Consultan reforma a Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado

Auditoría Social de Hagamos Democracia

La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos consultó esta mañana con representantes del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República la reforma a la Ley No. 735, Ley de Prevención, Investigación, y Persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados.

Esta Ley fue aprobada en septiembre del año 2010 y en la misma se contemplaba que el Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado, lo integraba el Ministro de Gobernación, quien lo preside y representa; Fiscal General de la República, Vicepresidente y en ausencia del Presidente lo preside; un Diputado miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional; Director General de la Policía Nacional; Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua; Procurador General de la República; Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos; Ministro de Relaciones Exteriores; Ministro de Salud; Ministro de Educación; Ministro de la Familia, Adolescencia y Niñez; Ministro de Defensa; Director del Instituto Nicaragüense de la Juventud; y Superintendente General de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.

La diputada Irma Dávila, presidenta de dicha comisión, explicó a los medios de comunicación que la reforma consiste en que el Consejo contra el crimen organizado creado por ley, sea integrado por instituciones ágiles  y eficientes, las que serían nombradas por el Presidente de la República, (en el reglamento de la ley) para responder a las demandas sociales que hay en materia de la lucha contra el crimen organizado.

Ante la consulta de cuál era la problemática con las instituciones que actualmente integran el Consejo Nacional, la diputada Dávila valoró que si la reforma dice que se necesitan instituciones ágiles, por lógica se deduce que este Consejo era demasiado amplio, y este tema que es sensible, necesita respuestas rápidas y eficientes, por lo tanto requiere un consejo funcional, instituciones que realmente tengan que ver directamente con este tema, estimó.

Por su parte, el diputado Raúl Herrera Rivera, de la BAPLI, consideró que todas las instituciones que son consultadas (Ministerio Público y la Procuraduría General de la República) sólo vienen a repetir lo que dice el Ejecutivo.

“En Nicaragua necesitamos mayor transparencia respecto a la gran cantidad de bienes, dinero, propiedades de toda índole que se incautan al narcotráfico; y el objeto de una reforma debería ser crear una  comisión y que todos los bienes incautados al narcotráfico pasen al Ministerio de Hacienda y luego sean asignados en su totalidad a Educación y Salud, para educar a los  jóvenes sobre lo que significa caer en el vicio de las drogas, y rehabilitar a aquellas personas que de una u otra forma se vieron afectadas por el consumo de drogas o participación en actividades ilícitas, pero eso de que se está repartiendo la Fiscalía, la Policía, la Corte Suprema, el Ejército, es incorrecto. El PLI está interesado en esa reforma, no en la que trae el Ejecutivo”.

Dicha iniciativa deroga los artículos 7 y 8 correspondiente a la integración de los Consejos Departamentales, Regionales y Municipales, y sus funciones.

Luego de la consulta se firmó el dictamen, el que será presentado ante Primera Secretaría.