Barómetro Democrático No. 91

Track-record del régimen orteguista

(I de III partes)

A veces se presenta al orteguismo como un régimen que ejerce una “represión limitada”; algunos más condescendientes lo llaman “populismo responsable”, pero que no mata ni tortura; como un gobierno probablemente sin vocación democrática, pero no dictatorial. Este tipo de opiniones se derrumba ante los hechos reales.

Sin faltar a la objetividad puede afirmarse que Daniel Ortega ha venido construyendo, peldaño a peldaño, sistemáticamente, las estructuras gubernativas de mayor ilegitimidad en la historia de Nicaragua. Objetivamente ha habido zonas grises o gestiones positivas concretas; pero hay suficientes acciones del gobierno que revelan una situación determinantemente alarmante nociva.

Tan solo en los primeros dos meses de su período 2007-2011, Daniel Ortega cometió una serie de arbitrariedades entre las que sobresalen:

-Irrespeto a la Ley de Servicio Civil, al despedir a centenares de trabajadores de ministerios y entes autónomos.

-Violación de la Constitución al instaurar Consejos presidenciales (CPC) con base en una reforma que no había sido aprobada por los diputados de la Asamblea Nacional; y al gobernar a través de decretos.

-Violación al decreto 19-08. Irrespeto a los símbolos patrios, sustitución del Escudo Nacional oficial en las comunicaciones gubernamentales.

-Violación de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, al nombrar con alarde de nepotismo a su esposa Rosario Murillo como coordinadora del Consejo de Comunicación de la Presidencia.

-Confusión Estado-Partido al despachar en la Secretaría del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

-Transgresión a la Ley de Participación Educativa, al avalar que el Ministerio de Educación aboliera con una resolución la autonomía escolar.

-Espíritu secretivo. Manipulación y centralización de los recursos de divulgación y comunicación. Opacidad.

-Usurpación de funciones del Poder Legislativo, ratificando en sus cargos a funcionarios de otros Poderes del Estado, con el Decreto 03-2010.

Sociedad Civil tratada como enemiga

En 2008, el Ministerio de Gobernación inició una investigación contra más de una docena de organizaciones de sociedad civil (entre otras: Cinco, Movimiento Autónomo de Mujeres, Grupo Venancia, Coordinadora Civil), bajo el infundio de “lavado de dinero, triangulación y fraude”. El móvil era claro: reprimir a la sociedad civil autónoma. Fue gracias a la presión internacional y nacional, que el acoso político del gobierno a través del MIGOB cesó; el gobierno se vio obligado a idear otros mecanismos de persecución, convirtiendo en instrumentos coercitivos a instituciones como la DGI y el INSS.

El 22 de octubre de 2009, Leonor Martínez, miembro de la asamblea de Hagamos Democracia, fue apuntada con una pistola en la sien y un puñal en el costado; mientras Félix Armando Tercero Arróliga, alias “El Gato”, según rola en la acusación, le torció el brazo por la espalda hasta fracturárselo. “Para que no andés en eso”, le dijeron, queriendo significar que abandonara sus actividades en la sociedad civil a favor de la democracia.

El Informe Anual de 2012 sobre Derechos Humanos publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, denuncia, entre otros temas, la situación de hostigamiento contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) críticas al Gobierno de Daniel Ortega. El Departamento de Estado en su informe señala que el trasfondo de este hostigamiento es “suprimir la crítica”.

En el año 2013, a inicios del mes de abril, Zoilamérica Ortega Murillo (hijastra de Daniel Ortega, que la violó repetidas veces en los años 80 cometiendo estupro), quien dirige el Centro de Estudios Internacionales (CEI), denunció que el Gobierno bloqueó un acuerdo de cooperación con Noruega por razones políticas.

Ese mismo año, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, denunció que la organización fue víctima de una disposición arbitraria de parte de la Cancillería, que impidió que un donante les proporcionara fondos para un programa dirigido a la juventud y a las mujeres del país.

Los donantes se ven obligados a aceptar para no poner en riesgo la cooperación y las relaciones entre los países.

Carmona denunció que el Gobierno también utiliza a organismos como el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para presionar e intimidar.

Tal es el caso contra Hagamos Democracia.

Durante las elecciones de 2011 que llevaron al presidente Daniel Ortega a retener inconstitucionalmente el poder, Hagamos Democraciafue inhibida y discriminada por el Consejo Supremo Electoral (CSE) para realizar la observación del proceso. Sin embargo, aunque le impidieron estar en las mesas de votación, Hagamos Democraciadesplegó seis mil voluntarios a nivel nacional, y contrató para la coordinación de la red el servicio temporal de 63 personas.

Ante los embates del INSS, Hagamos Democracia argumentó y sostuvo que esos gastos para los observadores electorales, por ley, sólo son afectos de retención del 10% de IR por servicios profesionales y técnicos, según consta en los contratos. Pero con fecha 9 de diciembre de 2011, el INSS notificó a Hagamos Democracia que su posición quedaba fija en la impagable cantidad leonina de casi un millón de córdobas. El juicio lleva meses radicado en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Todo signo de independencia es sospechoso

El afán controlador del régimen es obsesivo-compulsivo. Cuando en 2011 unos concejales (incluyendo a Luciano García, ex presidente de Hagamos Democracia), denunciaron falta de transparencia en el manejo de fondos de la sandinista Alcaldía de Managua, fueron sentenciados en forma draconiana (la mentada judicialización de la política) con el fin no disimulado de bozalearlos a ellos y a cuantos quisieran imitarlos.

En 2013, en Taswa, localidad del municipio de Boaco, el ex contra Enrique Lumbí fue expulsado por los CPC de un organismo comunal en que fungía como tesorero, por razones de credo político.

En Matagalpa el profesor Yasser Morazán fue despedido de la Universidad del Norte de Nicaragua por cuestionar las actuaciones de los diputados departamentales del orteguismo; en Tamalaque, Jinotega, corrió sangre por razones de ideología.

En Managua, una fuerza de choque motorizada, en combinación efectiva con la ausencia policial, reprimió el viernes 11 de octubre de 2013 a un grupo de ciudadanos que protestaba cívicamente contra el sistema de pago electrónico impuesto para el transporte colectivo.

En la Asamblea Nacional fueron muy sonadas las destituciones de sus curules de Xóchitl Ocampo y de Agustín Jarquín por parte del poder electoral de facto.

Barómetro Democrático No. 90

Reformas al Seguro Social inconsultas; Gobierno afecta pensión de jubilados

Aunque a finales del año se habló de algunas reformas propuestas al reglamento general de la Ley de Seguridad Social, convenidas entre el Gobierno y el sector privado, nadie imaginó que, de forma expedita e inexplicada, fueran publicadas en La Gaceta Diario Oficial No. 242 del viernes 20 de diciembre de 2013.

Todo trabajador que cotice por encima de 7,000 córdobas en promedio mensual, será golpeado por la nueva medida. “Usted, asegurado actual, va a pagar más, pero recibirá menos pensión. La persona que cotiza más semanas, será más impactada”, afirmó el experto Manuel Israel Ruiz.

Dichas modificaciones se realizaron por la vía del reglamento y no a través de una reforma a la Ley de Seguridad Social, y consisten básicamente en:

·incrementar el aporte patronal en tres por ciento, que se aplicará gradualmente del 2014 al 2017;

·elevar el techo salarial para la contribución laboral obligatoria al Seguro Social;

·cambiar el cálculo para la asignación de pensiones, que ya no será con base en el salario mínimo, sino del sueldo promedio;

·mantener el máximo de las pensiones en mil quinientos dólares mensuales, en su equivalente en córdobas.

En el Reglamento General de la Ley de Seguridad Social, Decreto No. 975 del 11 de febrero de 1982,publicado en La Gaceta No. 49, del 1 de marzo de 1982, el Artículo 11 establece la cotización de los afiliados obligatorios al régimen de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales en 14.25 por ciento distribuido de la siguiente manera:

IVM

Riegos Profesionales

Víctimas de Guerra

Total

Empleador

7.00%

1.50%

1.50%

10.00%

Trabajador

4.00%

 

0.25%

4.25%

Total

11.00%

1.50%

1.75%

14.25%

Con la reforma llevada a cabo a espaldas de la gente en diciembre de 2013, queda así:

Cotización de Afiliados obligatorios al régimen de invalidez, vejez, muerte, riesgos profesionales

Cuota Patronal

Concepto

Año

2014

2015

2016

2017

IVM

8.00%

9.00%

9.50%

10.00%

Riesgos Profesionales

1.50%

1.50%

1.50%

1.50%

Víctimas de Guerra

1.50%

1.50%

1.50%

1.50%

Total

11.00%

12.00%

12.50%

13.00%

 

Cotización de Afiliados obligatorios al régimen de invalidez, vejez, muerte, riesgos profesionales

Cuota Laboral

Concepto

Año

2014

2015

2016

2017

IVM

4.00%

4.00%

4.50%

4.00%

Víctimas de Guerra

0.25%

0.25

0.25

1.50%

Total

4.25%

4.25

4.25%

4.25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El artículo No. 16, indica que la cotización de los afiliados obligatorios al Régimen Integral será de 22.5 por ciento distribuidos de la siguiente manera:

IVM

Riegos Profesionales

Enfermedad y Maternidad

Víctimas de Guerra

Total

Empleador

7.00%

1.50%

6.00%

1.50%

16.00%

Trabajador

4.00%

 

2.25%

 

6.25%

Estado

 

 

0.25%

 

0.25%

Total

11.00%

1.50%

8.50%

1.50%

22.50%

El artículo No. 16 de la reforma de 2013 refleja que las cotizaciones se pagarán por períodos semanales según sea la categoría de salario y régimen que cubra al asegurado.

A partir del 2016, el día 1 de enero de cada año, el INSS ajustará el salario objeto de cotización máximo aplicando la variación anual del salario promedio de los asegurados.

El salario mínimo objeto de cotización, no podrá ser inferior al establecido para la actividad económica del empleador, salvo que se trate de periodos incompletos, en cuyo caso se procederá de conformidad a lo establecido en la normativa correspondiente.

Cotización de Afiliados obligatorios al Régimen Integral

Cuota Patronal

Concepto

Año

2014

2015

2016

2017

IVM

8.00%

9.00%

9.50%

10.00%

Riesgos Profesionales

1.50%

1.50%

1.50%

1.50%

Víctimas de Guerra

1.50%

1.50%

1.50%

1.50%

Enfermedad y Maternidad

6.00%

6.00%

6.00%

6.00%

Total

17.00%

18.00%

18.50%

19.00%

 

Cuota Laboral

Concepto

Año

2014

2015

2016

2017

IVM

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

Riesgos Profesionales

 

 

 

 

Víctimas de Guerra

 

 

 

 

Enfermedad y Maternidad

2.25%

2.25%

2.25%

2.25%

Total

6.25%

6.25%

6.25%

6.25%

 

Cuota del Estado

Concepto

Año

2014

2015

2016

2017

Enfermedad y Maternidad

0.25%

0.25%

0.25%

0.25%

Total

0.25%

0.25%

0.25%

0.25%

 

Techo de cotización expresado en córdobas (CS)

Año

Salario

INSS Laboral

INSS patronal

2014

54.964.00

3.435.25

9.343.88

2015

72.410.00

4.525.63

13.033.80

2016 y 2017

Se ajustará

Se ajustará

Se ajustará

El Artículo 85 del antiguo reglamento estipula quela pensión mensual de invalidez, vejez e incapacidad permanente total, estará constituida por una cuantía básica y de incrementos anuales computados de acuerdo con el número de cotizaciones semanales en los términos siguientes:

1) Cuando la remuneración base mensual es inferior al doble del salario mínimo vigente para los trabajadores en general:

a)   45% de la remuneración base mensual, que en ningún caso puede ser inferior al salario mínimo en la actividad respectiva.

b)   Más de 1.591 % de la remuneración base mensual por cada 50 cotizaciones semanales o fracción mayor de 25 que tuviere acreditado el asegurado en exceso sobre las primeras 150 cotizadas, sin límite hasta alcanzar el 100 de dicho salario.

El monto de la pensión no podrá ser inferior a los dos tercios del salario mínimo en la actividad respectiva.

2) Cuando la remuneración base mensual es superior al doble del salario mínimo vigente para los trabajadores en general

a) 40% de la remuneración base mensual.

b) Más 1.365% de la remuneración base mensual por cada 50 cotizaciones semanales o fracción mayor de 25 que tuviere acreditado el asegurado en exceso sobre las primeras 150 cotizadas, hasta alcanzar el límite del 80% de la remuneración base.

El monto de la pensión de este grupo no podrá ser inferior a la que correspondiere al grupo anterior.

En ambos casos al asegurado que habiendo cotizado quince o más años, ha cumplido la edad de retiro correspondiente y continúe trabajando a fin de aportar su experiencia al desarrollo de país, se le reconocerá además 1% adicional por cada cincuenta semanas cotizadas, efectuadas durante el período comprendido entre la fecha del cumplimiento de estos requisitos y la fecha de disfrute de la pensión.

Este incremento se aplicará hasta la edad de 65 años, y a partir de esta edad, al que continúe trabajando recibirá el porcentaje normal señalado en los acápites b) de los números 1 y 2 respectivamente de este artículo.

Percibirán además sobre la cuantía de la pensión, asignaciones familiares equivalentes al 15% por la esposa o esposo inválido y 10% por cada hijo menor de 15 años o ascendientes a su cargo, mayores de 60 años. La pensión con sus asignaciones familiares no podrá exceder del 100% del salario base respectivo, ni de la cantidad que se señale como sueldo máximo mensual en la Administración Pública.

Por los hijos y ascendientes inválidos a su cargo, se mantendrán las asignaciones mientras dure la invalidez. Igualmente se mantendrán las asignaciones de los hijos hasta los 21 años, en los términos señalados en el Arto 69.

El Artículo  85 reformado manda que la cuantía mensual de la pensión de invalidez, vejez e incapacidad permanente total, se calculará multiplicando la remuneración básica mensual por  la tasa de remplazo. La tasa de remplazo es la suma de un factor básico y un factor anual.

1)  Cuando la remuneración base mensual es inferior o igual al doble del salario mínimo vigente, se aplicaran los siguientes criterios:

a)   El factor básico será de 0.45%

b)   El factor anual se calculará multiplicando 0.01591 por cada 52 semanas cotizadas del asegurado en exceso sobre las primeras 150 semanas cotizadas.

c)     Al asegurar que habiendo cotizado 15 o más años haya cumplido la edad de retiro y continúe trabajando, al factor anual se le sumará 0.01 por cada 52 semanas cotizadas después de los 60 años de edad, hasta un máximo de 0.05%

d)   La tasa de remplazo máxima es de 1;

e)    El monto de la pensión no podrá ser inferior al salario mínimo del sector industrial.

2)    Cuando la remuneración base mensual es mayor que el doble de salario mínimo vigente, se aplicarán los siguientes criterios:

a)   El factor básico será de 0.37%

b)   El factor anual se calculará multiplicando 0.0115 por cada 52 semanas cotizadas después de los 60 años de edad hasta un máximo de 0.05.

c)     Al asegurado que habiendo cotizado 15 o más años, haya cumplido la edad de retiro y continúe trabajando, al factor anual se le sumara 0.01 por cada 52 semanas cotizadas después de los 60 años de edad, hasta un máximo de 0.05,

d)   La tasa de reemplazo es de 0.8%

e)    El monto de la pensión de este grupo no podrá ser inferior a la que corresponde al grupo anterior.

3)    En todos los casos:

a)   Los pensionados tendrán derecho a recibir anualmente un pago adicional en concepto de decimotercer mes que se otorgará en los mismos términos que se reconoce a los trabajadores activos de conformidad con la ley respectiva.

b)   Recibirán además sobre la cuantía de la pensión, asignaciones familiares equivalentes al 15% por la esposa o esposo inválido y 10% por cada hijo menor de 15 años o ascendientes a su cargo mayores de 60 años.

c)     La pensión máxima total con sus asignaciones familiares no podrá exceder del 100% del salario base respectivo ni de la cantidad en córdobas equivalente a un mil quinientos dólares  mensuales en la fecha de otorgamiento de la pensión.

d)   Por los hijos y ascendientes inválidos a su cargo, se mantendrán las asignaciones mientras dure la invalidez, Igualmente se mantendrán las asignaciones de los hijos hasta los 21 años en los términos señalados en el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social.

El Artículo 96 del anterior reglamento disponía quetomando en consideración los estudios de los organismos del Estado pertinentes sobre la elevación del costo de la vida con relación al poder adquisitivo de la moneda, podrá el Consejo Directivo del Instituto, previo análisis de las posibilidades económicas del sistema, revalorizar las pensiones en curso de pago en proporción decreciente a su monto, según la escala que se adopte.

Con la reforma el Art. 96. Mandata  que el monto de las pensiones en curso de pago, será analizado al 30 de noviembre de cada año, aplicando el mantenimiento de valor con relación a la tasa cambiaria oficial de córdoba establecida por el Banco Central de Nicaragua con relación al dólar de los Estados Unidos.

En el mes de julio de cada año, las pensiones cuya base de cálculo inicial fue una remuneración base mensual menor o igual a dos salarios mínimos, tendrán un ajuste de la cuantía que será calculado aplicando a la pensión existente del mes de julio del año anterior el porcentaje de aumento del salario promedio de los asegurados en los doce meses previos.

Es esta una ley lesiva, draconiana, y, por ende, anti-pueblo.

 

 

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