativa privada, la cual comprende en un sentido amplio, a grandes, medianas y pequeñas empresas, micro empresas, empresas cooperativas, asociativas y otras.

El Banco Central es el ente estatal regulador del sistema monetario. Los bancos estatales y otras instituciones financieras del Estado serán instrumentos financieros de fomento, inversión y desarrollo, y diversificarán sus créditos con énfasis en los pequeños y medianos productores. Le corresponde al Estado garantizar su existencia y funcionamiento de manera irrenunciable.

El Estado garantiza la libertad de empresa y el establecimiento de bancos, y otras instituciones financieras privadas y estatales que se regirán conforme las leyes de la materia, los que serán supervisados, regulados y fiscalizados por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. Moción.

El Estado, con el apoyo del sector privado, cooperativo, asociativo, comunitario y mixto, en el marco de la libertad de empresa y el libre mercado procuran impulsar políticas públicas y privadas  que estimulen un amplio acceso al financiamientoincorporando instrumentos financieros alternativos, que profundicen y amplíen el microcrédito hacia los sectores rurales y urbanos.

Aprobado con: 64 votos a favor, 02 en contra, 0 abstención, 1 presente.

Jorge Castillo Quant, Santiago Aburto.

 

Art. 20. Reforma al artículo 100. El Estado garantiza las inversiones nacionales y extranjeras, a fin de que contribuyan al desarrollo económico -social del país, sin detrimento de la soberanía nacional y de los derechos laborales de los trabajadores, así como, el marco jurídico para impulsar Proyectos Público-Privados, que facilite, regule y estimule las inversiones de mediano y largo plazo necesarias para el mejoramiento y desarrollo de la infraestructura, en especial, energética, vial y portuaria.

Aprobado con: 64 votos a favor, 02 en contra, 0 abstención, 1 presente.

Jorge Castillo Quant, Santiago Aburto.

 

Arto. 21. Reforma al artículo 101. Los trabajadores y demás sectores productivos, tanto públicos como privados, tienen el derecho de participar en la elaboración, ejecución y control de los planes económicos, conforme el modelo de dialogo, alianza y consenso impulsado por el Estado, con el objetivo de elevar la productividad a través de una mejor educación y capacitación, mejores formas de organización de una producción, adopción de tecnologías modernas, inversión en capital productivo renovado, mejor infraestructura y servicios públicos.

Aprobado con: 64 votos a favor, 02 en contra, 0 abstención, 1 presente.

Jorge Castillo Quant, Santiago Aburto.

 

Arto. 22. Reforma al artículo 102. Los recursos naturales son patrimonio nacional. La preservación del ambiente y la conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos naturales corresponden al Estado; éste podrá celebrar contratos de explotación racional de estos recursos, cuando el interés nacional lo requiera, bajo procesos transparentes y públicos.

Dada la ventajosa posición geográfica del país, a través de Ley, el Estado podrá celebrar contrato u otorgar concesión para la construcción y explotación racional de un Canal Interoceánico, las cuales deberán considerar cuando se trate de inversión con empresas extranjeras la conformación de consorcios con empresas nacionales para promover el empleo. Las leyes de la materia para su aprobación, reforma, o derogación requerirán el voto del sesenta por ciento del total de Diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua.

Aprobado con: 63 votos a favor, 02 en contra, 0 abstención, 2 presente.

Jorge Castillo Quant, Santiago Aburto.

 

Arto. 23. Reforma al artículo 103. El Estado garantiza las formas de propiedad pública, privada, cooperativa, asociativa, comunal, familiar y mixta; todas ellas forman parte de la economía mixta, están supeditadas a los intereses sociales superiores de la nación y cumplen una función social todas tendrán los mismos derechos y prerrogativas de conformidad a las normas jurídicas y no se perturbará el dominio y posesión legal de cualquiera de estas formas de propiedad. Excepto los casos en que las leyes de la materia así lo dispongan.

Aprobado con: 64 votos a favor, 02 en contra, 0 abstención, 1 presente.

Jorge Castillo Quant, Santiago Aburto.

 

Arto. 24. Reforma al artículo 105. Es obligación del Estado promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos de energía, comunicación, agua, transportes, infraestructura vial, puertos y aeropuertos a la población, y es derecho inalienable de la misma el acceso a ellos. Las inversiones privadas y sus modalidades y las concesiones de explotación a sujetos privados en estas áreas, serán reguladas por la ley en cada caso.

Los servicios de educación, salud y seguridad social, son deberes indeclinables del Estado, que está obligado a prestarlos sin exclusiones, a mejorarlos y ampliarlos. Las instalaciones e infraestructura de dichos servicios propiedad del Estado, no pueden ser enajenadas bajo ninguna modalidad. Los trabajadores de educación y salud participarán en la elaboración, ejecución y seguimiento a los planes, programas y proyectos dirigidos al sector, y se regirán por las leyes correspondientes.

Se garantiza la gratuidad de la salud para los sectores vulnerables de la población, priorizando el cumplimiento de los programas materno - infantil. Se desarrollará el modelo de salud familiar y comunitaria.

Los servicios estatales de salud y educación deberán ser ampliados y fortalecidos. Se garantiza el derecho de establecer servicios privados en las áreas de salud y educación.

Es deber del Estado garantizar el control de calidad de bienes y servicios, y evitar la especulación y el acaparamiento de los bienes básicos de consumo. El Estado garantizará la promoción y protección de los derechos de los consumidores y usuarios a través de la Ley de la materia.

Las concesiones de explotación de servicios públicos otorgadas a sujetos privados deberán realizarse bajo procesos transparentes y públicos, conforme la ley de la materia, debiendo observarse para su operación criterios de eficiencia y competitividad, satisfacción de la población y cumplimiento de las leyes laborales del país.

Aprobado con: 65 votos a favor, 02 en contra, 0 abstención, 0 presente.

Jorge Castillo Quant, Santiago Aburto.

 

Arto. 25. Reforma al artículo 130. Ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que aquellas atribuidas por la Constitución y las leyes. Todo funcionario público actuara en estricto respeto a los principios de constitucionalidad y legalidad.

Los funcionarios electos por la Asamblea Nacional continuarán en el ejercicio de su cargo, después del vencimiento de su mandato para el que fueron electos, hasta que sean elegidos y tomen posesión quienes deban sustituirlos de conformidad a la Constitución Política.

Todo funcionario del Estado debe rendir cuenta de sus bienes antes de asumir su cargo y después de entregarlo. La ley regula esta materia.

Los funcionarios públicos de cualquier Poder del Estado, elegidos directa e indirectamente; los ministros y viceministros de Estado; los presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales; y los embajadores de Nicaragua en el exterior no pueden obtener concesión alguna del Estado. Tampoco podrán actuar como apoderados o gestores de empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en contrataciones de éstas con el Estado. La violación de esta disposición anula las concesiones o ventajas obtenidas y causa la pérdida de la representación y el cargo.

La Asamblea Nacional mediante resolución aprobada por dos tercios de votos de sus miembros podrá declarar la privación de inmunidad del Presidente de la República y del Vicepresidente de la República (moción). Respecto a otros funcionarios la resolución será aprobada con el voto favorable de la mayoría de sus miembros. Sin este procedimiento los funcionarios públicos que conforme la presente Constitución gozan de inmunidad, no podrán ser detenidos, ni procesados, excepto en causas relativas a los derechos de familia y laborales. La inmunidad es renunciable. La ley regulará esta materia.

En los casos de privación de la inmunidad por causas penales contra el Presidente y el Vicepresidente de la República, una vez privados de ella, es competente para procesarlos la Corte Suprema de Justicia en pleno.

En todas las funciones del Poder Soberano establecidas en esta Constitución, no se podrán hacer recaer nombramientos en personas que tengan parentesco cercano con la autoridad que hace el nombramiento y, en su caso, con la persona de donde hubiere emanado esta autoridad. Para los nombramientos de los funcionarios principales regirá la prohibición del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La ley regulará esta materia.

Esta prohibición no comprende el caso de los nombramientos que correspondan al cumplimiento de la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, la de Carrera Docente, de Carrera Judicial, de Carrera del Servicio Exterior, Ley de Carrera Sanitaria, Ley de Carrera Municipal y demás leyes similares que se dictaren.

Aprobado con: 65 votos a favor, 02 en contra, 0 abstención, 0 presente.

Jorge Castillo Quant, Santiago Aburto.

 

Art.26. Reforma al artículo 131. Los funcionarios públicos responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de su trabajo y actividades oficiales. Deben atender y escuchar sus problemas y procurar resolverlos. La función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo.

 Los funcionarios electos mediante sufragio universal por listas cerradas propuestas por partidos políticos, que se cambien de opción electoral en el ejercicio de su cargo, contraviniendo el mandato del pueblo elector expresado en las urnas, perderán su condición de electo debiendo asumir el escaño su suplente.

Para el caso de los funcionarios electos mediante el voto popular, por listas cerradas propuestas por los partidos políticos bajo el principio de la proporcionalidad, Diputados ante la Asamblea Nacional, Diputados al Parlamento Centroamericano, Concejales Municipales, Concejales Regionales, las listas de candidatos deberán estar integrados por un cincuenta por ciento de hombres y un cincuenta por ciento de mujeres, ordenados de forma equitativa y presentados de forma alterna; igual relación de género deberán mantener entre propietarios y suplentes donde los hubiere.

La Administración pública, centralizada, descentralizada, o desconcentrada (moción) sirve con objetividad a los intereses generales y está sujeta en su actuación a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, calidad, imparcialidad, objetividad, igualdad, honradez, economía, publicidad, jerarquía, coordinación, participación, transparencia y a una buena administración con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. La ley regula el procedimiento administrativo, garantizando la tutela judicial efectiva de las personas interesadas con las excepciones que esta establezca.

La legalidad de la actuación de la Administración publica se regirá por los procedimientos administrativos establecidos por ley y la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

El Estado, de conformidad con la ley, será responsable patrimonialmente de las lesiones que, como consecuencia de las acciones u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, sufran los particulares en sus bienes, derechos e intereses, salvo los casos de fuerza mayor. El Estadoexigirá responsabilidades legales correspondientes (moción) al funcionario o empleado público causante de la lesión. Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones.

También son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo. Las funciones civiles no podrán ser militarizadas. El servicio civil y la carrera administrativa serán regulados por la ley.

Aprobado con: 64 votos a favor, 03 en contra, 0 abstención, 0 presente.

Jorge Castillo Quant, Santiago Aburto.

 

Arto. 27. Reforma al artículo 138. Son atribuciones de la Asamblea Nacional:

1. Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar los existentes.

2. La interpretación auténtica de la ley.

3.Conceder amnistía e indulto por su propia iniciativa o por iniciativa del Presidente de la República.

4. Solicitar informes, a los ministros y viceministros de Estado, Procurador y Subprocurador General de la República,  presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales, quienes tendrán la obligación ineludible de rendirlos.  También podrá requerir su comparecencia personal e interpelación. La comparecencia será obligatoria, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. La no comparecencia injustificada será causal de destitución.

Si considera que ha lugar a formación de causa, esta decisión acarrea la perdida de la inmunidad, en los casos en que el funcionario aludido gozare de ella.

Si la Asamblea Nacional, considera al funcionario no apto para el ejercicio del cargo, con votación calificada del sesenta por ciento de los Diputados lo destituirá, y pondrá en conocimiento al Presidente de la Republica para que dentro del plazo de tres días haga efectiva esta decisión

5. Otorgar y cancelar la personalidad jurídica a las asociaciones civiles.

6. Conocer, discutir y aprobar el Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la República, y ser informada periódicamente de su ejercicio conforme al procedimiento establecido en la Constitución y en la ley.

7. Elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. El plazo para presentar las listas será de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere listas presentadas por el Presidente de la República, bastarán las propuestas por los diputados de la Asamblea Nacional. Se elegirá a cada magistrado con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional.

Asimismo se elegirán a ocho de Conjueces con los mismos requisitos y procedimientos con el que se nombran a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

8. Elegir a los Magistrados, Propietarios y Suplentes del Consejo Supremo Electoral de listas separadas, propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por los Diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. El plazo para presentar las listas será de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere lista presentada por el Presidente de la República, bastarán las propuestas por los Diputados de la Asamblea Nacional. Se elegirá a cada Magistrado con el voto favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los Diputados de la Asamblea Nacional.

9.     Elegir con el sesenta por ciento de los votos del total de los Diputados de la Asamblea Nacional, de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la Republica y por los Diputados, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes:

a) Al Superintendente y Vice Superintendente General de Bancos y Otras Instituciones Financieras;b) al Fiscal General de la Republica quien estará a cargo del Ministerio Público y al Fiscal General Adjunto de la Republica, quienes deberán tener las mismas calidades que se requieren para ser Magistrados de la Corte Suprema de Justicia;

El Ministerio Publico es una institución independiente con autonomía orgánica, funcional y administrativa que tiene a su cargo la función acusadora y la representación de los intereses de la sociedad y de la víctima del delito en el proceso penal, a través del Fiscal General de la Republica. Solo estará subordinado a la Constitución Política de la Republica y a las leyes. c) a los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la Republica;d) al Procurador y Sub Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Todos estos funcionarios serán elegidos para un periodo de cinco años y gozaran de inmunidad

Los candidatos propuestos para los cargos mencionados en los numerales 7), 8) y el presente, no deberán tener vínculos de parentesco entre sí, ni con el Presidente de la República ni con los Diputados proponentes, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Además no deberán ser miembros de las Juntas Directivas Nacionales, Departamentales y Municipales de Partidos Políticos y, si lo fueren, deberán cesar en sus funciones partidarias.

El plazo para presentar las listas de candidatos será de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hubiere listas presentadas por el Presidente de la Republica, bastaran las listas propuestas por los Diputados.

La Asamblea Nacional, a través de Comisiones Especiales, podrá convocar audiencias con los candidatos. Los candidatos deberán estar debidamente calificados para el cargo y su postulación deberá acompañarse de la documentación que se les solicitare.

10.   Conocer, admitir y decidir sobre las faltas definitivas de los diputados de la Asamblea Nacional. Son causas de falta definitiva, y en consecuencia acarrean la pérdida de la condición de Diputado, las siguientes: i. Renuncia al cargo; ii.fallecimiento; iii. condena mediante sentencia firme a pena de privación de libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo, por delito que merezca pena más que correccional, por un término igual o mayor al resto de su período; iv. abandono de sus funciones parlamentarias durante sesenta días continuos dentro de una misma legislatura, sin causa justificada ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional; v.contravención a lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 130 Cn; vi. recibir retribución de fondos estatales, regionales o municipales, por cargo o empleo en otros Poderes del Estado o Empresas Estatales, salvo caso de docencia o del ejercicio de la medicina. Si un diputado aceptare desempeñar cargo en otros poderes del Estado, sólo podrá reincorporarse a la Asamblea Nacional cuando hubiese cesado en el otro cargo; vii. incumplimiento de la obligación de declarar sus bienes ante la Contraloría General de la República al momento de la toma de posesión del cargo.

11.     Conocer y admitir las renuncias y resolver sobre destituciones de los funcionarios mencionados en los incisos 7), 8) y 9), por las causas y procedimientos establecidos en la ley. pudiendo ser separados de sus  cargos con al menos, el sesenta por ciento de votos del total de los Diputados de la Asamblea Nacional.

12.    Aprobar o rechazar los instrumentos internacionales celebrados con países u organismos sujetos a Derecho Internacional.

Dichos instrumentos internacionales solamente podrán ser dictaminados, debatidos, aprobados o rechazados en lo general, sin poder hacerle cambios o agregados a su texto. La aprobación legislativa les confiere efectos legales, dentro y fuera de Nicaragua, una vez que hayan entrado en vigencia internacionalmente, mediante depósito o intercambio de ratificaciones o cumplimiento de los requisitos o plazos, previstos en el texto del tratado o instrumento internacional;

13.   Aprobar todo lo relativo a los símbolos patrios.

14.   Crear órdenes honoríficas y distinciones de carácter nacional.

15.   Crear y otorgar sus propias órdenes de carácter nacional.

16.   Recibir el informe anual del Presidente.

17.    Elegir su Junta Directiva.

18.   Crear comisiones permanentes, especiales y de investigación.

19.   Conceder pensiones de gracia y conceder honores a servidores distinguidos de la patria y la humanidad.

20. Determinar la división política y administrativa del territorio nacional.

21.   Conocer y hacer recomendaciones sobre las políticas y planes de desarrollo económico y social del país.

22. Llenar las vacantes definitivas del Vicepresidente de la República, del Presidente y el Vicepresidente, cuando éstas se produzcan simultáneamente.

23. Autorizar la salida del territorio nacional al Presidente de la República cuando su ausencia sea mayor de quince días, y la del Vicepresidente, cuando estas se produzcan simultáneamente.

24. Recibir de las autoridades judiciales o directamente de los ciudadanos las acusaciones o quejas presentadas en contra de los funcionarios que gozan de inmunidad, para conocer y resolver sobre las mismas.

25. Aprobar o reformar su Ley Orgánica y normativas internas.

26. Autorizar o negar la salida de tropas del territorio nacional.

27.  Crear, aprobar, modificar o suprimir tributos, y aprobar los planes de arbitrios municipales.

28. Aprobar, rechazar o modificar el decreto del Ejecutivo que declara la suspensión de derechos y garantías constitucionales o el Estado de Emergencia, así como sus prórrogas.

29. Recibir anualmente los informes del Presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República o del que el Consejo designe; del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos; del Fiscal General de la República; del Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras y del Presidente del Banco Central, sin perjuicio de otras informaciones que les sean requeridas.

30.Ratificar en un plazo no mayor de quince días hábiles, con el voto favorable de la mayoría simple del total de Diputados, el nombramiento hecho por el Presidente de la Republica a los Ministros y Viceministros de Estado, Procurador y Subprocurador General de la Republica, Jefes de Misiones Diplomáticas, y, Presidentes o directores de Entes Autónomos y gubernamentales. El nombramiento solo se considerara firme hasta que la Asamblea Nacional lo ratifique. De no producirse la ratificación el Presidente de la Republica deberá proceder a un nuevo nombramiento dentro del plazo de treinta días hábiles, debiendo someterse el nuevo nombramiento al procedimiento de ratificación ya establecido;

31.   Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias.

32. Las demás que le confieren la Constitución y las leyes.

Aprobado con: 65 votos a favor, 02 en contra, 0 abstención, 0 presente.

Jorge Castillo Quant, Santiago Aburto.

 

 

Informe de Sesiones Parlamentarias del martes, 13 de enero de 2015

 

Primera Sesión Ordinaria de la XXXI Legislatura de la Asamblea Nacional

1. Dispensa de la lectura del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la XXX Legislatura.

Aprobada con 67 votos a favor, 01 en contra, 0 abstención, 7 presentes.


2. Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la XXX Legislatura.

Aprobado con 67 votos a favor, 01 en contra, 0 abstención, 8 presentes.
 

3. Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 2141, suscrito el 20 de noviembre de 2014, entre la República de Nicaragua y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de treinta millones de dólares, cuyo organismo ejecutor será el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE).  Presentado por Poder Ejecutivo.

Objeto:
 Financiar parcialmente la ejecución del proyecto Programa de Sostenibilidad del Sector agua y Saneamiento rural, que forma parte del Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (PISASH).

El programa se ejecutará a través de dos componentes No. 1. Fortalecer el sector agua y saneamiento rural, No.2 Aumento de cobertura sostenible de agua y saneamiento en zonas rurales. Ampliación de la cobertura del servicio sostenible de agua y saneamiento en: Las Segovias, León, Chinandega, Managua, Masaya, Carazo, Granada y Rivas, Boaco y Chontales, Matagalpa y Jinotega, Rio San Juan.

Estado: Enviado  a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.
 

4. Decreto de Aprobación del Contrato de Préstamo No. 3335/BL-NI, suscrito el 2 de diciembre de 2014, entre la República de Nicaragua y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de sesenta y un millones quinientos mil dólares, el que será ejecutado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). Presentado por Poder Ejecutivo.

Objeto:
  Incrementar la accesibilidad física de la población en la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), facilitando su integración a los mercados productivos nacionales y regionales así como a los servicios públicos, económicos y sociales mediante la mejora de su infraestructura vial. Componente 2, Administración y Gestión.

El proyecto comprende los siguientes componentes, Mejoramiento del tramo vial Naciones Unidas (Nueva Guinea) -Sector San Francisco (Bluefields), 46.1 km, señalización vertical, horizontal y barreras de protección.

Estado: Enviado  a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.

5. Decreto de Aprobación de Carta con referencia MHCP-DM-E1267-09-14, suscrita el 29 de septiembre de 2014, por el Ministro de Hacienda y Crédito Público en representación de la República de Nicaragua, en virtud de hacer efectiva la suscripción de 265 acciones adicionales con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), de las cuales 81 son acciones del capital selectivo (SCI) y 184 son acciones del capital general (GCI), aprobadas por la Junta de Gobernadores del Banco Mundial en las resoluciones No. 612 y 613. Presentada por Poder Ejecutivo.

Objeto:
 Suscribir entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), las 265 acciones adicionales por un monto de U$31, 968, 275.00,  de las cuales, 81 son acciones de capital selectivo, con un valor de U$9, 771, 435.00 no tienen costo para Nicaragua y 184 son acciones de capital general con un valor de U$22, 196, 840.00, serán pagaderas en efectivo.

Estado: Enviado  a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.

6. Decreto de Aprobación del Convenio de Financiamiento No. 5579-NI, suscrito el 15 de diciembre de 2014, entre la República de Nicaragua y la International Develpment Association (IDA) del Banco Mundial por un monto de veinticinco millones de dólares, el que será ejecutado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Presentado por Poder Ejecutivo.

Objeto:
 Financiar el Proyecto de Modernización de la Gestión Financiera Pública (PMSAF).

Mejorar la eficiencia, la orientación hacia el desempeño y la transparencia en la gestión del gasto público y fortalecer la capacidad de gestión estadística.

Tendrá cinco componentes: Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Diseño, Adquisición y Desarrollo del PFMIS nuevo integrado (modernización del sistema de información de administración financiera publica AFP, Implementación del PFMIS nuevo de la capacidad de desarrollo de la Gestión Financiera Publica en la administración del beneficiario (instalación y puesta en marcha del SIGAF en todos los ministerios del Gobierno Central y ofrecer capacidades para desarrollar , Gestión del proyecto, Mejorar la capacidad de Gestión de Estadísticas.

Estado: Enviado  a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.


*Cortesía de Sala a la Sra. Valentina Ivanovna  Matvienko, Presidenta del Senado de la Federación Rusa.

Elección de Junta Directiva para el período 09 de enero de 2014-09 de enero del 2016.

Sesión Solemne Inaugural. XXX Legislatura.

Elección de Junta Directiva para el período 09 de enero de 2014-09 de enero del 2016.

Managua, 09 de enero de 2014

La Junta de Edad presidida por el diputado Carlos Alemán; Secretaria, diputada Jenny Martínez; Segunda Secretaria, diputada Eda Cecilia Medina; y el vicepresidente, diputado Jorge Castillo Quant, después de constatar el quorum, dieron por abierta la sesión solemne donde luego de escuchar propuestas de candidatos a cargos de la Junta Directiva, la misma quedó integrada de la siguiente manera.

Presidente: Diputado René Núñez Téllez (FSLN);

Primera Vicepresidenta, Diputada Iris Montenegro (FSLN);

Segunda Vicepresidenta, Diputada María Eugenia Sequeira (PLI);

Tercera Vicepresidenta, Diputada Gladys Báez (FSLN);

Primera Secretaria, Diputada Alba Palacios (FSLN);

Segunda Secretaria, Diputada Loria Raquel Dixon (FSLN);

Tercer Secretario, Diputado Wilfredo Navarro Moreira (PLC).

*Los primeros seis cargos fueron electos con 88 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 0 presentes

*El Tercer Secretario fue electo con 87 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 0 presentes.

 

 

 

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