Barómetro Democrático No. 91

Track-record del régimen orteguista

(I de III partes)

A veces se presenta al orteguismo como un régimen que ejerce una “represión limitada”; algunos más condescendientes lo llaman “populismo responsable”, pero que no mata ni tortura; como un gobierno probablemente sin vocación democrática, pero no dictatorial. Este tipo de opiniones se derrumba ante los hechos reales.

Sin faltar a la objetividad puede afirmarse que Daniel Ortega ha venido construyendo, peldaño a peldaño, sistemáticamente, las estructuras gubernativas de mayor ilegitimidad en la historia de Nicaragua. Objetivamente ha habido zonas grises o gestiones positivas concretas; pero hay suficientes acciones del gobierno que revelan una situación determinantemente alarmante nociva.

Tan solo en los primeros dos meses de su período 2007-2011, Daniel Ortega cometió una serie de arbitrariedades entre las que sobresalen:

-Irrespeto a la Ley de Servicio Civil, al despedir a centenares de trabajadores de ministerios y entes autónomos.

-Violación de la Constitución al instaurar Consejos presidenciales (CPC) con base en una reforma que no había sido aprobada por los diputados de la Asamblea Nacional; y al gobernar a través de decretos.

-Violación al decreto 19-08. Irrespeto a los símbolos patrios, sustitución del Escudo Nacional oficial en las comunicaciones gubernamentales.

-Violación de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, al nombrar con alarde de nepotismo a su esposa Rosario Murillo como coordinadora del Consejo de Comunicación de la Presidencia.

-Confusión Estado-Partido al despachar en la Secretaría del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

-Transgresión a la Ley de Participación Educativa, al avalar que el Ministerio de Educación aboliera con una resolución la autonomía escolar.

-Espíritu secretivo. Manipulación y centralización de los recursos de divulgación y comunicación. Opacidad.

-Usurpación de funciones del Poder Legislativo, ratificando en sus cargos a funcionarios de otros Poderes del Estado, con el Decreto 03-2010.

Sociedad Civil tratada como enemiga

En 2008, el Ministerio de Gobernación inició una investigación contra más de una docena de organizaciones de sociedad civil (entre otras: Cinco, Movimiento Autónomo de Mujeres, Grupo Venancia, Coordinadora Civil), bajo el infundio de “lavado de dinero, triangulación y fraude”. El móvil era claro: reprimir a la sociedad civil autónoma. Fue gracias a la presión internacional y nacional, que el acoso político del gobierno a través del MIGOB cesó; el gobierno se vio obligado a idear otros mecanismos de persecución, convirtiendo en instrumentos coercitivos a instituciones como la DGI y el INSS.

El 22 de octubre de 2009, Leonor Martínez, miembro de la asamblea de Hagamos Democracia, fue apuntada con una pistola en la sien y un puñal en el costado; mientras Félix Armando Tercero Arróliga, alias “El Gato”, según rola en la acusación, le torció el brazo por la espalda hasta fracturárselo. “Para que no andés en eso”, le dijeron, queriendo significar que abandonara sus actividades en la sociedad civil a favor de la democracia.

El Informe Anual de 2012 sobre Derechos Humanos publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, denuncia, entre otros temas, la situación de hostigamiento contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) críticas al Gobierno de Daniel Ortega. El Departamento de Estado en su informe señala que el trasfondo de este hostigamiento es “suprimir la crítica”.

En el año 2013, a inicios del mes de abril, Zoilamérica Ortega Murillo (hijastra de Daniel Ortega, que la violó repetidas veces en los años 80 cometiendo estupro), quien dirige el Centro de Estudios Internacionales (CEI), denunció que el Gobierno bloqueó un acuerdo de cooperación con Noruega por razones políticas.

Ese mismo año, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, denunció que la organización fue víctima de una disposición arbitraria de parte de la Cancillería, que impidió que un donante les proporcionara fondos para un programa dirigido a la juventud y a las mujeres del país.

Los donantes se ven obligados a aceptar para no poner en riesgo la cooperación y las relaciones entre los países.

Carmona denunció que el Gobierno también utiliza a organismos como el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para presionar e intimidar.

Tal es el caso contra Hagamos Democracia.

Durante las elecciones de 2011 que llevaron al presidente Daniel Ortega a retener inconstitucionalmente el poder, Hagamos Democraciafue inhibida y discriminada por el Consejo Supremo Electoral (CSE) para realizar la observación del proceso. Sin embargo, aunque le impidieron estar en las mesas de votación, Hagamos Democraciadesplegó seis mil voluntarios a nivel nacional, y contrató para la coordinación de la red el servicio temporal de 63 personas.

Ante los embates del INSS, Hagamos Democracia argumentó y sostuvo que esos gastos para los observadores electorales, por ley, sólo son afectos de retención del 10% de IR por servicios profesionales y técnicos, según consta en los contratos. Pero con fecha 9 de diciembre de 2011, el INSS notificó a Hagamos Democracia que su posición quedaba fija en la impagable cantidad leonina de casi un millón de córdobas. El juicio lleva meses radicado en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Todo signo de independencia es sospechoso

El afán controlador del régimen es obsesivo-compulsivo. Cuando en 2011 unos concejales (incluyendo a Luciano García, ex presidente de Hagamos Democracia), denunciaron falta de transparencia en el manejo de fondos de la sandinista Alcaldía de Managua, fueron sentenciados en forma draconiana (la mentada judicialización de la política) con el fin no disimulado de bozalearlos a ellos y a cuantos quisieran imitarlos.

En 2013, en Taswa, localidad del municipio de Boaco, el ex contra Enrique Lumbí fue expulsado por los CPC de un organismo comunal en que fungía como tesorero, por razones de credo político.

En Matagalpa el profesor Yasser Morazán fue despedido de la Universidad del Norte de Nicaragua por cuestionar las actuaciones de los diputados departamentales del orteguismo; en Tamalaque, Jinotega, corrió sangre por razones de ideología.

En Managua, una fuerza de choque motorizada, en combinación efectiva con la ausencia policial, reprimió el viernes 11 de octubre de 2013 a un grupo de ciudadanos que protestaba cívicamente contra el sistema de pago electrónico impuesto para el transporte colectivo.

En la Asamblea Nacional fueron muy sonadas las destituciones de sus curules de Xóchitl Ocampo y de Agustín Jarquín por parte del poder electoral de facto.