Desafuero de diputado del PLI a comisión especial

Auditoría Social de Hagamos Democracia

Durante la reunión de Junta Directiva este martes, se elaboró la agenda para las sesiones plenarias, programadas para los días 17 y 19 de mayo, “en la que se incluyó fundamentalmente la Ley de fomento a la producción de granos básicos y ajonjolí de los pequeños productores, presentación de nuevas solicitudes de personalidades jurídicas, una sesión especial de conmemoración al 121 aniversario del natalicio del General  Augusto César Sandino”, dio a conocer la diputada Alba Palacios, Primera Secretaria de la Junta Directiva.

También se conformó una Comisión Especial para dictaminar sobre el desafuero, solicitado por un juez de distrito penal de audiencia de la circunscripción de Nueva Segovia, contra el diputado Pablo Ortez Beltrán. La comisión será presidida por la diputada Iris Montenegro, y la integran los parlamentarios Arlin Alonso, Odell Incer Barquero, Boanerges Matus y Maria Eugenia Sequeira. “La comisión empieza a operar de acuerdo a lo que establece nuestro reglamento, en 24 horas tienen que notificar al diputado la decisión, darle los seis días que corresponden para comunicar las consideraciones que estime conveniente y luego 20 días que corresponden a la verificación de la situación; después la comisión decidirá si procede o no la desaforación”.

“Este proceso tiene tres años, y es por la presunta autoría de delito de corte aprovechamiento y veda forestal en concurso con el delito de tala en vertientes y pendientes en perjuicio del medio ambiente y los recursos naturales del Estado de Nicaragua. La misma fue enviada hace aproximadamente 15 días”, informó la diputada Palacios.

Por su parte, el jefe de la Bancada PLI, Wilber López, valoró esto como un “juicio político”. “Por las irregularidades se le puso una multa de cien mil córdobas, la cual pagó”, dijo el diputado PLI. “La Asamblea Nacional argumentó en su momento que era un proceso que lo estaba dirigiendo un juez, que ya no era administrativo sino penal; sin embargo, la semana pasada, terminando de hacer el depósito de los cien mil córdobas, MARENA le manda la notificación de una multa por un millón de córdobas. Es una más del Frente Sandinista, es un show político, es una cortina de humo a través del Poder Judicial”.

Ley dirigida a Pequeños Productores

El presidente de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF), Fernando Guzmán, valoró de positiva la iniciativa de promover el desarrollo de este sector al que está dirigida la ley.

Sobre los montos dispuestos, Guzmán indicó que se financiarían cinco manzanas máximo de productos básicos, lo que podría andar por los 400 a 500 dólares, se trata máximo de un monto de 2.000 dólares por productor.

El presidente de la Comisión Económica, Walmaro Gutiérrez, explicó que el objetivo fundamental de esta ley es fomentar el desarrollo de la producción de granos básicos y ajonjolí, considerando a este sector altamente sensible por el tema de la seguridad alimentaria.

“De lo que va a cobrar el sistema financiero nacional como tasa de interés por ese crédito, tres puntos porcentuales serán asumidos por el Estado de Nicaragua a través de un mecanismo que le permita a las instituciones financieras que pagan su Impuesto sobre la Renta con reportes mensuales y su pago anual descontar esos tres puntos porcentuales de su declaratoria de impuesto sobre la renta”, detalló Gutiérrez.

El universo inicial de productores que sería beneficiado es de 177 mil 815. La vigencia de la ley es a partir de su publicación en La Gaceta, y su aplicación es por ciclos productivos y de manera anual, no solo 2016 si no por cinco años para revisar el impacto de esta medida.

Entre los consultados figuran dos organizaciones que aglutinan a la mayoría de productores de granos básicos, Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) y Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC). “Ambas apoyaron cien por ciento esta ley”, informó Gutiérrez.

La Comisión Económica espera tener listo el dictamen este jueves, y que pase a agenda y orden del día para su discusión y aprobación la semana próxima.

 

 

 

Consultan reforma a Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado

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La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos consultó esta mañana con representantes del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República la reforma a la Ley No. 735, Ley de Prevención, Investigación, y Persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados.

Esta Ley fue aprobada en septiembre del año 2010 y en la misma se contemplaba que el Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado, lo integraba el Ministro de Gobernación, quien lo preside y representa; Fiscal General de la República, Vicepresidente y en ausencia del Presidente lo preside; un Diputado miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional; Director General de la Policía Nacional; Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua; Procurador General de la República; Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos; Ministro de Relaciones Exteriores; Ministro de Salud; Ministro de Educación; Ministro de la Familia, Adolescencia y Niñez; Ministro de Defensa; Director del Instituto Nicaragüense de la Juventud; y Superintendente General de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.

La diputada Irma Dávila, presidenta de dicha comisión, explicó a los medios de comunicación que la reforma consiste en que el Consejo contra el crimen organizado creado por ley, sea integrado por instituciones ágiles  y eficientes, las que serían nombradas por el Presidente de la República, (en el reglamento de la ley) para responder a las demandas sociales que hay en materia de la lucha contra el crimen organizado.

Ante la consulta de cuál era la problemática con las instituciones que actualmente integran el Consejo Nacional, la diputada Dávila valoró que si la reforma dice que se necesitan instituciones ágiles, por lógica se deduce que este Consejo era demasiado amplio, y este tema que es sensible, necesita respuestas rápidas y eficientes, por lo tanto requiere un consejo funcional, instituciones que realmente tengan que ver directamente con este tema, estimó.

Por su parte, el diputado Raúl Herrera Rivera, de la BAPLI, consideró que todas las instituciones que son consultadas (Ministerio Público y la Procuraduría General de la República) sólo vienen a repetir lo que dice el Ejecutivo.

“En Nicaragua necesitamos mayor transparencia respecto a la gran cantidad de bienes, dinero, propiedades de toda índole que se incautan al narcotráfico; y el objeto de una reforma debería ser crear una  comisión y que todos los bienes incautados al narcotráfico pasen al Ministerio de Hacienda y luego sean asignados en su totalidad a Educación y Salud, para educar a los  jóvenes sobre lo que significa caer en el vicio de las drogas, y rehabilitar a aquellas personas que de una u otra forma se vieron afectadas por el consumo de drogas o participación en actividades ilícitas, pero eso de que se está repartiendo la Fiscalía, la Policía, la Corte Suprema, el Ejército, es incorrecto. El PLI está interesado en esa reforma, no en la que trae el Ejecutivo”.

Dicha iniciativa deroga los artículos 7 y 8 correspondiente a la integración de los Consejos Departamentales, Regionales y Municipales, y sus funciones.

Luego de la consulta se firmó el dictamen, el que será presentado ante Primera Secretaría.

 

 

Comisión Especial entrevista a candidata de Ortega

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La Comisión Especial Constitucional se reunió hoy para entrevistar a la única candidata presentada por el presidente inconstitucional Daniel Ortega, ante ese órgano legislativo, Norma Moreno, para optar a la candidatura de magistrada del Consejo Supremo Electoral. La entrevista consistió, en conocer acerca de sus capacidades, currículo y visión de trabajo como candidata a Magistrada.

El presidente de la Comisión, diputado Wilfredo Navarro, dio a conocer que una de las interrogantes que se le hizo a la aspirante Moreno fue si ella tenía otra nacionalidad, a lo que expresó que no y que es nicaragüense, así como otras preguntas de carácter técnico y su experiencia en términos de derechos humanos; “es una excelente profesional, una mujer que ha trabajado desde muy joven en el tema de los derechos humanos, derechos de la niñez, tiene un currículo intachable, por lo tanto llena los requisitos y vamos a preparar nuestro informe y el plenario decidirá” apuntó Navarro.

El legislador dijo que tienen hasta el tres de febrero para las consultas sobre este primer proceso, la Bancada del PLI pudiera presentar sus candidatos el día de mañana, y la comisión estaría citándolos la próxima semana para hacer las debidas entrevistas y preparar los informes. 

Con la renuncia del Magistrado Villavicencio, el plenario tiene que aceptar su renuncia y hacer la convocatoria, para que una vez publicada en La Gaceta, comiencen a transcurrir los quince días, “si aceptamos el martes la renuncia y se hace la publicación ese mismo día, estarían corriendo los quince días a partir del miércoles”, detalló el presidente de la Comisión Especial.

Por su parte, Norma Moreno, dijo que “da gracias a Dios por la oportunidad de ser candidata a la magistratura del Consejo Supremo Electoral, y hoy cumpliendo con los requisitos que establece la Constitución Política acudí al llamado de la Comisión, para poder realizar la entrevista, primeramente Dios y los diputados de esta honorable Asamblea Nacional puedan otorgar el voto favorable, sé que lleno los requisitos, soy nacional de Nicaragua, profesional del derecho, solamente me queda esperar esta elección el próximo tres o cuatro de febrero”.

“De ser electa, voy a contribuir a la institucionalidad, democracia, transparencia e irrestricto cumplimiento de la Constitución Política y de la Ley Electoral. Todos los magistrados se deben a la Constitución, independientemente de la afinidad política o militancia en el FSLN, nos debemos al irrestricto cumplimiento de la Constitución Política sean sandinistas o no, cumplimiento de sus derechos humanos, y de todos los derechos contemplados en la Ley Electoral”, sentenció Moreno.

El jefe de Bancada del Partido Liberal Independiente, diputado Wilber López dijo que “nosotros siempre hemos trabajado en la bancada para que se den verdaderos cambios en los poderes del Estado, como alianza tenemos la responsabilidad, oportunidad y facultad de hacer propuestas para las dos vacantes, nuestros candidatos son: Kitty Monterrey, Verona Gurdián, Claudia Pineda, Maria José Zamora, Félix Maradiaga, Dionisio Palacios, Roberto Courtney”.

 

 

Comisión Especial entrevista a candidatos propuestos por BAPLI

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Seis candidatos en total fueron entrevistados hoy por la Comisión Especial Constitucional, creada para valorar si los candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral cumplen con los requisitos que establece la Constitución Política para optar a este cargo.

Los magistrados Johnny Torrez y José Luis Villavicencio renunciaron recientemente a sus puestos.

La primera candidata a magistrada que entrevistó la Comisión, fue Verona Gurdián, administradora de empresas, quien dijo a los medios de comunicación que  “una de las razones que la impulsa a optar a este cargo es el querer servir a Nicaragua, y que de ser electa su posición dentro del órgano electoral seria apegarse a la Constitución y a las leyes”.

Por su parte, Kitty Monterrey, administradora de empresas, tesorera nacional y directora ejecutiva del Partido Liberal Independiente, dijo que durante su encuentro, la comisión abordó el tema respecto a que “no puedo optar a este cargo porque según ellos no soy nicaragüense, porque tengo doble nacionalidad, planteé que aquí somos nicaragüenses todos los que hemos nacido aquí y en otro país y cuestionó que se tenga como diputado ante el Parlamento Centroamericano por el FSLN, a Mohamed Lasthar quien no tiene una gota de sangre nicaragüense y sin embargo ocupa un cargo de elección popular. La ley para ser justa tiene que ser aplicada a todos y no puede haber excepciones y en mi caso se quiere hacer una excepción”, estimó.

María José Zamora, psicóloga y Ex Presidenta de Hagamos Democracia, dijo que cumple con todos los requisitos legales para optar a este cargo y que si llegara a ser electa, habiendo una Ley Electoral y una Constitución en el país, lo que se debe hacer es hacerlas cumplir, así como recuperar la independencia y autonomía en el CSE, valoró.

Claudia Pineda, Socióloga dijo a la salida de su reunión con la comisión,  que “soy una ciudadana que tiene la responsabilidad de contribuir a mi país siempre que pueda, y si esta oportunidad se me ofreció, con mucho gusto lo hago. No soy una candidata partidaria, soy una candidata ciudadana que una alianza política me pidió que participara, valoré mucho la calidad de personas que aparecía en la lista y me di cuenta, que era fundamentalmente ciudadana y que cabía, en una lista partidaria no quepo, creo que cualquiera de las personas que quede seleccionada hará un buen papel en el CSE”, consideró.

El quinto candidato, Dionisio Palacios, abogado y notario público, director de cedulación,destacó que se desempeñó en la Universidad Autónoma de Nicaragua, su segunda experiencia fue en el  Consejo Supremo Electoral y en tribunales electorales de América Latina y el Caribe, ha participado como delegado de la Organización de Estados Americanos para participar y colaborar con los procesos electorales de la mayor parte de nuestro continente.  

Félix Maradiaga, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, graduado en Suma Cum Laude en Mobile, aclaró que no tiene ninguna aspiración particular en este momento, que atendió a una invitación y como ciudadano se sentía sumamente honrado.

Describió que durante la entrevista con los diputados, les comentó que al ser parte de los ciudadanos que desde la sociedad civil han demandado elecciones limpias y transparentes y un Consejo Supremo Electoral técnico, neutral, no podía negarse, “si mi nombre se considera que puede abonar a mejorar ese CSE que todos requerimos, me pongo a la disposición, también he dicho que si hay un acuerdo político para mejorar la equidad de género en los poderes del Estado, con enorme gusto pongo a disposición mi nominación y la declino de cara a aumentar que una mujer sea magistrada.

Son las elecciones justas, libres y transparentes la forma más eficiente para que los nicaragüenses jamás tengamos la violencia, así que creo que es una gran oportunidad para darle a Nicaragua un CSE verdaderamente independiente donde propondría un órgano electoral con magistrados con cargo honorario, si fuera electo lo haría de forma gratuita sin cobrar salario, puedo en este momento de mi vida ofrecer esto, dijo Maradiaga.

Una persona con convicciones bien firmes, que no tenga miedo a expresar con naturalidad una idea, que sea vigilante, que denuncie cualquier irregularidad, sería un cambio importante, en el Consejo Supremo Electoral.

El diputado y miembro de la Comisión Especial Wilber López dijo que este órgano cumplió con el mandato constitucional de atender a los candidatos propuestos por la BAPLI, es importante reconocer que a todos, se les trató de igual forma, se le realizaron las mismas preguntas, todos fueron citados, y atendidos por esta comisión.

El parlamentario Edwin Castro recordó uno a uno los requisitos establecidos en la Constitución para optar al cargo de magistrado e hizo énfasis en el primero referido a “ser Nacional de Nicaragua, ser nicaragüense de nacimiento, inscrito como nicaragüense o hijo de padre o madre nicaragüense, nacido en el extranjero inscrito también como nicaragüense en Nicaragua y que tenga su cédula de identidad, en el caso de haber adquirido a otra nacionalidad, deberá renunciar a ella al menos cuatro años antes de ser electo”.

“Durante una elección de un magistrado, el plenario dejó bien claro, que se adquiere nacionalidad por derecho o nacionalización se adquiere en el momento en que la ejerces, nadie con doble nacionalidad, puede ser magistrado”, sentenció el diputado Castro.

Para la segunda convocatoria no tenemos ningún candidato hasta ahora, pero la Bancada PLI, expresó que es posible que presenten los mismos aspirantes para la segunda elección del magistrado.

 

Igualmente el diputado Castro informó que para el próximo miércoles esperan tener listo el informe de la Comisión Especial y para el jueves 18 de febrero, es posible la elección de los dos candidatos por el plenario.

 

 

Comisión Especial Constitucional se reúne para recibir propuestas de candidatos a magistrado del CSE

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Esta mañana se reunió la Comisión Especial Constitucional presidida por el parlamentario Wilfredo Navarro; y sus integrantes diputados María Auxiliadora Martínez, Edwin Castro y Wilber López, con el objetivo de recibir propuestas de candidatos a magistrado del Consejo Supremo Electoral ante la vacante que dejara tras su renuncia, el ex magistrado sandinista Johnny Tórrez.

El diputado Navarro explicó que hasta ahora la única candidatura que se ha presentado ante dicho órgano es la propuesta del Presidente de la República, correspondiente a Norma Moreno Silva.

“Comenzamos la revisión de los requisitos de la candidata Moreno Silva, se encontró que llena todos los requisitos que señalan la Constitución y la Ley Electoral”, dijo el presidente de la comisión.

“Iniciaremos la consulta con la Sra. Moreno Silva, citándola para el miércoles a las 10:30 am para oír los planteamientos que pueda hacernos y algunos aportes que pueda dar para la elaboración de nuestro informe, en ese momento ya tendríamos los candidatos del Partido Liberal Independiente para citarlos para el día viernes o para la siguiente semana”, señaló Navarro.

El 3 de febrero se agotan los 15 días para la presentación de candidatos, consultas con los mismos, para lo cual ese día se firmará dicho informe, presentando las resoluciones de los candidatos a la Primera Secretaría para su conocimiento en Junta Directiva y su remisión al plenario y posterior votación de los candidatos que llenaron los requisitos de ley.

 

Por su parte, el diputado Wilber López, jefe de la Bancada PLI, dijo que “nosotros vamos a presentar propuestas el próximo miércoles o jueves, la ley dice que hay un periodo de 15 días, nosotros debemos y tenemos la responsabilidad como partido de hacerlo, porque si no con la propuesta del Frente (gobierno) sería más de lo mismo”, sentenció.

 

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